Consumo prohíbe la celebración de espectáculos taurinos con personas con enanismo: hasta un millón de multa

El Gobierno ha dado un paso más para garantizar la dignidad de las personas con discapacidad. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que modifica el Reglamento de Espectáculos Taurinos y prohíbe la autorización de espectáculos cómico-taurinos que atenten contra la dignidad humana y denigren públicamente a personas con discapacidad, poniendo especial énfasis en aquellas con enanismo, que históricamente han sido utilizadas en este tipo de eventos.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, capitaneado por Pablo Bustinduy, pretende que con este paso no quede ya “ningún resquicio legal para permitir espectáculos en los que se realiza una mofa pública de personas con discapacidad”. La modificación del Reglamento se realizará a través de un añadido en el apartado 4 del artículo 90, que incluirá el siguiente redactado:

“En todo caso, los espectáculos cómico-taurinos respetarán la dignidad humana, sin que puedan lesionar los derechos de las personas ni someterlas a mofa o denigración pública, en particular, de las minorías sociales, como la de las personas con discapacidad. La Autoridad gubernativa competente no podrá autorizar espectáculos cómico-taurinos que infrinjan este mandato”.

Esta modificación refuerza las restricciones que ya pesaban sobre estos espectáculos, gracias a la aprobación de la Ley General de Discapacidad. Además, la reforma de esta ley, actualmente en tramitación, establece que estas prácticas denigrantes constituirán infracciones muy graves con sanciones de entre 600.000 y un millón de euros.

Programa de acompañamiento y unidad de apoyo

Acompañando a estas políticas, el Ministerio de Bustinduy ofrece un programa de reinserción laboral para las personas con discapacidad que se han visto obligadas a trabajar en estos espectáculos taurinos y en otro tipo de shows denigrantes que hacen escarnio público de sus cuerpos. Este, bajo el nombre de ‘Pisadas con dignidad’, fue lanzado en 2022 por Derechos Sociales junto a la Fundación ONCE y ofrece a estas personas apoyo social y formación laboral para que puedan acceder a un trabajo digno y que no sea precario.

El decreto que ha recibido este martes el visto bueno de los ministros contempla también la creación de la UTAC, una unidad de apoyo y de coordinación que “actuará como un órgano especializado para asesorar y controlar a los gobiernos autonómicos en materia de accesibilidad”, dado que las administraciones regionales son las competentes de asegurar un correcto cumplimiento de la Directiva Europea de Accesibilidad.

“Prestará apoyo técnico y coordinará las comunicaciones entre los gobiernos autonómicos y las instituciones europeas, al tiempo que será un órgano de referencia en este ámbito tanto para la ciudadanía como para los operadores económicos”, explican desde Derechos Sociales, que culmina así la trasposición de la Directiva europea sobre los requisitos de accesibilidad de los productos y servicios, norma que genera obligaciones para que las personas con discapacidad puedan acceder y utilizar determinados productos y servicios en condiciones de igualdad.

“España se convierte así en uno de los pocos países de la Unión Europea en trasponer esta directiva al máximo nivel normativo; a través de una ley. Un paso con el que el Gobierno de España expresa su compromiso con el Derecho Comunitario y con la Accesibilidad Universal, ya que la norma impacta en un consumo más inclusivo estableciendo un sistema de control y sanción que garantice los derechos de las personas consumidoras con discapacidad”, celebran desde la cartera de Bustinduy.

Informe sobre la reforma del artículo 49 de la Constitución

Además de lo relacionado con este decreto, también se ha presentado en el Consejo de Ministros el informe sobre las actuaciones mandatadas por el nuevo artículo 49 de la Constitución, aprobado hace dos años. En su interior se incluye el desarrollo integral de la Ley ELA y el aumento de la inversión por parte del Gobierno para reforzar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y garantizar la financiación de los cuidados que requieren las personas con ELA.

Asimismo, se contempla la aprobación de la Estrategia Estatal para un nuevo modelo de cuidados; la prohibición del despido automático por incapacidad laboral permanente; la movilización de 20 millones de euros para reforzar la educación inclusiva y la atención temprana; y la aprobación del primer protocolo estatal de atención y comunicación a las personas con discapacidad en situaciones de emergencia.