La posible vuelta del rey emérito a España ha dejado de ser una hipótesis lejana para convertirse en una cuestión abierta en el debate público. Tras años residiendo fuera del país y regresos puntuales por motivos privados, la pregunta sobre si debería establecer de nuevo su residencia en territorio español vuelve a dividir opiniones y a reactivar posicionamientos políticos y sociales. Lo que en un primer momento se interpretó como una salida discreta para rebajar la presión institucional se ha transformado, con el paso del tiempo, en un debate de fondo sobre memoria, responsabilidades y ejemplaridad pública.
El reciente paso del Gobierno de publicar 153 documentos desclasificados sobre el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 —conocido como 23-F— ha añadido una nueva dimensión a la discusión. Tras décadas en las que parte de los archivos sobre aquel episodio crucial de la Transición democrática permanecían bajo secreto, su publicación ha puesto sobre la mesa detalles de cómo se desarrollaron las horas más tensas en el Congreso de los Diputados y el papel que jugó el entonces rey Juan Carlos I en la defensa del orden constitucional. Para algunos, esta desclasificación representa una oportunidad histórica para revisar de forma más abierta los acontecimientos de hace 45 años y analizar cómo su figura se relaciona con uno de los momentos más críticos de la democracia española.
Para sectores conservadores, la liberación de estas fuentes ofrece argumentos que fortalecen la percepción del exmonarca como alguien que contribuyó a frenar un golpe de Estado, y por tanto como merecedor de regresar a España para pasar sus últimos años con dignidad y tranquilidad. Líderes del principal partido de la derecha han señalado que la desclasificación debería “reconciliar a los españoles con quien paró el golpe”, subrayando el significado histórico de su intervención en la defensa del sistema democrático.
Sin embargo, este enfoque no es compartido por todas las fuerzas políticas ni por todos los sectores de la sociedad. Para muchos en la izquierda y en partidos nacionalistas, la discusión sobre el regreso de Juan Carlos I no puede desvincularse de los escándalos financieros, fiscales y de conducta que han marcado sus últimos años en la vida pública y que, recuerdan, fueron parte de las razones por las que decidió establecer su residencia fuera de España en 2020. Algunos de estos sectores han llegado incluso a calificar la propia desclasificación de los documentos del 23-F como una maniobra con tintes de “blanqueo” político, poniendo en duda las motivaciones detrás de la publicación y cuestionando que la exhibición de archivos históricos de por sí pueda redefinir la valoración de la figura del rey emérito.
En medio de estas posturas encontradas, la Casa Real ha mantenido una posición institucional de prudencia, recordando en distintos foros que no existe ningún impedimento legal para que Juan Carlos I regrese a España si así lo decide, pero que la decisión última pertenece exclusivamente al propio interesado. El Gobierno, por su parte, ha evitado imponer criterios sobre si su vuelta sería conveniente o no, haciendo hincapié en que la monarquía y sus miembros deben manejar estos asuntos con la debida autonomía respecto a la política partidista.
Más allá de los posicionamientos partidistas, la pregunta sobre el regreso del rey emérito interpela directamente a la sociedad española. ¿Debe prevalecer la consideración hacia una figura clave de la historia democrática? ¿O pesa más la necesidad de preservar la imagen y la credibilidad de las instituciones ante las exigencias éticas de la ciudadanía actual? La respuesta no es uniforme y refleja una pluralidad de sensibilidades generacionales, ideológicas y territoriales. ¿Estás de acuerdo con que el rey emérito vuelva a España?