El Gobierno abre la veda del 155 sobre Ayuso y su política de vivienda: "Si tuviéramos mayoría..."

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha sido entrevistada en LaSexta Columna y ha dejado titulares muy contundentes contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su inacción con el problema del acceso a la vivienda que azota la región. En la Comunidad de Madrid, cada vez es más común la presencia de fondos de especulación inmobiliaria que tensionan los precios, hacen que crezcan en número los alojamientos vacacionales y echan a los vecinos de sus barrios, pero la administración autonómica ni está ni se le espera: Ayuso ya indicó que no intervendrían el mercado de la vivienda, ni el del alquiler ni el de la venta. Una actitud que ha sido afeada por la titular de Vivienda, que ha asegurado que si ella pudiera, plantearía "un 155" para intervenir la competencia en materia de vivienda.

El artículo 155 de la Constitución Española permite al Gobierno, bajo ciertas condiciones, tomar medidas para hacer que una Comunidad Autónoma cumpla sus obligaciones para proteger el interés general cuando no lo esté haciendo o atentando gravemente contra el mismo. El procedimiento de aplicación comienza con un requerimiento previo al presidente de la Comunidad y, si no lo atiende, se necesita la aprobación de la mayoría absoluta del Senado para adoptar y ejecutar las medidas necesarias, incluyendo dar instrucciones a las autoridades autonómicas. La única vez que ha sido aplicado en la historia de la democracia fue en 2017 en Cataluña, en pleno auge del independentismo. Esta es exactamente la fórmula con la que está redactado en la Carta Magna:

1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.

"Me cuesta comprender cómo la presidenta de la comunidad autónoma donde más imposible es acceder a una vivienda, donde más caro es alquilar una casa, se niegue a aplicar medidas efectivas que dan ese resultado", ha afeado rotundamente la ministra de Vivienda. Rodríguez ha denunciado que "la señora Ayuso, en lugar de atajar el problema, se va a Miami y les dice a los extranjeros ricos que vengan aquí y se compren no una, sino dos o tres viviendas de un millón, de dos millones, de cuatro millones de euros en el barrio Salamanca, expulsando también a los vecinos de esta ciudad". 

"Si yo pudiera, si yo tuviera mayoría en el Senado, estaría planteando ya un 155 para intervenir la competencia en materia de vivienda de la Comunidad de Madrid", ha puesto sobre la mesa la ministra. "Es imposible que un madrileño medio acceda a una vivienda, y ese problema se lo debe a Isabel Díaz Ayuso", ha rematado.

El PP se opone radicalmente a la intervención del mercado

El PP, en un ejercicio de adhesión a su línea ideológica y de ignorar el problema más acuciante que han tenido los españoles en los últimos años, se niega categóricamente a intervenir en mercado de la vivienda y no quiere declarar zonas tensionadas con el precio limitado por ley en las comunidades autónomas que gobierna. En un acto organizado por el fondo de inversión Blackrock, Isabel Díaz Ayuso intervino recientemente para sacar pecho de todo lo que el Ejecutivo capitalino estaba construyendo y a remarcar que no iban a intervenir en el mercado a pesar de su situación.

El PP gallego ha sido, de momento, el único que ha tendido un mínimo su mano al respecto. La Xunta, aunque no apoya la Ley de Vivienda, ha autorizado a la alcaldesa socialista de A Coruña declarar la ciudad como zona tensionada. Los alcaldes madrileños del PSOE, sin embargo, no han podido hacer lo propio: Getafe, Alcorcón y otros 8 municipios llevaron la petición a la Asamblea, pero el PP y la ultraderecha se opusieron.

La visión del Sindicato de Inquilinas

Por su parte, Carme Arcarazo, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Cataluña, ha argumentado en el mismo programa que con la proliferación de los alquileres vacacionales, muchas viviendas ya no son estables, de larga duración, sino que figuran como vivienda de temporada.

"El gran problema es que hay un agujero gigante que se llama alquiler de temporada y alquiler de habitaciones". Los principales firmantes de este tipo de contrato son estudiantes o trabajadores que, como explica en el vídeo sobre estas líneas Javier Burón, director gerente de la Empresa Pública de Vivienda de Navarra, no son turistas porque alquilan más de un mes y no son residentes permanentes, porque alquilan menos de un año.

Burón sostiene que es un régimen "perfectamente necesario", pero que está llevando a muchos propietarios a "utilizarlo como subterfugio para escaparse del control de alquileres": "Lo que le están ofreciendo es, a la misma gente, sucesivamente cada 11 meses un contrato de temporada", apunta.

Un problema que, como señala la ministra de Vivienda, quedó fuera de la normativa de Vivienda "porque las mayorías eran las que eran". Rodríguez afirma que espera perseguir durante esta legislatura "el fraude que se está produciendo". La solución, a juicio del Sindicato de Inquilinas, es clara: Establecer los mismos controles y normativas sobre los alquileres temporales que sobre los fijos.