Cuatro ministros y tres semanas de espera: las preguntas sobre Ceuta que el Gobierno tendrá que responder

La crisis de Ceuta llegará al Congreso de los Diputados, pero no lo hará hasta finales de este mes. Este pasado viernes, fuentes de Moncloa avanzaban que el Gobierno ha decidido coger el toro por los cuernos y explicar lo que ocurrió en la ciudad autónoma entre el 30 y el 31 de julio. Margarita Robles, Félix Bolaños, Fernando Grande-Marlaska y José Manuel Albares desfilarán por sus respectivas comisiones parlamentarias, en sesión extraordinaria, durante los días 25 y 28 de agosto. Prácticamente un después de los episodios más críticos registrados en la frontera, los ministros se enfrentarán a todos los interrogantes que aún están abiertos.

La decisión del Gobierno llega después de que el Partido Popular reclamara explicaciones parlamentarias sobre la respuesta del Ejecutivo progresista en el Congreso y en el Senado, donde tiene mayoría absoluta. Finalmente será la Cámara Baja la que concentre las comparecencias extraordinarias promovidas por Moncloa, con el fin de “evitar duplicidades”. Según el calendario adelantado este pasado viernes, Robles comparecerá el 25 de agosto; Bolaños hará lo propio el 27; y Marlaska y Albares se someterán al escrutinio de la oposición el 28.

Las cuatro comparecencias permitirán al Gobierno exponer por separado las actuaciones de las carteras implicadas: Defensa, Presidencia, Interior y Exteriores. Al mismo tiempo, abren una ventana de oportunidad al Ejecutivo que, aunque con un mes de dilación, podrán reconstruir la gestión sobre la que permanecen cuestiones de relevancia por aclarar. Interrogantes que pivotan sobre la información que manejaban los servicios de inteligencia antes de la entrada masiva, pasando por las conversaciones diplomáticas entre Madrid y Rabat, hasta la cooperación entre los distintos ministerios y las decisiones adoptadas en las primeras horas de la crisis migratoria.

Restan algo más de tres semanas para que esas explicaciones parlamentarias se produzcan. Entre tanto, Pedro Sánchez convocaba a su Consejo de Ministros este viernes a una nueva reunión en remoto para analizar el escenario postcrisis. Un encuentro telemático en el que han participado los responsables de las carteras mencionadas anteriormente – a excepción de Félix Bolaños –, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego; y la portavoz del Gobierno y titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. 

(completar con un párrafo resumen de la reunión)

El presunto aviso del CNI como punto de partida

Marlaska asumirá uno de los interrogatorios más sensibles en el Congreso. El titular de Interior tendrá que afrontar las cuestiones más delicadas sobre la crisis de Ceuta. En concreto, entre las incógnitas de la gestión de Moncloa, sobresale la información previa que el Ejecutivo manejaba sobre el riesgo de que se produjera una entrada masiva de migrantes de Marruecos. Máxime después de que la Cadena SER publicara a principios de esta semana, citando fuentes relacionadas con la seguridad del Estado, que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) trasladó varios avisos a Interior en las semanas previas.

En virtud de dicha publicación, las advertencias no apuntaban a una fecha exacta para la eventual entrada, pero sí alertaban del incremento del riesgo. El ministro Marlaska, sin embargo, negó que hubiera recibido un aviso específico de los servicios de inteligencia españoles. Esa disonancia entre las versiones periodísticas y el relato oficial convierte el asunto en una cuestión troncal de su comparecencia. Incluso llegó a argumentar que, de haberse producido una alerta de tal magnitud, habría alcanzado las máximas instancias del Gobierno y, en tal caso, se hubieran adoptado medidas extraordinarias.

El papel de Marruecos y las diferencias dentro del Gobierno

La segunda gran incógnita lleva directamente hacia Rabat, personalizando sobre la figura de la ministra de Defensa. Margarita Robles asumió la narrativa más dura con respecto al papel de Marruecos. Reclamó responsabilidades al Gobierno marroquí por lo sucedido, además de denunciar el uso de menores en circunstancias que podían poner en peligro sus vidas. En este sentido, redobló el blindaje del Gobierno a los trabajos de los servicios de inteligencia.

Su posición, sin embargo, situó como objeto de debate el grado de responsabilidad que el Gobierno español atribuye a Marruecos y si, particularmente, existe una posición plenamente uniforme entre los principales ministerios implicados. He ahí donde cobra sensibilidad la comparecencia de José Manuel Albares. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación fue de los más criticados en las primeras horas de la crisis y deberá arrojar luz sobre el canal diplomático con las autoridades marroquíes antes, durante y después de los sucesos.

El jefe de la diplomacia española se enfrentará también a otros interrogantes de calado, como la información que Rabat transmitió al Gobierno de España o las lecturas que Madrid ha extraído de la actuación de un país como Marruecos, cuya cooperación es capital para el control fronterizo. Además, la cuestión trasciende el plano estrictamente migratorio, después de que el presidente de Ceuta, el popular Jesús Vivas, trasladara esta misma semana ante el Parlamento Europeo su preocupación por que la seguridad de la ciudad dependa en buena medida de las actitudes del vecino africano.

La coordinación de las respuestas gubernamentales

De la respuesta diplomática española, la atención se trasladará a la reconstrucción de cómo se repartieron las responsabilidades en el Gobierno. Interior tenía las competencias directamente relacionadas con el control fronterizo y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por su parte, Defensa tomó parte en el dispositivo y tiene bajo su control al departamento de inteligencia. La cartera de Albares gestionó el contacto con Marruecos mientras abría el canal con los socios de la Unión Europea. Por su parte, Bolaños acudirá a la Comisión de Seguridad Nacional en calidad de ministro de la Presidencia.

La presencia de los cuatro departamentos reflejaría hasta qué punto la crisis desbordó desde sus primeras horas la cuestión meramente migratoria. A ellos, como ha ocurrido este viernes, se suman otros ministerios que continúan trabajando sobre sus consecuencias; como es el caso del Ministerio de Juventud e Infancia que dirige Sira Rego, quien tiene previsto desplazarse hasta territorio ceutí para analizar la situación de los menores no acompañados. Inclusión, por su parte, arrima el hombro en términos de coordinación gubernamental. Queda pendiente de resolución, por tanto, qué organismo asumió en cada momento la tutela del dispositivo de respuesta y cómo circuló la información interdepartamental.

Cuatro ministros, pero no Sánchez

La ronda de comparecencias anunciadas por el  Gobierno no incluye al presidente del Gobierno. Hasta la fecha, Sánchez se ha involucrado personalmente en la gestión política de la crisis. Prueba de ello es el encuentro telemático de este viernes, poniéndose al frente de la reunión de coordinación interministerial. Las explicaciones parlamentarias, sin embargo, se han repartido entre las cuatro cabezas responsables de las áreas afectadas.

A pesar de la movilización de activos del Consejo de Ministros, la ausencia de Sánchez no calma la sed de sangre de la oposición en la derecha del arco parlamentario. El Partido Popular tiene en el fuego el caldo para volcar toda la responsabilidad narrativa sobre el jefe del Ejecutivo. Los conservadores centran sus críticas en su actuación durante la crisis, explotando su estancia en Lanzarote mientras obvian su implicación directa en la coordinación y gestión de lo sucedido en Ceuta y sus consecuencias.

En cualquiera de los casos, no sería excepcional que sean los ministros quienes asuman el protagonismo en la rendición de cuentas antes sus respectivas comisiones. Pero el principal partido de la oposición estima que una crisis que afecta de manera simultánea a seguridad nacional, política exterior, inmigraciones, relaciones con Marruecos y coordinación entre administraciones mantiene abierta la reclamación para que Sánchez ofrezca explicaciones también en sede parlamentaria.

El Gobierno trata así de tomar la iniciativa parlamentaria solicitando sus propias comparecencias, pese a que el Partido Popular las registrara previamente. El calendario elegido, sin embargo, concede un balón de oxígeno al Gobierno para ordenar y coordinar todas las respuestas en esta suerte de control de daños. Para entonces, se habrá perdido parte de la intensidad de la emergencia inmediata, pero no las derivadas políticas subyacentes.