Carlos Yáñez, el fiscal delegado de Derechos Humanos y Memoria Democrática de Cantabria ha otorgado un mes de plazo a la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), para que el Ayuntamiento cambie el nombre de dieciocho calles con nombres franquistas del callejero y a su vez, retire dos monumentos conmemorativos. Esta reclamación previa al Ayuntamiento de Santander, fechada para este viernes, Yañez ha advertido a la alcaldesa que si no cumple, "se ejercitarán las acciones judiciales que se consideren procedentes" e "igualmente, se dará traslado" a la Dirección General competente "para que inicie, si procede, el procedimiento sancionador por una infracción grave de la Ley de Memoria Democrática".

Específicamente, le solicita cumplir en el plazo de un mes los acuerdos aprobados por el Pleno municipal en agosto de 2015 y mayo de 2016 y proceda “al cambio inmediato” de la dominación de estas 18 calles del callejero y la retirada del monumento a las legiones italianas, situado en Plaza de Italia, así como del erigido en honor a los caídos de la IV División de Navarra, ubicado en el Paseo Reina Victoria. 

En su escrito, el fiscal ha criticado "la inactividad" de Admisión municipal por no ejecutar sus propios acuerdos para cumplir con sus obligaciones en materia de memoria democrática y sostiene que el Consistorio "se ha colocado de forma consciente y deliberada en una postura inadmisible de rebeldía frente al cumplimiento de la ley". Yáñez ha añadido que "desde la perspectiva de los servidores públicos, resulta especialmente grave la transgresión pública de la ley mediante acciones, omisiones, dilaciones o transformaciones absolutamente injustificadas".

En este sentido ha considerado que "los honores a criminales fascistas que al día de la fecha mantiene el Ayuntamiento de Santander, repulsan abiertamente el derecho de reparación de las víctimas del franquismo". Asimismo, ha recordado que la Ley de Memoria Democrática establece un régimen sancionador "para acciones u omisiones que supongan incumplimiento de las obligaciones".

A su entender, en este caso, "resulta patente desde un punto de vista jurídico que la legalidad vigente está siendo frontalmente conculcada tanto en lo que se refiere a las obligaciones que le impone al Ayuntamiento de Santander la Ley de Memoria Democrática en lo que se refiere al incomprensible e injustificado incumplimiento de sus propias decisiones como Gobierno municipal".

El fiscal ha subrayado que cumplir la ley "no es una opción que atribuya a los particulares o los poderes públicos una facultad discrecional de ejecución en función de sus apetencias, ideología, creencia u oportunidad política, sino que dicho cumplimiento responde a un norma constitucional sobre la que se construye toda nuestra existencia como Estado democrático de derecho". Dado que los servidores públicos tienen "una obligación o exigencia reforzada en cuanto al deber de cumplir y hacer cumplir la ley", el fiscal ha considerado que la actitud del Ayuntamiento de Santander es "especialmente anómalo e injustificado". 

Esta reclamación ha surgido después de que, en febrero de este año, representantes de asociaciones memorialistas presentarán ante la Fiscalía una solicitud para que la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática de Cantabria interviniera y exigiera al Ayuntamiento de Santander el cumplimiento de la legislación. En concreto, pidieron la retirada de las denominaciones que exaltan la sublevación militar, la Guerra Civil y la represión franquista del callejero municipal.

En junio de 2024, también se presentó ante la Fiscalía de Cantabria una denuncia por presunto delito de prevaricación contra el Ayuntamiento, al no haber procedido a eliminar los nombres del Paseo del General Dávila y de la calle Alonso Vega, al considerar que estas denominaciones vulneran la Ley de Memoria Democrática. El fiscal ha recordado que esta denuncia dio lugar a la apertura de diligencias penales de investigación. Sin embargo, se concluyó que los hechos denunciados no integraban el tipo penal, aunque se señaló que la vía adecuada para corregir la ilegalidad era la jurisdicción contencioso-administrativa.

En diciembre de 2024, se presentó otra petición ante la Fiscalía de Memoria Democrática para exigir la ejecución inmediata del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Santander aprobado en agosto de 2015 por mayoría. Dicho acuerdo establecía que el Consistorio debía  "adoptaría de inmediato las medidas oportunas para la determinación de las menciones conmemorativas de exaltación, personal y colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura contenidas en el callejero, procediendo al cambio de denominación de las calles y/o topónimos afectados".

Tras la celebración de este Pleno, la comisión de estudio del Consejo Municipal de la Cultura ha propuesto la eliminación de los dos monumentos mencionados y el cambio de nombre de 18 calles: Alcázar de Toledo; Alto de los Leones; Alféreces provisionales; Belchite; Brunete; Camilo Alonso Vega; Capitán Cortés; Carlos Haya; Columna Sagardina; División Azul; García Morato; General Díez de Villegas; General Dávila; General Moscardó; Montejurra; Ruiz de Alda; Sargentos Provisionales y Zancajo Osorio.