La adjudicación de una promoción de 47 chalés de protección oficial con piscina comunitaria construidos sobre un solar municipal en Palencia ha generado controversia tras conocerse que una de las viviendas fue adquirida por una concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento.
La operación, que contó con la intermediación de una inmobiliaria local y con el visado de la Junta de Castilla y León, ha reabierto el debate sobre los mecanismos de adjudicación y control en el acceso a la vivienda protegida en la capital palentina.
La edil es Laura Lombraña, responsable del área de Cultura, Turismo, Fiestas y Deportes entre 2019 y 2023. Periodista de profesión, tomó posesión el 15 de junio de 2019 como concejal de Gobierno bajo la alcaldía de Mario Simón, de Ciudadanos, que gobernó la ciudad en coalición con el PP durante ese mandato. Tras las elecciones municipales de 2023, Lombraña continúa como concejal en la oposición con su acta popular.
Cuatro meses después de aquella investidura, el equipo de Gobierno aprobó la venta de un amplio solar municipal por 1.892.647,24 euros para la construcción de 47 viviendas de protección oficial. La promoción —chalés con piscina comunitaria— fue entregada en abril de 2023. Según la documentación consultada, una de esas viviendas fue adjudicada a la propia Lombraña.
La comercialización corrió a cargo de la inmobiliaria Ingucasa, firma palentina que en su página web reivindica más de cuatro décadas de experiencia en el sector. La promotora y constructora formal no fue la inmobiliaria, sino una empresa que canalizó la venta a través de esta por 157.320 euros por vivienda.
La adjudicación no se realizó mediante un sorteo previo abierto al conjunto de demandantes inscritos, como establece con carácter general la normativa autonómica, sino a través de un procedimiento que no incluyó esa convocatoria pública. Al cierre de esta edición, la inmobiliaria no había respondido a las preguntas remitidas.
El caso presenta similitudes con el de Alicante, donde una adjudicación presuntamente irregular de viviendas protegidas en una zona privilegiada con vistas al mar ha destapado un patrón de favoritismos en el acceso a inmuebles de protección oficial y ya está bajo investigación judicial. En Palencia, el foco se sitúa en la forma en que se seleccionó a los 47 adjudicatarios.
La Ley 9/2010 del derecho a la vivienda en Castilla y León establece que, cuando un grupo de personas se agrupa en cooperativa, comunidad de propietarios u otra entidad para promover viviendas protegidas, debe someterse a un procedimiento de selección gestionado por la Junta.
En el caso de promociones levantadas sobre suelo enajenado por una administración pública —como ocurrió con el solar municipal vendido por el Ayuntamiento—, el mecanismo previsto es el sorteo entre los inscritos en el Registro Público de Demandantes de Vivienda de Protección Pública.
Ese registro incluía, a cierre de 2025, a 1.949 palentinos, según datos oficiales difundidos el pasado enero. Sin embargo, en esta promoción no consta que se celebrara un sorteo entre el conjunto de demandantes. La propia Lombraña explica así su acceso: “Yo me enteré porque vi el anuncio en la inmobiliaria”, afirma por teléfono.
“Yo tengo la misma información que el resto de los propietarios. Yo veo esta vivienda porque estaba buscando una casa. A mí me llaman de la inmobiliaria para decirme que cumplo con los requisitos. Yo no sé si ha habido un sorteo, no lo sé. Yo veo un anuncio y me interesa”.
Posteriormente, según sostiene la edil y acredita la documentación consultada, se realizó un sorteo ante notario, pero únicamente entre las 47 personas que ya se habían inscrito en la inmobiliaria para repartir las viviendas concretas —la más próxima a la piscina, la de esquina o la situada en el centro de la fila—, no para seleccionar a los adjudicatarios entre todos los inscritos en el registro público.
A ello se suma que Lombraña no incluyó esta vivienda en su declaración de bienes publicada en el Portal de Transparencia municipal. En el documento, firmado el 13 de junio de 2023, únicamente declara 7.000 euros en cuenta corriente.
Preguntada por esta omisión, responde: “[La declaración de bienes] no estará actualizada, como tantos curriculums”. Asegura haber remitido una actualización al Ayuntamiento, aunque sin precisar fecha; fuentes municipales lo niegan: “No ha enviado nada”.
La supervisión de la promoción correspondía a la Junta de Castilla y León, gobernada también por el PP. Un portavoz autonómico cita el artículo 53 de la ley de 2010 para sostener que “se verificó el cumplimiento de la normativa aplicable en materia de viviendas de protección pública, así como también se verificó el cumplimiento de los requisitos que deben cumplir los adjudicatarios de dichas viviendas”.
Es decir, el visado administrativo que acredita que los compradores reúnen las condiciones exigidas. Según la Junta, los 47 propietarios estaban inscritos en el registro autonómico.
La controversia radica en si el “con carácter general” que recoge el artículo 64 —“el procedimiento para seleccionar a los adquirentes o arrendatarios será el sorteo entre las personas inscritas en el Registro Público de Demandantes de Vivienda de Protección Pública de Castilla y León”— implica obligatoriedad. El portavoz autonómico sostiene que no, y se remite a una orden de 2008 que deja en manos del promotor la decisión de celebrar o no sorteo, siempre que se respeten los principios de concurrencia, objetividad, publicidad y transparencia mediante anuncios oficiales.
Sin embargo, la ley fue modificada en 2013 con el objetivo declarado de reforzar la igualdad en el acceso a la vivienda protegida, extendiendo la exigencia de sorteo también a promociones privadas. La interpretación flexible defendida por la Junta contrasta con ese espíritu reformador y con el hecho de que la promoción se asentó sobre suelo público.
Todo ello se produce en un contexto de encarecimiento del mercado residencial. En enero de 2026, el precio medio de la vivienda en Palencia alcanzó los 1.541 euros por metro cuadrado, según datos de Idealista, cuatro puntos más que en el mismo mes del año anterior.
En una ciudad donde casi dos mil personas esperan una vivienda protegida, la adjudicación de 47 chalés construidos sobre suelo municipal a través de un procedimiento sin sorteo general alimenta las dudas sobre la igualdad real de oportunidades y la gestión política del acceso a un bien esencial.