En directo: rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

"Es de sentido común que las empresas que reciben ayudas directas no pueden utilizar estos recursos públicos para hacer despidos. Se tiene que cambiar la tendencia de los costes de las empresas, al alza de los precios en general y tener una situación de mayor estabilidad con mayor perspectiva de crecimiento económico y que se está viendo ralentizado", finaliza Calviño. 

"Garamendi ya ha pactado él, en nombre de la CEOE, este mecanismo en la crisis de la pandemia y seguro que tiene la suficiente empatía social para explicar que no se puede recibir dinero público a modo de cotizaciones a la seguridad social, pagadas por los españoles, y a la vez despedir. Él mismo ha negociado esta claúsula y en la pandemia ha resultado muy eficaz", resume Díaz. 

"En este momento estamos concentrados en dar una respuesta con un plan de choque a un momento extraordinario como la guerra en la frontera de Europa, queremos apoyar a los sectores más afectados, garantizar un reparto justo, para obtener autonomía en el ámbito energético", asegura Calviño refiriéndose al plan de 16.000 millones de euros del que se compone el Plan Nacional de respuesta a la guerra

"Confiamos en que en este momento prime la unidad y que haya una respuesta positiva de los distintos grupos políticos. Veamos si el señor Feijóo aprovecha esta oportunidad para hacer un cambio de orientación del PP en un tema tan importante para el conjunto de los españoles", desea Calviño. 

"La medida adecuada no puede ser en ningún caso una bajada generalizada de impuestos que lleve a un estímulo fiscal del conjunto de la economía. Este paquete de medidas actuará en los sectores y colectivos más afectados para cubrir el impacto del alza de los costes de la energía. El plan de respuesta del Gobierno está alineado con las recomendaciones de los bancos centrales y los organismos centrales, ya que nos enfrentamos a una situación muy diferente", insiste Calviño analizando la situación actual. 

"Este es un gobierno que está buscando la unidad, si no es ahora, después de dos años de pandemia y un volcán y un reto tan extraordinario como una guerra, ¿cuándo vamos a responder unidos los españoles? Este es el mensaje claro que hemos lanzado desde el principio", recuerda Calviño preguntada por los pactos con otras formaciones políticas ante la situación. 

"Todos los agentes se van a ver reflejados en las medidas que hemos tomado hoy", insiste. "Este es el momento de la unidad y queremos dar una oportunidad a todos los partidos políticos de estar a la altura de las circunstancias que permita amortiguar el impacto de la crisis que nos viene de fuera", afirma Calviño. 

"Este es un Gobierno que responde sobre la base de la eficacia y el sentido común, en cada caso respondiendo de la manera más directa para llegar a la sociedad y los colectivos más vulnerables y afectados", concluye a la pregunta.

"Los 10.000 millones tendrán el reflejo presupuestario frente a los próximos años. También vamos a movilizar 6.000 millones de euros en ayudas y reducciones de impuestos para reducción de los ingresos en los PGE, el punto de partida que tenemos es sólido", explica Calviño. "Nuestra previsión es que las ratios de déficit y deuda pública estén por debajo de las previsiones del Gobierno". 

"Hoy ponemos en marcha un plan de choque, necesario y contundente, con un conjunto de medidas que nos tienen que permitir amortiguar los impactos de la guerra. Todos somos conscientes de que las consecuencias son la enorme incertidumbre ante la toma de decisiones, por eso durarán tres meses. Adaptaremos estas medidas para responder a la evolución que pueda producirse", asegura Calviño, una postura que ya se tomó en la pandemia. 

"Tenemos que bajar la inflación y ayudará a que los agentes sociales vean concitadas sus funciones. Además de que los agentes sociales siempre han estado a la altura y lo volverán a hacer, pero este marco es totalmente excepcional. Mi convicción es que deberían de estar a la altura de nuestro país en una situación de enorme incertidumbre", entona Díaz. 

"La excepción ibérica es muy importante, tenemos una situación que hace difícil la liquidación en el mercado. Tanto en España como en Portugal tenemos un parque de generación son muy inferiores del gas y se ven enormemente perjudicados por la elevación del gas", explica Ribera aludiendo a la propuesta energética que llevó Sánchez a Bruselas. 

Otras medidas están asociadas al sector del gas. "Prorrogamos la prohibición de incrementar la factura del gas en más de un 5% en trimestre, mantenemos una laminación del incremento de la factura en la mayor parte de los hogares. En estas circunstacias nos parece importante contar con estas medidas, debemos facilitar que sea llevadero este impacto en la economía", remarca. 

Sobre las obligaciones de almacenamiento de gas tratadas en Bruselas, se fijó la obligación de la "capacidad de regasificación en cada uno de los estados miembros tiene que alcanzar el 90%", disponiendo así de un crédito extraordinario para financiar el servicio de almacenamiento. 

Uno de los cambios más importantes es el "fortalecimiento del bono social, eléctrico y término": "Ampliando aquellas empresas en el ámbito de la energía que están obligados a contribuir en el bono social", recuerda Ribera. 

"Dejamos de hablar de familias y pasamos a hablar de personas convivientes, lo que podría estar dando dificultades y consumían de forma igual y con contratos similares", explica la ministra. 

Otras medidas tienen que ver con el impacto de la crisis en la industria, como la "reducción del 80% de los peajes por el uso de las redes de transporte con un importe de 250 millones de euros; en segundo lugar, un incremento de la dotación a la compensación de costes de CO2 en industrias hasta el máximo de la UE; en tercer lugar, ayudas específicas a sectores por consumo de gas que tengan un gasto especialmente alto", explica Ribera. 

"Uno de los bloques más importantes en el ámbito de la energía tiene que ver con la transición, que se basa en impulsar y acelerar los procesos con inteligencia en nuestros consumos", prosigue detallando. 

"Una ayuda especial para el consumo de combustible, 20 céntimos por litro, 15 de los presupuestos y 5 de las pretroleras", continúa exponiendo Ribera, con aplicación hasta el 30 de junio. 

Aunque detalla otras medidas al respecto: actualizaciones en el régimen especial de las planas de energía renovable que utilizan residuos, "que hasta ahora se han visto beneficiadas del mercado mayorista". "El Gobierno ha decidido, después de meses de conversaciones, anticipar el momento en el que se produce la liquidación para valorar la rentabilidad, lo que nos permite liberar 1.800 millones de euros que se redigirá a los cargos en nuestra factura eléctrica".

En este sentido, Ribera espera llegar a una "liquidez eléctrica de las plantas renovables a precios baratos para comercializadores que tengan por destino vender electricidad a los hogares". 

"Contar con una excepción que nos permita adoptar urgentemente medidas que nos permita mantener la competitividad de nuestro tejido productivo a través de la aminoración del impacto del precio del gas natural en el mercado mayorista de España y Portugal", explica Ribera. 

"Las tres cuestiones están presentes en el Real Decreto Ley que hemos aprobado", prosigue. 

Teresa Ribera presenta las medidas básicas para paliar los efectos de la guerra: reducir los precios de la energía, consolidar capacidad para asegurar el suministro y autonomía energética para una vida "más tranquila" de los mercados internacionales y protección de los más vulnerables (clases medias, pymes y autónomos).

"El Gobierno, a la hora de diseñar las medidas, procura que se produzca un reparto equitativo de estos esfuerzos", esgrime la ministra de Transición Ecológica. 

"No es necesario despedir, tiene los recursos necesario para impedirlo. Nos dirigimos a los empleadores de nuestro país para que no despidan a los jóvenes, que son los más vulnerables", concluye la vicepresidenta segunda del Gobierno. 

"La pobreza tiene rostro de mujer y, por el impacto de la inflación, el ingreso mínimo vital se ve revalorizado en un 15%. Implementamos y mejoramos el bono social hasta alcanzar a 600.000 familias más las que ya teníamos protegidas", afirma Díaz. 

"Son cuestiones que tienen impacto de género: incorporamos dos medidas que son mejoradas por la vulneración de los derechos de las mujeres víctimas de la guerra de Putin con un mecanismo armonizado para que las mujeres víctimas de trata vean paliada esta situación. Por otro lado, en materia de refugiados, estamos trabajando en un sistema de acogida privado para dar cobertura a las víctimas de la guerra", detalla Díaz. 

"El Gobierno protegerá a las personas que viven de alquiler en nuestro país, personas para las que pagar su renta de arrendamiento no solo es un obstáculo, sino que les resulta imposible. Es la primera vez que esta medida se acomete en nuestro país", ensalza. 

Yolanda Díaz llama así a "limitar la revalorización de las rentas de arrendamiento en carácter subordinado", con dos distinciones: para los "grandes tenedores con el 2%" y para los grandes propietarios de viviendas físicas siempre que "renegocien su venta o fijar la renta en el límite establecido". 

"En las crisis, cuando hay mecanismos de protección social, no hay que despedir", se dirige Díaz así a los empresarios. "Tenemos todos los mecanismos de protección social para que esto no se produzca", recuerda la ministra de Trabajo. 

"Incorporamos no una, sino dos prohibiciones para despedir: será injustificado el despido cuando se produzcan por causas que tienen que ver con el incremento de precios de la energia, el mensaje del legislador es que en los tribunales calificarán esa acción con lo que ya ha pasado. Como van a recibir ayudas públicas, tendrán que devolver todas las que han percibido", detalla. 

"Tampoco pueden despedir a los trabajadores que acudan a los mecanismos de ERTE. El mecanismo es reforzado e incorporamos otra causa de prohibición al despido", concluye al respecto.