Mientras en Ceuta sigue habiendo problemas por la crisis migratoria del pasado 30 de julio, el Partido Popular quiere precipitar las explicaciones del Gobierno. Para ello, los de Alberto Núñez Feijóo utilizan el Senado, Cámara que controlan con mayoría absoluta, para presionar a los ministros competentes, que ya anunciaron que comparecerán a finales de agosto ante el Congreso de los Diputados. Este tira y afloja ha abierto una batalla que el PP anuncia que va a llevar ante los tribunales, a pesar de que la ley les augura poco futuro en ese frente.
El primer objetivo de los populares, que era señalar hacia la silla vacía de Fernando Grande-Marlaska en la Comisión de Interior de la Cámara alta, se cumplió este miércoles. El ministro había advertido de que no acudiría a la cita orquestada por el PP, ya que se encontraba coordinando el dispositivo especial para el eclipse total de sol que recorrió España ese mismo día. Sin embargo, la sesión se celebró, con los senadores conservadores señalando “un acto de desobediencia” de Marlaska y anunciando “acciones legales”.
No se ha concretado qué medidas concretas tomará el PP, pero todos sus argumentos apuntaban a artículos de la Carta Magna. Todo apunta a que la vía que elegirán los de Feijóo será el Tribunal Constitucional, en el que tratarán de sostener que es el “deber” del Gobierno comparecer en las Cortes Generales en los plazos que exija la oposición, algo que la ley no contempla.
La cronología: del sí al Congreso al no final de Robles
Todo se remonta al pasado 5 de agosto, seis días después de que 72.000 personas cruzaran la frontera desde Marruecos y más de 140 murieran ahogadas en el intento. El PP anunció una ofensiva parlamentaria para forzar las explicaciones del Gobierno en periodo extraordinario. Para ello, solicitó la comparecencia de los ministros competentes en la crisis ante sus respectivas comisiones: el de Interior, Fernando Grande-Marlaska; la de Defensa, Margarita Robles; y el de Exteriores, José Manuel Albares. Los populares pidieron también a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que activara también la Cámara baja, y convocase además la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, que abarca también al Senado, y la comparecencia en ella del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
El PP pedía, además, que Pedro Sánchez comparezca ante el Pleno del Congreso, pero el verdadero punto de conflicto no está en quién pasaría ante las Cortes, sino en el cuándo. Un día después de anunciarlas, los de Feijóo registraron dichas comparecencias extraordinarias en el Senado para la siguiente semana -del 12 al 17 de agosto-, pero el pulso comenzó cuando el Ejecutivo, para “evitar duplicidades”, anunció que los ministros comparecerían, sí, pero ante el Congreso -la “Cámara constitucionalmente prevalente”- y a petición propia, dos semanas más tarde.
De esta manera, Marlaska, Robles y Albares estaban citados en las dos Cámaras en semanas consecutivas, por lo que Moncloa presionó para que el PP cancelara las citas del Senado, advirtiendo de que no acudirían en caso contrario. Desde Génova, el foco se puso en que el Gobierno quisiera esperar hasta casi un mes después de la crisis para ofrecer explicaciones, a pesar de que, durante esta semana, cuando estaban previstas las comparecencias en la Cámara alta, los ministros han seguido viajando a Ceuta para reunirse con su presidente, el popular Juan Jesús Vivas.
Durante los días siguientes, los titulares fueron comunicando al Senado sus agendas para argumentar su ausencia. Marlaska y Albares mantuvieron el pulso al PP, pero Robles se desmarcó y comunicó al presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, que estaba dispuesta a buscar una fecha alternativa a la prevista, el jueves 13. Los de Feijóo no tardaron en anunciar a bombo y platillo que la titular de Defensa había aceptado acudir al Senado el día 18, algo que, finalmente, se ha declinado al enviar la ministra una carta al principal mando del Senado declinando acudir en la fecha señalada, aún así mostrando su "plena disposición" a acudir a la Comisión de Defensa en el próximo periodo de sesiones.
"Después de mi intensa visita en el día de ayer a Ceuta y de las reuniones mantenidas con las Fuerzas Armadas desplegadas (...) entiendo desde la responsabilidad, que para una detallada comparecencia en el Senado, por el respeto que merece dicha Cámara, me resulta necesario poder tener más tiempo para poder prepararla con un mínimo rigor y detalle", ha referido Robles en la carta enviada a Pollán. Es más, la ministra ha insistido en rechazar comparecer la próxima semana para "poder ser precisa y exhaustiva" en su intervención y tener el tiempo "suficiente" para prepararla.
¿Qué dice la ley?
En cualquier caso, pasada ya la primera comisión celebrada sin comparecencia -la de Marlaska-, la batalla es ya plenamente legal. Y en ella se abre un escenario en el que la legislación deja algunas lagunas que pasarían a las manos de los jueces del Tribunal Constitucional. El PP pone el foco en dos artículos de la Carta Magna: el 66, que establece la función de las Cortes de controlar la “acción del Gobierno”; y el 110 que otorga a las Cámaras la potestad de “reclamar la presencia de los miembros” del Ejecutivo.
Sin embargo, la ley no contempla ninguna sanción en caso de que los ministros no acudan a las citaciones en las comisiones ordinarias, y solo castiga los casos de incomparecencia ante comisiones de investigación. Esto se fundamenta en el artículo 76.2 de la Constitución –“ será obligatorio comparecer a requerimiento de las Cámaras”-; el primero de la Ley Orgánica 5/1984 –“todos los ciudadanos españoles […] están obligados a comparecer personalmente para informar, a requerimiento de las Comisiones de Investigación”-; y el 502.1 del Código Penal, que contempla un delito de desobediencia y la suspensión de empleo o cargo público de seis meses a dos años para autoridades que no comparezcan en este tipo de organismos.
El problema al que se enfrenta el PP es que la Comisión de Interior del Senado, en la que tenía que comparecer Marlaska, y la de Exteriores en la que han citado a Albares, son ordinarias. En este vacío legal, chocan el Reglamento del Senado, que en su artículo 66.2 remarca que los miembros del Gobierno “están obligados a comparecer ante las Comisiones y sus órganos”, y la ausencia de sanciones expresas para aquellos que no lo hagan. En cualquier caso, el conflicto en este caso es con los plazos para comparecer, por lo que Moncloa podría recuperar su baza de “evitar duplicidades” en el caso de que se abra un litigio.
Los precedentes: Rajoy y Adamuz
De esta manera, el horizonte para el PP pasa por alegar un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional, y esperar los meses -o incluso años- que pueden pasar hasta que se resuelva. Los jueces podrían, entonces, echar mano de la sentencia de 2018, por la negativa de José Manuel García-Margallo de comparecer ante la Comisión de Defensa, en la que el tribunal de garantías concluyó que la “facultad de solicitar la presencia de los miembros del Gobierno en las Cámaras”, según el artículo 44.2 del Reglamento del Congreso, “es una parte esencial de la función de control conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional y es un rasgo esencial del régimen parlamentario”.
Sin embargo, en ese caso, el conflicto estaba en que el Gobierno de Mariano Rajoy se negó a responder ante las cámaras alegando que estaba en funciones en el momento en el que elevó la cuestión el Grupo Parlamentario Socialista. Más allá de esa sentencia, que reconoció el conflicto de atribuciones -pero no sancionó porque en el momento de emisión ya gobernaba Pedro Sánchez-, el precedente más inmediato ocurrió en enero de este mismo año, cuando el presidente no compareció por el accidente ferroviario de Adamuz y envió en su lugar al ministro de Transportes, Óscar Puente. El Constitucional admitió a trámite la querella de la Mesa del Senado, pero aún está pendiente de resolverse.
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