La crisis de Ceuta ha abierto un nuevo frente en la relación entre la Unión Europea y Marruecos: el de la financiación comunitaria. El Parlamento Europeo aprobó este jueves una resolución, por 339 votos a favor, 225 en contra y 16 abstenciones, en la que reclama que la UE disponga de mecanismos para suspender de forma inmediata desembolsos y recuperar fondos cuando un país socio no coopere o cuando estén en juego los intereses de la Unión o de uno de sus Estados miembros. Marruecos no aparece citado expresamente en ese punto, pero el debate nace de la crisis ceutí y la enmienda que introdujo esa referencia fue promovida por Vox. La petición de cortar de inmediato toda la financiación europea a Rabat, no obstante, no salió adelante.
La cuestión relevante ahora no es tanto la votación en sí como lo que puede significar para una relación que durante años ha tenido un componente financiero importante. Marruecos es uno de los principales receptores de fondos europeos en la vecindad sur y la cooperación migratoria constituye una parte específica de esa relación. La resolución no corta ninguna ayuda por sí misma, pero introduce presión política para que el cumplimiento de los compromisos de cooperación tenga un vínculo más explícito con el acceso a determinados recursos comunitarios.
Más de 1.000 millones en cooperación bilateral
El principal instrumento financiero de la UE con Marruecos es el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional-Global Europe (NDICI-GE), vigente para el periodo 2021-2027.
La Comisión Europea señala que la asignación bilateral para Marruecos entre 2021 y 2025 ascendió aproximadamente a 1.150 millones de euros. Ese dinero no corresponde a una única partida ni se entrega directamente al Gobierno marroquí sin condiciones: financia programas de reforma de la Administración, justicia, transición verde, educación, protección social, empleo, inversiones, cultura o sociedad civil, entre otros ámbitos.
La cifra debe además distinguirse de la financiación movilizada a través de Global Gateway, la estrategia europea de inversiones exteriores. En este ámbito, Bruselas ha comprometido más de 1.100 millones de euros en subvenciones, financiación combinada y garantías para Marruecos, con la expectativa de movilizar unos 5.500 millones de euros de inversiones para 29 proyectos. No se trata, por tanto, de otros 1.100 millones entregados en efectivo a Rabat, sino de instrumentos financieros de distinta naturaleza.
La relación económica es más amplia todavía. En 2023, la Comisión anunció nuevos programas de cooperación con Marruecos por valor de 624 millones de euros, relacionados con transición verde, migración y reformas. Dentro de ese paquete figuraba un programa de apoyo presupuestario en materia migratoria de hasta 152 millones de euros durante un máximo de cuatro años.
¿Cuánto dinero está relacionado directamente con la migración?
Aquí aparece una de las claves de la discusión política. Según los datos actuales de la Comisión, entre 2021 y 2024 Marruecos recibió aproximadamente 222 millones de euros dentro de la financiación del NDICI-GE destinada específicamente a migración y desplazamientos forzosos. Es dinero destinado a ámbitos como gestión migratoria, retornos y reintegración, lucha contra las redes de tráfico de personas, protección de migrantes y solicitantes de asilo, control fronterizo y vías de migración legal.
A partir de 2025 existe además una nueva dotación regional para migración en el norte de África de 675 millones de euros para 2025-2027. La Comisión desglosa ese paquete en 140 millones para protección, otros 140 millones para gobernanza y gestión migratoria, incluidos seguridad, fronteras y lucha contra el tráfico, 176 millones para retorno y reintegración, 47 millones para migración legal y movilidad, 12 millones para medidas de apoyo y 160 millones para el programa de apoyo presupuestario a la Estrategia Nacional de Inmigración y Asilo de Marruecos.
Estas cifras permiten entender el alcance de la discusión, pero también obligan a evitar una lectura simplista: no todo el dinero europeo que recibe Marruecos está destinado a controlar sus fronteras, y tampoco toda la cooperación migratoria consiste en transferencias directas a las autoridades marroquíes.
Bruselas no puede cortar los fondos de un plumazo
La resolución aprobada por la Eurocámara tiene peso político, pero no equivale a una orden de suspensión de la financiación. La gestión del NDICI corresponde fundamentalmente a la Comisión Europea, que ejecuta los programas directamente, a través de las delegaciones de la UE, o indirectamente mediante organismos y entidades encargadas de ejecutar los proyectos. El Reglamento del NDICI establece distintas modalidades de financiación, entre ellas subvenciones, contratos, apoyo presupuestario, instrumentos financieros y garantías.
Por eso, para convertir la advertencia del Parlamento en una suspensión efectiva habría que determinar qué programas se quieren paralizar, en qué fase se encuentran y cuál es su base jurídica. No es lo mismo impedir un nuevo desembolso que cancelar un programa ya contratado, ni recuperar dinero que ya ha sido correctamente abonado que exigir la devolución de cantidades cuando existe un incumplimiento de las condiciones.
El propio reglamento establece que las decisiones de apoyo presupuestario deben basarse en criterios de admisibilidad y en una evaluación de riesgos y beneficios. Además, la programación europea tiene en cuenta el compromiso y los progresos del país socio en ámbitos como democracia, Estado de Derecho, derechos humanos y cooperación migratoria.
En otras palabras, el Parlamento Europeo puede impulsar políticamente un cambio de enfoque, pero no puede suspender por sí solo los fondos destinados a Marruecos mediante una resolución política. La Comisión tendría que utilizar los instrumentos jurídicos y presupuestarios disponibles y, cuando fuera necesario, actuar conforme a las reglas de los programas y contratos concretos.
Precedentes de suspensión
La UE ya ha utilizado la financiación como instrumento de presión frente a terceros países. El ejemplo más claro de los últimos años es Níger: tras el golpe de Estado de julio de 2023, la UE anunció la suspensión inmediata del apoyo presupuestario a este país. Posteriormente, la Comisión explicó que los programas estatales y relacionados con seguridad habían quedado en suspenso, mientras continuaban las actuaciones directamente beneficiosas para la población.
El precedente es relevante porque muestra que una suspensión no tiene por qué equivaler a cortar absolutamente toda la ayuda. En Níger se mantuvo la asistencia humanitaria y otros programas destinados directamente a la población, mientras se congelaban determinadas modalidades de cooperación con las autoridades estatales. Es también una referencia para entender qué podría ocurrir con Marruecos si algún día se activara un mecanismo similar.
No obstante, huelga decir que aunque la resolución europea cambie el tono del debate, no lo hace así con la arquitectura jurídica de la relación con Marruecos de un día para otro: Rabat continúa siendo considerado por la Comisión un socio estratégico en materia migratoria, y el cambio discursivo no supone suspensión alguna. La novedad de la crisis de Ceuta es que una parte de la Eurocámara quiere introducir una condición política más explícita: si la cooperación de un país tercero afecta a la seguridad o a los intereses de un Estado miembro, los fondos europeos no deberían quedar al margen de la respuesta. Para Marruecos, el riesgo inmediato no es perder de golpe los más de 1.000 millones de euros de cooperación bilateral, sino que Bruselas ha empezado a debatir abiertamente si la cooperación financiera puede condicionarse de forma más estricta al comportamiento de los países socios.
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