El Congreso de los Diputados afronta este mes de julio un debate que no solo afecta a su reglamento interno, sino que abre un controvertido dilema sobre los límites de la libertad de expresión y de información en una institución clave para la democracia. El PSOE y el resto de partidos del bloque de investidura ultiman una reforma para regular el acceso y la permanencia de periodistas en la Cámara Baja, en un intento de frenar lo que califican como “comportamientos inaceptables” por parte de algunos profesionales acreditados. El foco apunta directamente a figuras como Vito Quiles o Bertrand Ndongo, vinculados a medios digitales de corte ultraderechista, a quienes se acusa de obstaculizar la labor parlamentaria y la del resto de la prensa.
La proposición de ley plantea la creación de un régimen sancionador para aquellos acreditados cuya actividad se considere perjudicial para el funcionamiento de la institución o el trabajo de otros corresponsales. Esto incluiría desde la suspensión temporal de la acreditación hasta la retirada definitiva. Además, quedará prohibido grabar imágenes sin autorización y se exigirán normas estrictas de cortesía parlamentaria.
Los impulsores de la reforma defienden que la medida busca garantizar un entorno de respeto en el Congreso y proteger la labor de los periodistas que, en sus palabras, ejercen con rigor y profesionalidad. Sostienen que responde a las demandas de asociaciones profesionales de prensa, que en los últimos meses han denunciado el deterioro del ambiente de trabajo en la Cámara por las actitudes de ciertos informadores. “Esto no va de limitar la libertad de prensa, sino de frenar los abusos que desvirtúan el ejercicio periodístico”, argumentan fuentes parlamentarias favorables al cambio.
Sin embargo, la iniciativa ha despertado una honda preocupación entre quienes ven en ella un riesgo de censura encubierta. ¿Dónde está el límite entre sancionar un comportamiento inadecuado y amordazar voces incómodas? PP y Vox han alzado la voz contra la reforma, alertando de que podría convertirse en un instrumento para restringir el derecho a la información y para seleccionar, desde el poder político, qué periodistas pueden o no cubrir la actualidad parlamentaria.
El Partido Popular defiende que la Presidencia del Congreso ya dispone de potestades suficientes para mantener el orden y que crear un nuevo sistema de control es innecesario y peligroso. Vox, por su parte, rechaza de plano cualquier intento de regular la presencia de informadores y lo enmarca en lo que califica como una “deriva autoritaria” de la coalición de Gobierno. Ambos partidos han registrado enmiendas a la totalidad, que se debatirán en el Pleno del 8 de julio, aunque todo apunta a que serán rechazadas por la mayoría que respalda la iniciativa.
El texto de la reforma contempla, además, la creación de un comité consultivo formado por miembros de los grupos parlamentarios y representantes de los medios, que podrá proponer sanciones a la Mesa del Congreso, la cual tendrá la última palabra. Sus defensores insisten en que el objetivo no es cercenar derechos, sino evitar que la libertad de prensa se convierta en un escudo para justificar actitudes que entorpecen el normal desarrollo del trabajo parlamentario.
Con la aprobación definitiva prevista para finales de julio, la reforma entraría en vigor en septiembre, coincidiendo con el inicio del nuevo periodo de sesiones. Mientras tanto, el debate sigue abierto: ¿es esta medida un paso necesario para proteger la democracia frente al ruido y el acoso, o supone un peligroso precedente que podría usarse para limitar el pluralismo informativo?