Tras meses de estudio y de recabar informaciones distintas de todo el proceso judicial del "caso ERE", las conclusiones elaboradas nos hacen plantear una serie de interrogantes derivadas del análisis pormenorizado y de los datos conocidos hasta el momento. Una instrucción que aparece jalonada con distintas líneas de investigación -según se trate de la juez Alaya, la Guardia Civil o la Policía Judicial- y que con motivo de la Operación Heracles genera alguna duda más. A partir de estos datos revelamos determinados aspectos de la causa y se plantean interrogantes tan importantes como si podría haberse llegado hace tiempo a su resolución, recuperado el dinero, detenidos sus culpables o si asistimos ante un posible retraso que pudiera dar lugar a la prescripción de los delitos y a la ocultación de lo robado.
Interrogantes y dudas que se plantean
¿Se han perdido más de dos años pudiendo estar ya resuelta la causa, los culpables detenidos y el dinero recuperado? ¿Por qué no se siguieron pistas de la Policía en 2010 y que señalaban una trama de personas concreta, la misma que ‘ha saltado’ ahora, casi dos años y medio después, en la Operación Heracles? ¿ Y por qué no se respondió en tiempo y forma a los mandamientos del Grupo de Delitos Económicos de la la Guardia Civil solicitados desde la Unidad Central Operativa? ...
La Operación Heracles señalada desde 2010 por la Policía Judicial
La Operación Heracles llevada a cabo tras la incorporación de la juez Alaya tras su baja de seis meses por enfermedad y que se saldó con 22 detenidos, mucha sobre actuación y mayor impacto mediático, no ha hecho más que poner de manifiesto algo que la investigación de la Policía Judicial ya señaló en diciembre de 2010. Ya entonces los hechos apuntaban claramente a una trama de personas, integrantes de diversos estamentos, que con la complicidad del director general de Trabajo utilizaron el procedimiento administrativo para su lucro personal.
Mercasevilla en la génesis
En diciembre de 2010, la Policía Judicial emite un atestado que dibuja claramente el escenario a partir del caso Mercasevilla. Tan sólo un mes más tarde, en enero de 2011, la jueza Alaya reconoce en un auto que este atestado policial “aporta importantes datos, de la presunta existencia de una trama que tendría por objeto la utilización fraudulenta de Expedientes de Regulación de Empleo con Planes de Prejubilación Anticipada mediante Pólizas de Rentas Colectiva, cuya prima era sufragada en su mayor parte por la Junta de Andalucía y ello en diferentes empresas distintas de Mercasevilla” (...) “a través de dichos EREs resultarán beneficiarios de las pólizas personas que nunca habían trabajado en dichas empresas, con la presunta intervención de las propias empresas, además de personas físicas y entidades que actuaron como intermediarios y con el indiciario conocimiento de la Autoridad Laboral”.
La Policía Judicial ya adelantó los "importantes datos" que la juez revela ahora
Los “importantes datos” a los que se refiere la juez en su auto y la “presunta trama” que menciona es la que recoge la Policía Judicial en su atestado, en el que explica que “Juan Lanzas, Francisco González y Fernando Mellet habrían llegado a un acuerdo económico, según el cual, Lanzas convencería a la “autoridad laboral”, es decir, a Francisco Javier Guerrero, para que, mediante el IFA/IDEA librara las cantidades pertinentes para que la Junta de Andalucía cofinanciara los gastos derivados del Expediente. Por otro lado, Francisco González, dialogaría con el comité de empresa al objeto de limar asperezas y que aceptaran el Plan sin muchos problemas” (...) “Los beneficios obtenidos incluirían a personas de su confianza, tanto en el ERE de Mercasevilla como en el ERE de Río Grande, percibiendo ellos las cantidades que debieran haberse abonado a esos ‘hombres de paja’ (...) Las cantidades abonadas en la cuenta de xxxxxxx eran retiradas por Francisco González y se repartían, aunque de modo desigual, entre Francisco González y Juan Lanzas (....) Es indudable la participación activa en toda esta trama de los mediadores (Juan Lanzas, Francisco González, Bordallo, Albarracín) y los brokers de Vitalia Vida y de Uniter S.L.”
Los datos de "Heracles" (2013) eran conocidos en 2010
Todas y cada una de estas personas -Juan Lanzas, conseguidor y antiguo sindicalista; Francisco González, comercial de Vitalia Vida; Jesús Bordallo, responsable regional de Vitalia Vida;, responsable nacional de Vitalia Vida, y, responsable de Uniter SL- ‘aparecen’ ahora, en 2013, en la 'operación Heracles', pero como se puede comprobar ya fueron señalados por la propia Policía Judicial en 2010. La juez los tenía, por tanto, perfectamente identificados gracias a la investigación de la Policía Judicial hace más de dos años, pero no han saltado públicamente hasta ahora, con motivo de la “Operación Heracles”.
Finales de 2010: Hacia una línea de investigación que se dirija al presidente de la Junta
Desde finales de 2010, el Juzgado de Alaya tiene información suficiente -gracias al trabajo de la Policía- para seguir el rastro del dinero e investigar la presunta trama de personas que señala el atestado policial y cuya importancia ella misma reconoce entonces en un auto. Sin embargo, curiosamente, tan sólo dos meses más tarde, en marzo de 2011, la jueza se aparta del claro camino abierto por la Policía, obvia su investigación y desvía el interés de la misma hacia la Administración autonómica y, especialmente, hacia el presidente de la Junta.
2011: Giro de la investigación hacia un ámbito más político. Apartan a la Policía de la investigación
En marzo de 2011, la juez da un giro y cambia el sentido de la investigación. Desde este momento se abre una línea de pesquisas centrada en un ámbito más político. Alaya solicita que se investigue la relación de los beneficiarios de los EREs con la Junta de Andalucía, con algún partido político, algún sindicato o con algún cargo público. Se pretende así iniciar una nueva línea de investigación referida a la presunta financiación ilegal de sindicatos o partidos políticos. Esta línea de investigación no ha prosperado, ni en el Juzgado ni en la Policía, que nunca llegó a emitir informe sobre ello. Posteriormente, la Policía es apartada de la investigación por la juez, que se la encarga a la Guardia Civil.
Desde Madrid la Guardia Civil solicita al juzgado información bancaria
Mientras la nueva línea de investigación judicial prosigue, centrada en su vertiente más política con la Guardia Civil, desde Madrid el Grupo de Delitos Económicos de la Guardia Civil solicita al juzgado de Alaya una serie de mandamientos para que determinadas entidades financieras informen de la titularidad y los movimientos de determinados productos bancarios y cuentas corrientes. La Guardia Civil pide que dicha información sea enviada exclusivamente en archivo informático y directamente a dicha Unidad en Madrid. El Grupo de Delitos Económicos de la Guardia Civil enmarca esta petición en una investigación inicial que se realiza en el marco del caso Eurobank, siguiendo el rastro de algunas empresas, que coincidirían también con algunas de las que aparecen en la trama de los EREs. Los primeros mandamientos se solicitan en abril, mayo y junio de 2012, pero no se realizan en su totalidad.
Durante todo este tiempo, se demuestra que la juez opta por mantener abierta una línea de investigación más centrada en el ámbito político. De hecho, solicita cuantiosa información al IFA-IDEA y a las consejerías.
Un nuevo mandamiento de la UCO deja en evidencia la línea de investigación "política"
El 24 de julio de 2012, la UCO solicita un nuevo mandamiento, de mayor amplitud y envergadura que los anteriores, destinado a entidades financieras, empresas y personas físicas. Prácticamente toca las entidades financieras de todo el país, además de empresas residenciadas en Cataluña. Se trata de un documento de más de 30 páginas, en el que se ve claramente el perfil real de la operación, que coincidiría con el camino señalado por la Policía Judicial en diciembre de 2010 y que dejaría en evidencia la línea de investigación política abierta con posterioridad.
El juzgado de Alaya remite a la UCO un escuetísimo auto de tan solo dos páginas
El juzgado de Alaya resuelve este nuevo requerimiento tan sólo un día después, el 25 de julio, en un escuetísimo auto de solo dos páginas que en nada recuerdan a los extensísimos y descriptivos autos a los que es habitual este juzgado. Este escueto auto carece incluso de los detalles específicos que solicita la propia Unidad Central Operativa.
2012: La Guardia Civil reitera petición. Alaya ya está de baja y los jueces sustitutos tienen que responder
En octubre de 2012, la Guardia Civil vuelve a reclamar los mandamientos solicitados unos meses antes, en abril, mayo y junio, y no respondidos aún. Éstos no reciben respuesta hasta el mes de noviembre de 2012. Y los tiene que responder el juez sustituto, ya que la jueza Ayala se da de baja por enfermedad en septiembre sin haberlo hecho. Estos documentos, además, no fueron incorporados a la causa desde un principio. Fueron incorporados más tarde por el juez y la jueza sustitutos de Alaya y dados a conocer con la apertura parcial del secreto del sumario.
2013: Operación Heracles
La jueza Alaya se reincorpora en marzo de 2013, coincidiendo con la puesta en marcha y desarrollo de la Operación Heracles, de la Guardia Civil. Se ve empujada por la "operación Heracles" a retomar el camino señalado al principio de la instrucción y abandonado, posteriormente, por una línea de investigación más política. La pregunta que cabe hacerse es ¿Por qué no se expidieron en tiempo y forma los mandamientos que se solicitaban desde la sede de la UCO en Madrid?
¿Se hubiera podido recuperar ya el dinero ilegalmente apropiado?
Después de ver, además, cómo se ha abandonado durante más de dos años el camino claro que la Policía Judicial inició en diciembre de 2010, cabe preguntarse ahora si, de haberse seguido, hubiera sido posible -por la cercanía en el tiempo y mayor inmediatez de las actuaciones- la detención de los culpables y la recuperación de lo ilegalmente apropiado. Cabe preguntarse, también, la razón por la que la jueza Alaya no llama a declaración judicial, incluso existiendo peticiones de la Fiscalía y de la Junta de Andalucía, ni a Lanzas, ni a González, Bordillo, Albarracín o González Mata cuando fueron señalados por la Policía Judicial en 2010.
En el futuro inmediato: Peligro de que los delitos prescriban y se oculte el dinero robado
Se ha tenido que esperar más de dos años para que la mayoría hayan sido llamados a declarar, y lo han tenido que hacer en el marco de la Operación Heracles. La extensión en la apertura de la investigación ha originado la acumulación de ingente documentación que imposibilita la incorporación al sumario y retrasa enormemente, además, el proceso. Un retraso que puede dar lugar a la prescripción de los delitos y la ocultación de lo robado.
Interrogantes y dudas que se plantean
¿Se han perdido más de dos años pudiendo estar ya resuelta la causa, los culpables detenidos y el dinero recuperado? ¿Por qué no se siguieron pistas de la Policía en 2010 y que señalaban una trama de personas concreta, la misma que ‘ha saltado’ ahora, casi dos años y medio después, en la Operación Heracles? ¿ Y por qué no se respondió en tiempo y forma a los mandamientos del Grupo de Delitos Económicos de la la Guardia Civil solicitados desde la Unidad Central Operativa? ...
La Operación Heracles señalada desde 2010 por la Policía Judicial
La Operación Heracles llevada a cabo tras la incorporación de la juez Alaya tras su baja de seis meses por enfermedad y que se saldó con 22 detenidos, mucha sobre actuación y mayor impacto mediático, no ha hecho más que poner de manifiesto algo que la investigación de la Policía Judicial ya señaló en diciembre de 2010. Ya entonces los hechos apuntaban claramente a una trama de personas, integrantes de diversos estamentos, que con la complicidad del director general de Trabajo utilizaron el procedimiento administrativo para su lucro personal.
Como en la vez anterior en la que fue encarcelado Guerrero entra sonriendo al furgón policial
Mercasevilla en la génesis
En diciembre de 2010, la Policía Judicial emite un atestado que dibuja claramente el escenario a partir del caso Mercasevilla. Tan sólo un mes más tarde, en enero de 2011, la jueza Alaya reconoce en un auto que este atestado policial “aporta importantes datos, de la presunta existencia de una trama que tendría por objeto la utilización fraudulenta de Expedientes de Regulación de Empleo con Planes de Prejubilación Anticipada mediante Pólizas de Rentas Colectiva, cuya prima era sufragada en su mayor parte por la Junta de Andalucía y ello en diferentes empresas distintas de Mercasevilla” (...) “a través de dichos EREs resultarán beneficiarios de las pólizas personas que nunca habían trabajado en dichas empresas, con la presunta intervención de las propias empresas, además de personas físicas y entidades que actuaron como intermediarios y con el indiciario conocimiento de la Autoridad Laboral”.
La Policía Judicial ya adelantó los "importantes datos" que la juez revela ahora
Los “importantes datos” a los que se refiere la juez en su auto y la “presunta trama” que menciona es la que recoge la Policía Judicial en su atestado, en el que explica que “Juan Lanzas, Francisco González y Fernando Mellet habrían llegado a un acuerdo económico, según el cual, Lanzas convencería a la “autoridad laboral”, es decir, a Francisco Javier Guerrero, para que, mediante el IFA/IDEA librara las cantidades pertinentes para que la Junta de Andalucía cofinanciara los gastos derivados del Expediente. Por otro lado, Francisco González, dialogaría con el comité de empresa al objeto de limar asperezas y que aceptaran el Plan sin muchos problemas” (...) “Los beneficios obtenidos incluirían a personas de su confianza, tanto en el ERE de Mercasevilla como en el ERE de Río Grande, percibiendo ellos las cantidades que debieran haberse abonado a esos ‘hombres de paja’ (...) Las cantidades abonadas en la cuenta de xxxxxxx eran retiradas por Francisco González y se repartían, aunque de modo desigual, entre Francisco González y Juan Lanzas (....) Es indudable la participación activa en toda esta trama de los mediadores (Juan Lanzas, Francisco González, Bordallo, Albarracín) y los brokers de Vitalia Vida y de Uniter S.L.”
Los datos de "Heracles" (2013) eran conocidos en 2010
Todas y cada una de estas personas -Juan Lanzas, conseguidor y antiguo sindicalista; Francisco González, comercial de Vitalia Vida; Jesús Bordallo, responsable regional de Vitalia Vida;, responsable nacional de Vitalia Vida, y, responsable de Uniter SL- ‘aparecen’ ahora, en 2013, en la 'operación Heracles', pero como se puede comprobar ya fueron señalados por la propia Policía Judicial en 2010. La juez los tenía, por tanto, perfectamente identificados gracias a la investigación de la Policía Judicial hace más de dos años, pero no han saltado públicamente hasta ahora, con motivo de la “Operación Heracles”.
Finales de 2010: Hacia una línea de investigación que se dirija al presidente de la Junta
Desde finales de 2010, el Juzgado de Alaya tiene información suficiente -gracias al trabajo de la Policía- para seguir el rastro del dinero e investigar la presunta trama de personas que señala el atestado policial y cuya importancia ella misma reconoce entonces en un auto. Sin embargo, curiosamente, tan sólo dos meses más tarde, en marzo de 2011, la jueza se aparta del claro camino abierto por la Policía, obvia su investigación y desvía el interés de la misma hacia la Administración autonómica y, especialmente, hacia el presidente de la Junta.
2011: Giro de la investigación hacia un ámbito más político. Apartan a la Policía de la investigación
En marzo de 2011, la juez da un giro y cambia el sentido de la investigación. Desde este momento se abre una línea de pesquisas centrada en un ámbito más político. Alaya solicita que se investigue la relación de los beneficiarios de los EREs con la Junta de Andalucía, con algún partido político, algún sindicato o con algún cargo público. Se pretende así iniciar una nueva línea de investigación referida a la presunta financiación ilegal de sindicatos o partidos políticos. Esta línea de investigación no ha prosperado, ni en el Juzgado ni en la Policía, que nunca llegó a emitir informe sobre ello. Posteriormente, la Policía es apartada de la investigación por la juez, que se la encarga a la Guardia Civil.
Desde Madrid la Guardia Civil solicita al juzgado información bancaria
Mientras la nueva línea de investigación judicial prosigue, centrada en su vertiente más política con la Guardia Civil, desde Madrid el Grupo de Delitos Económicos de la Guardia Civil solicita al juzgado de Alaya una serie de mandamientos para que determinadas entidades financieras informen de la titularidad y los movimientos de determinados productos bancarios y cuentas corrientes. La Guardia Civil pide que dicha información sea enviada exclusivamente en archivo informático y directamente a dicha Unidad en Madrid. El Grupo de Delitos Económicos de la Guardia Civil enmarca esta petición en una investigación inicial que se realiza en el marco del caso Eurobank, siguiendo el rastro de algunas empresas, que coincidirían también con algunas de las que aparecen en la trama de los EREs. Los primeros mandamientos se solicitan en abril, mayo y junio de 2012, pero no se realizan en su totalidad.
Durante todo este tiempo, se demuestra que la juez opta por mantener abierta una línea de investigación más centrada en el ámbito político. De hecho, solicita cuantiosa información al IFA-IDEA y a las consejerías.
Un nuevo mandamiento de la UCO deja en evidencia la línea de investigación "política"
El 24 de julio de 2012, la UCO solicita un nuevo mandamiento, de mayor amplitud y envergadura que los anteriores, destinado a entidades financieras, empresas y personas físicas. Prácticamente toca las entidades financieras de todo el país, además de empresas residenciadas en Cataluña. Se trata de un documento de más de 30 páginas, en el que se ve claramente el perfil real de la operación, que coincidiría con el camino señalado por la Policía Judicial en diciembre de 2010 y que dejaría en evidencia la línea de investigación política abierta con posterioridad.
El juzgado de Alaya remite a la UCO un escuetísimo auto de tan solo dos páginas
El juzgado de Alaya resuelve este nuevo requerimiento tan sólo un día después, el 25 de julio, en un escuetísimo auto de solo dos páginas que en nada recuerdan a los extensísimos y descriptivos autos a los que es habitual este juzgado. Este escueto auto carece incluso de los detalles específicos que solicita la propia Unidad Central Operativa.
2012: La Guardia Civil reitera petición. Alaya ya está de baja y los jueces sustitutos tienen que responder
En octubre de 2012, la Guardia Civil vuelve a reclamar los mandamientos solicitados unos meses antes, en abril, mayo y junio, y no respondidos aún. Éstos no reciben respuesta hasta el mes de noviembre de 2012. Y los tiene que responder el juez sustituto, ya que la jueza Ayala se da de baja por enfermedad en septiembre sin haberlo hecho. Estos documentos, además, no fueron incorporados a la causa desde un principio. Fueron incorporados más tarde por el juez y la jueza sustitutos de Alaya y dados a conocer con la apertura parcial del secreto del sumario.
2013: Operación Heracles
La jueza Alaya se reincorpora en marzo de 2013, coincidiendo con la puesta en marcha y desarrollo de la Operación Heracles, de la Guardia Civil. Se ve empujada por la "operación Heracles" a retomar el camino señalado al principio de la instrucción y abandonado, posteriormente, por una línea de investigación más política. La pregunta que cabe hacerse es ¿Por qué no se expidieron en tiempo y forma los mandamientos que se solicitaban desde la sede de la UCO en Madrid?
¿Se hubiera podido recuperar ya el dinero ilegalmente apropiado?
Después de ver, además, cómo se ha abandonado durante más de dos años el camino claro que la Policía Judicial inició en diciembre de 2010, cabe preguntarse ahora si, de haberse seguido, hubiera sido posible -por la cercanía en el tiempo y mayor inmediatez de las actuaciones- la detención de los culpables y la recuperación de lo ilegalmente apropiado. Cabe preguntarse, también, la razón por la que la jueza Alaya no llama a declaración judicial, incluso existiendo peticiones de la Fiscalía y de la Junta de Andalucía, ni a Lanzas, ni a González, Bordillo, Albarracín o González Mata cuando fueron señalados por la Policía Judicial en 2010.
En el futuro inmediato: Peligro de que los delitos prescriban y se oculte el dinero robado
Se ha tenido que esperar más de dos años para que la mayoría hayan sido llamados a declarar, y lo han tenido que hacer en el marco de la Operación Heracles. La extensión en la apertura de la investigación ha originado la acumulación de ingente documentación que imposibilita la incorporación al sumario y retrasa enormemente, además, el proceso. Un retraso que puede dar lugar a la prescripción de los delitos y la ocultación de lo robado.