La crisis del ático de lujo adquirido por Planifica Madrid bajo premisa del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha comenzado a escaparse de la discusión sobre los 6,3 millones de euros de la operación inmobiliaria. El foco se desplaza ahora hacia el perímetro de personas que rodea a la presidenta madrileña, su estructura de asesoramiento y, sobre todo, el volumen de recursos públicos destinados a sostener el aparato político, administrativo y comunicativo de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.
Un análisis elaborado a partir de los datos publicados en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid por el abogado que ha llevado la operación ante el Tribunal de Cuentas, Francisco Javier Flores Vaquerizo —conocido públicamente como Jota Vaquero—, cifra en 50 los puestos integrados en el entorno directo de la Presidencia cuando se suman el gabinete y la estructura de prensa y comunicación. La cuantía anual asociada a ambos bloques asciende, según su transcripción de los datos de Transparencia, a 3.560.014,62 euros.
La cifra introduce una nueva dimensión en una polémica que ya acumula decenas de interrogantes sobre la compra del inmueble, su destino, el procedimiento seguido y la actuación de la empresa pública. La operación adquisitiva ha sido denunciada ante el Tribunal de Cuentas por un posible menoscabo de fondos públicos y varias iniciativas judiciales han llegado a los tribunales para que se examine su legalidad.
El dato político más llamativo del análisis de Vaquero afecta directamente al liderazgo del Partido Popular. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, afirmó que la Comunidad había explicado que el ático estaba destinado a acoger temporalmente a “seis, siete u ocho” personas durante las obras de la Real Casa de Correos. Pero el recuento de Transparencia que aporta el abogado duplica, e incluso amplía, esa dimensión cuando se considera el gabinete completo.
La cuestión ya no es únicamente cuánto costó el ático. Es cuánto cuesta el universo administrativo, político y comunicativo que rodea al despacho presidencial.
Dieciséis puestos para el gabinete de la presidenta
Según los datos del Portal de Transparencia recopilados por Vaquero, el Gabinete de la Presidenta está compuesto por 16 puestos y supone un coste anual de 1.049.281,64 euros, con una remuneración media de unos 65.580 euros.
Dándole vueltas a lo que dijo Feijóo dijo sobre el traslado al ático de “seis, siete u ocho puestos” de secretaría y Gabinete, me pareció poca gente.
— Jota Vaquerizo (@JotaVaquerizo) August 24, 2026
He ido a contarlos al Portal de Transparencia.
No son “seis, siete u ocho”. Son 50 puestos eventuales de confianza. Y solo 16… https://t.co/2sjVbz6E8s
La estructura comprende cinco asesores de la presidenta, con retribuciones que oscilan en torno a los 91.000-93.000 euros anuales. En conjunto, estos cinco puestos representan 457.971,48 euros.
A ellos se añaden tres puestos de secretaría —un jefe de despacho y dos técnicos de apoyo—, cuyo coste conjunto alcanza 232.889,12 euros; cuatro conductores, con 204.783,84 euros en total, y cuatro puestos de tramitación, que suman 153.637,20 euros.
La radiografía permite observar una arquitectura interna mucho más amplia que la imagen de un reducido grupo de asesores alrededor de la presidenta. No significa, por sí misma, que todos esos empleados sean asesores políticos ni que su existencia resulte irregular: buena parte de ellos desempeña funciones administrativas, técnicas o logísticas. Pero sí permite dimensionar el aparato humano que acompaña al ejercicio cotidiano de la Presidencia.
Y ahí aparece una de las comparaciones que Vaquero considera más significativas.
Conducir para la presidenta cuesta más que tramitar para el Gobierno
Los datos salariales muestran, según el análisis difundido por el abogado, una diferencia apreciable entre determinados puestos del gabinete presidencial y sus equivalentes en otras consejerías.
Un conductor adscrito a un consejero percibe, según las cifras comparadas por Vaquero, 39.801,92 euros anuales, mientras que un conductor de la presidenta alcanza los 51.195,96 euros. La diferencia es de 11.394,04 euros, un 28,6%.
El mismo patrón se observa al comparar a los conductores con los puestos de tramitación del propio gabinete presidencial. Los primeros perciben 51.195,96 euros frente a los 38.409,30 de quienes realizan tareas administrativas de expediente.
La lectura política que hace Vaquero es deliberadamente crítica: sostiene que la diferencia no parece explicarse por una mayor cualificación o responsabilidad objetivable, sino por la proximidad funcional al cargo presidencial.
Conviene, sin embargo, distinguir entre una diferencia retributiva y una irregularidad. Que un puesto tenga una remuneración superior a otro no acredita por sí mismo un trato arbitrario o ilegal; para establecerlo habría que conocer la clasificación profesional, los complementos específicos, las condiciones de cada puesto y los criterios que justifican esas retribuciones.
Lo que sí permiten los datos es formular una pregunta sobre las prioridades internas de una Administración: qué funciones se retribuyen mejor y bajo qué criterios.
El gran salto: 34 puestos de prensa y comunicación
Pero el verdadero salto cuantitativo aparece al incorporar la estructura de Prensa y Comunicación.
De acuerdo con el recuento realizado a partir del Portal de Transparencia, este bloque suma 34 puestos y 2.510.732,98 euros anuales. De ellos, 23 se sitúan en el núcleo de la Dirección General de Medios y otros 11 corresponden a personal destacado en las diferentes consejerías.
La suma de gabinete y comunicación alcanza así los 50 puestos y 3,56 millones de euros anuales.
La comparación resulta especialmente significativa: la estructura de comunicación representa aproximadamente dos veces y media el coste del gabinete presidencial. En otras palabras, por cada euro destinado al gabinete, la estructura comunicativa absorbe alrededor de 2,4 euros.
Vaquero sintetiza la relación con una formulación provocadora: la Administración madrileña destinaría más recursos a comunicar la acción política que a la estructura formal de asesoramiento de la propia presidenta.
Pero también aquí es necesario introducir una cautela periodística. La Dirección General de Medios no es exclusivamente un aparato dedicado a Ayuso. Sus efectivos prestan servicio a la Administración regional y a las diferentes consejerías. Equiparar automáticamente toda esa estructura con un «ejército comunicativo de Ayuso» sería, por tanto, una simplificación.
Lo que sí resulta verificable a partir de las cifras es la magnitud de la maquinaria de comunicación institucional de la Comunidad de Madrid.
Una frontera difusa entre información institucional y estrategia política
La cuestión adquiere mayor interés cuando se observa la organización territorial del sistema. Según el análisis de Vaquero, cada consejería cuenta además con su propio asesor de prensa integrado en su gabinete, mientras que existen efectivos dependientes de Presidencia destinados a esas mismas áreas.
La coexistencia de ambas estructuras abre una discusión recurrente en las administraciones contemporáneas: dónde termina la comunicación institucional y dónde comienza la estrategia política.
La primera tiene una función legítima: informar a los ciudadanos sobre políticas públicas, decisiones administrativas y actuaciones de los poderes públicos. La segunda persigue objetivos distintos: construir relato, anticipar conflictos, gestionar crisis y preservar la imagen de una organización política.
Ambas realidades pueden convivir, pero su frontera debe permanecer nítida. La comunicación financiada con dinero público está sometida a principios de neutralidad institucional y servicio al ciudadano. No puede convertirse en propaganda partidista.
Precisamente por eso, el volumen de recursos destinado a comunicación exige algo más que una cifra: exige transparencia sobre funciones, dependencia orgánica, objetivos, criterios de contratación y resultados.
El ático como símbolo de una estructura mucho mayor
El escándalo inmobiliario ha terminado funcionando como una suerte de espejo deformante que permite observar otras dimensiones de la Presidencia madrileña.
La adquisición del inmueble de Chamberí —un ático de 485 metros cuadrados comprado por 6,3 millones de euros y posteriormente puesto a la venta— ya había generado controversia por las dudas sobre su utilización como oficina, la ausencia inicial de información pública suficiente y la singularidad de la operación dentro de la actividad habitual de Planifica Madrid.
La empresa pública, adscrita a la Consejería de Presidencia y presidida por el consejero Miguel Ángel García Martín, quedó así en el centro de una operación que ahora examinan distintas instancias.
El Tribunal de Cuentas recibió una denuncia para investigar un eventual menoscabo de fondos públicos, mientras que la Fiscalía remitió posteriormente al Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid varias denuncias relacionadas con la adquisición. Todo ello debe interpretarse como investigaciones y denuncias pendientes de resolución, no como una declaración de responsabilidad o culpabilidad.
El inmueble, además, fue puesto en venta por la Comunidad tras estallar la controversia, lo que ha añadido otra pregunta al expediente: por qué una Administración adquirió un activo cuya utilización institucional ha sido posteriormente cuestionada y por qué decidió desprenderse de él en un plazo tan corto.
La contradicción que señala Vaquero
Es en este contexto donde el análisis del abogado adquiere relevancia política. Vaquero confronta el número de personas que, según las explicaciones trasladadas a Feijóo, necesitaban temporalmente un espacio alternativo con la estructura completa que figura en Transparencia.
La diferencia no es menor: seis, siete u ocho personas frente a 16 puestos en el gabinete, según la interpretación de los datos que maneja el denunciante.
Pero tampoco significa automáticamente que el inmueble se comprara exclusivamente para esas 16 personas. El argumento sobre el destino del ático y el número exacto de usuarios que se pretendía alojar debe ser acreditado mediante documentación administrativa y no puede deducirse únicamente de una plantilla presupuestaria.
Precisamente ahí reside uno de los principales interrogantes del caso.
El propio EL PAÍS ha publicado que el Gobierno madrileño encargó a una inmobiliaria de lujo la búsqueda de un inmueble de entre 250 y 400 metros cuadrados y con una gran terraza antes de adquirir finalmente el ático de Chamberí. El inmueble, además, presenta limitaciones urbanísticas para su utilización como oficina, según la información publicada.
La controversia, por tanto, no se reduce al precio de compra. Abarca la necesidad que justificó la operación, las características solicitadas, el procedimiento de selección, la adecuación del inmueble al uso previsto y la decisión posterior de venderlo.
La opacidad que permanece
Hay un elemento señalado por Vaquero que introduce una reflexión adicional: la información disponible no permite reconstruir con plena precisión la trayectoria temporal de todos los puestos.
Según el abogado, el Portal de Transparencia no permite conocer de forma suficiente la fecha de nombramiento y la antigüedad de cada persona, por lo que tampoco resulta posible calcular cuánto dinero público ha percibido cada empleado desde su incorporación.
Conocer el salario anual de un puesto no equivale a conocer el coste acumulado de su ocupante. Para ello serían necesarios, entre otros datos, fecha de nombramiento, periodos efectivamente trabajados, modificaciones retributivas y eventuales complementos.
La transparencia administrativa no consiste únicamente en publicar nombres y cantidades. También exige que los datos permitan comprender la estructura, reconstruir decisiones y ejercer un verdadero control ciudadano. Porque la transparencia que obliga al ciudadano a interpretar piezas aisladas no es todavía transparencia plena: es información disponible, pero no necesariamente información inteligible.
El problema de fondo: cuánto cuesta gobernar y cuánto cuesta contar que se gobierna
Los datos analizados no prueban por sí mismos una irregularidad, un despilfarro o una utilización partidista de recursos públicos. Pero sí permiten plantear un debate legítimo sobre la eficiencia, la proporcionalidad y la transparencia de parte de la vida pública.
En una democracia madura, el problema no es que un Gobierno disponga de asesores, secretarios, conductores o periodistas. El poder necesita comunicación. También necesita asesoramiento. Pero ambos deben permanecer subordinados a una idea más sencilla y más exigente: el dinero público pertenece a los ciudadanos.
El ático de Chamberí, convertido ya en símbolo de una crisis política que la venta del inmueble no ha conseguido clausurar, puede terminar siendo algo más que una polémica inmobiliaria. Puede convertirse en una radiografía del modo en que se organiza, se protege y se comunica el poder autonómico.
Y quizá esa sea la pregunta que permanezca cuando desaparezca el ruido alrededor del inmueble: no solo cuánto costó el ático, sino cuánto cuesta todo lo que existe alrededor de quien ocupa el despacho para el que aquel ático fue adquirido.
La respuesta está, al menos parcialmente, en los datos de Transparencia. Lo que todavía falta es conocer con suficiente detalle qué hay detrás de cada cifra.
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