En aras de avanzar en las negociaciones con la extrema derecha en las diferentes comunidades autónomas, el Partido Popular (PP) ha presentado este lunes un documento "único, vinculante y para toda España" que recoge las premisas principales para llevar a buen puerto los pactos con los de Santiago Abascal, tal como adelantado El Español. Entre estos puntos figura que estos se compromentan a aprobar los presupuestos de toda la legislatura en cada una de las comunidades autónomas.

Dicho documento confeccionado desde la sede nacional del PP llega con el fin último de asentar las bases que regirán de ahora en adelante las negociaciones con la extrema derecha en el mismo día en el que la dirección nacional ha avanzado que participará en las conversaciones con Vox para las investidruas de María Guardiola y Jorge Azcón, en Extremadura y Aragón, respectivamente. Sobre el documento, desde las filas de Alberto Núñez Feijóo insisten en que este tiene carácter "vinculante" y para toda España, por lo que servirá por igual en todas las comunidades autónomas.

En este mismo orden de cosas, los populares subrayan que cualquier pacto con la extrema derecha deberá basarse en el "principio de coherencia programática", con lo que desde el PP podrán "ampliar las ofertas", pero no "contradecirlas". Por esto mismo, desde Génova insisten en que "el PP tiene identidad política propia" y que "un acuerdo no implica acabar siendo lo mismo, ni pretenderlo". Asimismo, del texto también se pretende que los pactos deberán respetar "el reparto competencial", una exigencia de los de Feijóo que llega después de que algunos Gobiernos del PP -el de Aragón entre ellos- reprocharan que Vox exigía medidas que escapan de la competencia autonómica. 

Con todo, un documento en el que también se deja hueco para los guiños a la extrema derecha. De este se desprende la rebaja de impuestos, la reducción de la burocracia "que asfixia a autónomos y pequeños empresarios", la defensa de los agricultores y ganaderos, así como el rechazo a las políticas climáticas que, según el documento, "destruyen empleo, encarecen la energía y expulsan a la industria", la vivienda y la okupación, la política migratoria, u otras materias como la de sanidad, educación, la natalidad o los jóvenes, sobre lo que señalan que "España necesita que puedan emanciparse antes, acceder a un empleo estable y formar una familia si así lo desean, sin que la incertidumbre permanente ni la precariedad vital y emocional condicionen sus decisiones más importantes". 

Asimismo, en materia migratoria, el texto reza que "la inmigración irregular ha alcanzado niveles intolerables y el Gobierno responde con regularizaciones masivas que transforman la irregularidad en un derecho", ante lo que expresa su apuesta para exigir al Gobierno que "controle las fronteras, que ejecute las expulsiones y que cuente con las comunidades autónomas antes de imponer decisiones cuyas consecuencias no asume".

Con respecto a los presupuestos, en los dos últimos puntos del documento los populares subrayan la necesidad de formar gobiernos que tengan capacidad de sacar adelante presupuestos que contribuya a "la gobernabilidad eficaz y la seguridad jurídica, evitando cualquier forma de chantaje parlamentario o fragmentación política". "Los acuerdos deben asegurar la estabilidad institucional porque ningún Gobierno puede ser útil a la ciudadanía en la permanente incertidumbre. La buena voluntad debe concretarse tanto en el compromiso de aprobación de cuatro presupuestos como en el establecimiento de un método de seguimiento que garantice el cumplimiento del pacto", añade el escrito.

Vox recula en Extremadura y Aragón

Este documento se ha dado a conocer el mismo día en el que la extrema derecha ha retirado la exigencia al PP de entrar en los gobierno de Extremadura y Aragón. Así, el secretario general Vox, Ignacio Garriga, ha avanzado que propondrá un “nuevo marco negociador” a los de Feijóo para “romper el clima de desconfianza”.

Según ha señalado el partido a la derecha de los ‘populares’, quieren centrarse ahora en las negociaciones de “un acuerdo detallado de medidas concretas” con “cesiones de ambas partes que sean claras y conocidas por todos los españoles”, incluso levantando actas de reuniones.   Incluirán, dice, “garantías de que lo que se ha acordado se cumple”.

Asimismo, con respecto al reparto de consejerías y altos cargos, Garriga ha justificado el cambio de táctica alegando que la negociación ha generado mucho “nerviosismo” e intentos para obstaculizar por parte, asevera, de los medios de comunicación así como políticos. “no solo del PP, sino de Vox”, ha reseñado.

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