El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley de gran calado que modifica la actual Ley de Memoria Democrática. El objetivo central de esta reforma es ampliar el marco temporal de reconocimiento y reparación para aquellas personas que fallecieron o sufrieron lesiones incapacitantes en defensa de las libertades civiles. Hasta ahora, el periodo protegido finalizaba en 1977; con este cambio, el Estado extiende su responsabilidad un año más, cubriendo los hechos ocurridos hasta el 29 de diciembre de 1978, fecha de entrada en vigor de la Constitución Española.
Esta modificación técnica responde a una demanda histórica de justicia y memoria. La normativa actualiza los derechos de las víctimas y sus familiares, estableciendo indemnizaciones de 250.000 euros para los beneficiarios de quienes perdieron la vida en defensa de los valores democráticos entre el 1 de enero de 1968 y el cierre de 1978. La reforma se fundamenta en el deber moral de la sociedad española con quienes fueron perseguidos, encarcelados o torturados durante el proceso de recuperación de la libertad.
Cuantías y beneficiarios
El nuevo texto legal no solo contempla los fallecimientos, sino que regula también las compensaciones por lesiones incapacitantes. Las cuantías se han actualizado de forma significativa, estableciendo pagos de 180.000 euros en casos de incapacidad permanente absoluta y alcanzando los 500.000 euros para situaciones de gran invalidez. Los beneficiarios directos serán los hijos, cónyuges o convivientes de los fallecidos y, de forma subsidiaria, los padres, nietos o hermanos, siempre que no se hayan percibido ayudas previas por los mismos hechos.
Las bandas terroristas excluidas
Como salvaguarda ética, el Real Decreto-ley estipula una cláusula de exclusión clara: no podrán optar a estas medidas de reparación quienes hayan pertenecido o pertenezcan a bandas o grupos terroristas.
Con esta decisión, el Ejecutivo busca cerrar una brecha en la protección de las víctimas de la Transición, equiparando los derechos de quienes sufrieron la violencia política en ese último año crítico antes de la plena vigencia del marco constitucional. Tras su aprobación en el Consejo de Ministros, el decreto deberá ser ahora convalidado por el Congreso de los Diputados para su aplicación definitiva.