La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de cárcel para Ábalos por el caso mascarillas

La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años para el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, por el caso mascarillas, así como 19 años para su asesor, Koldo García, por haberse presuntamente lucrado con la compra de material sanitario durante la pandemia.

A Ábalos se le atribuyen los delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiado en el denominado ‘caso Koldo’. Para él se piden también 3,9 millones de euros.

Así consta en el escrito de acusación, que ha presentado el jefe de la Fiscalía Especializada, Alejandro Luzón, de cara al juicio que se celebrará contra el exdirigente socialista por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas que adjudicó el Ministerio de Transportes que dirigía durante la pandemia.

El escrito de Anticorrupción tiene lugar después de que el pasado 3 de noviembre el magistrado instructor, Leopoldo Puente, propusiera juzgar a Ábalos, a su exasesor ministerial y al empresario, Víctor de Aldama, a su vez conseguidor de la trama.

Al margen de las multas, la Fiscalía ha pedido que se obligue a Ábalos y a Koldo a indemnizar “conjunta y solidariamente” a Ineco -en 34.477,86 euros- y a Tragsatec, en su caso 9.500,54 euros.

Asimismo, ha subrayado también la necesidad de "acordar el decomiso de las ganancias provenientes del delito de cohecho, por importe de, al menos, 430.298,4 euros”.

Víctor de Aldama

En el caso de de Aldama, el Ministerio Público ha apreciado la atenuante de confesión y ha solicitado que se le condene a 7 años de prisión por tres de los delitos que atribuye a Ábalos y Koldo: pertenencia a organización criminal, cohecho y aprovechamiento de información privilegiada. Al igual que al exministro y el exasesor, ha reclamado una multa de 3,8 millones de euros.

El magistrado propuso juzgar a Ábalos, García y  Aldama al considerar que los tres "se concertaron, muy poco después" de que Ábalos tomara posesión como ministro para, "aprovechando esa circunstancia y la natural influencia que proyectaba, beneficiarse económicamente de la adjudicación de contratos que pudieran realizarse en el ámbito de la Administración Pública, así como para aprovechar en su beneficio económico cuantas oportunidades se les pudieran presentar de hacerlo valiéndose de dicha valiosa influencia".

Puente dio este paso después de que el pasado septiembre decidiera dividir la causa para dejar en la pieza principal las investigaciones relativas a los contratos de mascarillas y dedicar la pieza separada a la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública.

Y Santos Cerdán

Mientras tanto, el que fuera secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, ha quedado en libertad provisional al entender el juez Leopoldo Puente que no existe riesgo de destrucción de pruebas.

El último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil  (UCO),  apostilla lo que decía el informe del mes de junio que derivó en la dimisión del que fuera número del partido y desgrana varias claves sobre el trío conformado por el político y las empresas Servinabar y Acciona.

Los beneficios de la todavía presunta corrupción eran varios y variados, y pasaban desde puestos de trabajo para su mujer, su hermana y su cuñado, o más de 33.000 euros pagados con una tarjeta que no era suya y con la que sufragó 49 comidas, e incluso viajes a Ibiza y Tenerife a través de una empresa con la que el exministro de Transportes y su asesor también se relacionaron.