El invierno será crudo para Quim Torra en el Palau de la Generalitat. La Fiscalía, los partidos de la oposición negociadora y sus socios de gobierno han dejado en manos del Tribunal Supremo la decisión sobre su presidencia, tras haber coincidido también todos que la Junta Electoral Central no está acreditada para actuar contra un diputado una vez ha tomado posesión del cargo.

A Torra solo le queda la elección de avanzarse a los acontecimientos o dejarse llevar por estos. Mientras se lo piensa, se mantiene firme en la monotonía de su mandato, organizando reuniones infructuosas y observando como el escenario diseñado por los socialistas y ERC, con el apoyo activo de los Comunes, va tomando cuerpo, sin que su desdén por el diálogo ni el anuncio de su desgracia les influya lo más mínimo.

La reunión del viernes del denominado Espacio de Diálogo fue corta e inútil, como las anteriores, justamente por ser una repetición de las convocatorias previas. La mesa de grupos parlamentarios solicitada por el PSC en el Parlament se materializó en una convocatoria del gobierno a la que asisten los grupos que forman parte del mismo (JxCat y ERC), la oposición dialogante (PSC y Comunes); Ciudadanos, PP y la CUP rechazaron participar desde el primer día.

El Gobierno no busca en estas sesiones ningún consenso para fijar una posición lo más amplia posible, se limita a repetirles a los presentes que la autodeterminación es la madre de todas las soluciones. Ante tanta temeridad, Comunes y PSC repiten sus alegatos en favor de una auténtica negociación y piden elecciones, soñando un gobierno catalán dispuesto a dialogar de verdad.

Mientras Torra y JxCat repiten sus mantras, los primeros permisos penitenciarios a los presos del Procés han sido concedidos sin que se haya oído ninguna voz en contra, ni de la fiscalía; excepto la de Ciudadanos siempre atentos a impedir cualquier mejora de las cosas. También se han aprobado tres nuevas delegaciones exteriores de la Generalitat sin que el gobierno central haya presentado ninguna pega, después que el decreto de aprobación fuera modificado a instancias del ministerio, eliminando el objetivo de la creación de relaciones bilaterales con el país que las acoge e introduciendo que su actividad se limita a las competencias de la Generalitat.

La coincidencia de estas tres nuevas aprobaciones con la suspensión de las 6 delegaciones recurridas durante el mandato del entonces ministro Borrell ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, justamente por incluir el decreto de creación las referencias ahora eliminadas, fue aprovechada por la derecha para señalar un nuevo desplante a la justicia por parte del gobierno Sánchez, pasando por alto los cambios aplicados.

La nueva etapa política inaugurada con la investidura de Sánchez sigue adelante con pasos modestos y el anuncio de novedades más substanciales, como la aprobación de tres presupuestos de golpe y por efecto dominó. El primero, el del Ayuntamiento de Barcelona, tras la escenificación de un inminente acuerdo entre Ada Colau y Ernest Maragall.

El gobierno de los Comunes y el PSC tienen todo a punto para satisfacer los últimos deseos de ERC. Por su parte, los republicanos y los Comunes están ansiosos por dar luz verde a unas cuentas de la Generalitat que deben ser asumidas por JxCat. Si todo se sigue sin sobresaltos, llegará el acuerdo en Madrid.

En el caso de la Generalitat, los presupuestos no garantizan la continuidad del gobierno Torra; quienes los están negociando con mayor ilusión (los Comunes) ya piensan a los cuatro vientos en una eventual nueva mayoría, el tripartito de izquierdas, a la que el PSC echa continuamente jarros de agua fría para curarse en salud de toda precipitación.

El futuro del gobierno de la Generalitat está en manos de Quim Torra. La convocatoria de elecciones es la última prerrogativa del presidente y seguramente también la única que le queda por ejercer dado su progresivo aislamiento político ante una inhabilitación. Sin embargo, no está claro que la vaya a tomar. De querer convocarlas, debe hacerlo antes de su inhabilitación, porque una vez la sentencia sea firme, el pleno del Parlament no le va a poder salvar de la misma, solo amagar con hacerlo para cubrir el expediente. La disyuntiva en la que se mueven Torra y JxCat está en valorar cuál de los escenarios posibles perjudica más las expectativas electorales de ERC.

De disolver Torra el Parlament antes de la inhabilitación, los diputados no deberían pronunciarse sobre la aceptación de la misma, una circunstancia que se puede convertir en un mal trago para ERC y que probablemente no le van a ahorrar sus socios de JxCat.

Para cargar a los republicanos con la mochila de colaboradores con la justicia del estado opresor, Torra deberá tentar a la cámara con un acto de desobediencia; él suele decir que esperará a que los diputados catalanes le “desautoricen”, pensando específicamente en los de ERC. Nadie desautorizará al presidente Torra porque ya no ostentará la presidencia, pero ERC habrá permanecido pasiva ante la provocación de desobediencia y esto pasará a ser argumento electoral de JxCat.

Una vez el Parlament asuma la eficacia de la sentencia firme, JxCat tiene otras dos opciones. Dejar que una presidencia en funciones (la del vicepresidente Aragonés para más inri) espere pacientemente el cumplimiento de los trámites para el adelanto electoral o intentar la investidura de un nuevo presidente para agotar la legislatura. ERC ya ha hecho saber a sus socios que no participará de ninguna investidura, lo que condena a JxCat a gobernar en solitario y en deslumbrante minoría en esta eventual prolongación del actual mandato parlamentario.

El nuevo presidente y su gobierno deberían enfrentar una auténtica agonía, con el riesgo complementario de alejar las elecciones del episodio de abandono a Torra por parte de ERC y de dar tiempo a los republicanos a recoger unos eventuales beneficios para Cataluña de la tregua implícita en el pacto con los socialistas.