La vivienda regresa a las Cortes Generales de la mano de Esquerra Republicana de Catalunya. El Grupo Republicano ha registrado, tanto en el Congreso como en el Senado, una proposición no de ley para garantizar el derecho a la vivienda y prevenir la especulación. Entre sus iniciativas, se insta al Gobierno a confeccionar una “regulación efectiva” aceptando que las autonomías con competencias en dicha materia, además de “derecho civil propio”, tengan la potestad de legislar y regular “íntegramente” en el área de alquileres urbanos. Además, reclaman garantías para la aplicación de medidas para amortiguar los precios del arrendamiento, extendiendo su ámbito de influencia tanto a los de temporada como habitacionales.
Dicha PNL, en virtud de lo establecido en el reglamento de las Cámaras, sería debatida en el seno de la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana. Los republicanos exponen que el derecho a la vivienda es uno de “los pilares esenciales” de todo estado del bienestar, aunque a pesar de recibir tal consideración, la legislación sobre la materia ha sido “inexistente” o incluso insuficiente. ERC señala en la exposición de motivos que los altos tribunales han agravado tal situación debido a que han “impedido reiteradamente la acción legislativa” de las administraciones catalanas, además de promover la proliferación de la especulación canalizados por fondos de inversión internacionales. “Impiden el acceso a una necesidad básica a centenares de miles de personas”, sugieren.
En la exposición de motivos profundizan en la crisis residencial que asola al país, que contempla cómo los precios de las viviendas superan con creces los salarios. De este modo, consiguen expulsar a “decenas de personas de sus hogares” o, en su defecto, a destinar “más del 60%” de los ingresos al alquiler. Escenario agravado por la “incapacidad” del Estado de frenar una escalada a través de medidas estructurales. “Los Gobiernos de PP y PSOE han demostrado una clara falta de voluntad para implementar estas reformas. Además, otras iniciativas como la Ley catalana fueron recurridas por el Constitucional, evidenciando una priorización de los intereses corporativos por encima de los derechos sociales”, rematan.
Iniciativas republicanas
Por ello, ante la falta de respuestas, los republicanos urgen al Gobierno a, en primer lugar, posibilitar una regulación efectiva del derecho a la vivienda “aceptando que las autonomías con competencias en materia de vivienda y derecho civil propio” pueden tanto legislar como regular “íntegramente” en términos de arrendamientos. Además, piden “garantizar la aplicación efectivas” de iniciativas que combatan el alza de un mercado inflacionado, incluyendo contratos de arrendamiento de temporada o habitacional.
Asimismo, se espera que se revise y apuntale la legislación contra los desahucios para garantizar que “ninguna familia” lo sufra sin disponer de una solución habitacional alternativa, “estable, adecuada y suficiente”. En definitiva, un salvoconducto que cumpla “las directrices de los tribunales europeos”.
La dación en pago deberá ser obligatoria como “derecho” para aquellas personas y familias que no estén capacitadas para hacer frente al pago de la hipoteca. De esta manera, se garantiza que la deuda quede extinguida con la entidad bancaria a través de la devolución de la vivienda, incluyendo en este punto “intereses y costes asociados”. Esta iniciativa, exponen los republicanos, debe pivotar sobre la certeza de que “ninguna familia o persona se vea condenada a una doble penalización por la imposibilidad de mantener su vivienda”. Por lo tanto, afloran otros mecanismos de renegociación con dichas entidades que evitarían “desahucios innecesarios”.
Por último, reclaman el traspaso “inmediato y a título gratuito” de todos los inmuebles de la SAREB, así como de cualquier otra entidad pública de carácter estatal a las instituciones competentes en materia de vivienda, “junto con la financiación suficiente para que estos puedan ser destinados a incrementar el parque público de alquiler”.