Mientras el Partido Popular intensifica su ofensiva judicial contra el entorno del Gobierno y convierte las causas abiertas en el principal eje de desgaste del Ejecutivo, su estrategia parlamentaria avanza por una senda muy distinta.
La formación de Alberto Núñez Feijóo combina una actitud de máximo pragmatismo en los tribunales con una posición mucho más limitada en las Cortes. Con ello, la dirección nacional del Partido Popular pretende acelerar la caída del presidente del Gobierno a un año de la celebración de elecciones generales. “El cambio esta cerca”, reza el lema que decora la fachada de la sede de Génova.
La dirección ‘popular’ ha encontrado en los procedimientos judiciales una herramienta política de primer orden. Hay quienes dicen que Feijóo y Miguel Tellado han subcontratado la labor de oposición a los ‘solistas’ de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.
La personación en causas como las relacionadas con el caso Koldo-Ábalos, las investigaciones sobre Begoña Gómez o la ofensiva impulsada en torno al rescate de Plus Ultra y José Luis Rodríguez Zapatero forman parte de una estrategia sostenida que Génova considera más eficaz que cualquier iniciativa parlamentaria para erosionar al Gobierno de Pedro Sánchez.
En el Partido Popular admiten que el escenario judicial ha desplazado la confrontación ideológica y ha convertido la corrupción en el principal campo de batalla de la legislatura. La politización de la justicia y la judicialización de la política.
Ese pragmatismo se refleja también en el Senado, donde la mayoría absoluta popular ha convertido las comisiones de investigación en una prolongación de la presión política y judicial. Las comparecencias de ministros, altos cargos y dirigentes socialistas forman parte de una hoja de ruta diseñada para mantener el foco sobre las causas que afectan al PSOE y reforzar la idea de un supuesto deterioro institucional.
Génova instruye asiduamente a Alicia García, portavoz ‘popular’ en la Cámara Alta, en función de las necesidades políticas de la semana. Es quien pregona la convocatoria de los comparecientes.
Sin embargo, la contundencia exhibida en el terreno judicial contrasta con la actitud mantenida en el ámbito legislativo. El Congreso de los Diputados reactivará en los próximos días la reforma del Reglamento para regular la actividad de los grupos de interés y endurecer el régimen sancionador aplicable a diputados y grupos parlamentarios.
Se trata de una iniciativa impulsada por el PSOE hace más de un año y que persigue introducir mecanismos de transparencia en las relaciones con los lobbies, así como reforzar las obligaciones de los representantes públicos.
En ese debate, la propuesta registrada por el Partido Popular apenas introduce modificaciones de carácter accesorio. Los ‘populares’ se limitan a exigir que los antiguos diputados que desarrollen actividades de representación de intereses vinculadas a la actividad parlamentaria informen de ello a la Cámara y pierdan determinadas prerrogativas reservadas a los exparlamentarios mientras desempeñen esas funciones. Una medida de alcance reducido frente a las propuestas planteadas por otros grupos.
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Euskal Herria Bildu (EHB), por ejemplo, pretenden endurecer las restricciones a las denominadas puertas giratorias y ampliar de dos a cuatro años el periodo durante el que exministros, exdiputados y exsenadores no podrían ejercer actividades de influencia en el Congreso.
El Partido Nacionalista Vasco propone extender esas incompatibilidades a altos funcionarios y miembros de gabinetes con capacidad de decisión, mientras que Junts reclama delimitar con mayor precisión el carácter profesional de las actividades de lobby.
El contraste entre unas posiciones y otras ha llevado a algunos grupos parlamentarios a acusar al Partido Popular de apostar por una regeneración de bajo voltaje dentro de las instituciones mientras concentra la mayor parte de su ofensiva en el ámbito judicial. Desde la izquierda se reprocha a los populares que el discurso sobre la limpieza democrática no vaya acompañado de reformas profundas sobre incompatibilidades, financiación o puertas giratorias.
En Génova, por el contrario, sostienen que la prioridad es exigir responsabilidades políticas y judiciales y recuerdan que el sistema institucional ya dispone de instrumentos suficientes para combatir la corrupción. Consideran además que las reformas reglamentarias deben ser prudentes y evitar, en su opinión, una sobrerregulación que termine dificultando la actividad parlamentaria.
Así, la estrategia del principal partido de la oposición se mueve por dos carriles paralelos. Uno, de máxima intensidad, discurre por juzgados, comisiones de investigación y procedimientos judiciales.
El otro, mucho más discreto, transita por unas Cortes donde las propuestas de regeneración impulsadas por el Partido Popular apenas introducen retoques de naturaleza técnica. Una doble vía que refleja la convicción instalada en Génova de que el desgaste del Gobierno se decidirá antes en los tribunales que en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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