El Congreso de los Diputados tiene previsto llevar a cabo la votación del suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo para investigar al exministro José Luis Ábalos. Esta votación se realizará en el Pleno programado para el miércoles 22 de enero de 2025, lo que permitirá al Supremo iniciar la investigación antes de que concluya el mes.
El suplicatorio fue previamente respaldado por unanimidad en la Comisión del Estatuto del Diputado, lo que facilitó el primer paso para que el Congreso autorice dicha investigación. No obstante, esta decisión debe ser ratificada en el Pleno, tal como estipula el reglamento del Congreso. El Reglamento señala que el dictamen debe ser votado en el primer Pleno ordinario posterior a la solicitud, lo que normalmente tendría lugar en febrero con el inicio de un nuevo periodo de sesiones. Sin embargo, según interpretaciones de los servicios jurídicos de la Cámara, el Reglamento tiene como objetivo evitar dilaciones en el proceso, por lo que se considera que se puede incluir en el Pleno del 22 de enero, sin necesidad de esperar a febrero.
Votación a puerta cerrada
Este Pleno tiene programada una sesión para debatir y votar tres decretos leyes del Gobierno, y se aprovechará esta misma ocasión para incluir en el orden del día la votación sobre el suplicatorio de Ábalos. Aunque la votación de los suplicatorios se realiza en el Pleno del Congreso, este proceso no es público. Se lleva a cabo en una sesión a puerta cerrada y sin transparencia, y solo se da a conocer el resultado final. Basándose en experiencias previas con casos similares, se anticipa que el exministro Ábalos podría pedir la palabra para explicar su versión de los hechos ante los diputados.
En cuanto a la votación, los diputados no están obligados a seguir directrices de sus partidos, ya que el voto es secreto. Sin embargo, dado que todos los grupos parlamentarios apoyaron la concesión del suplicatorio en la comisión, se espera que el resultado sea favorable a la autorización del Supremo para investigar al exministro. El presidente de la comisión, Manuel Cobo, del Partido Popular, subrayó que el proceso ha seguido todos los trámites establecidos, y destacó que Ábalos tuvo la oportunidad de presentarse ante la comisión y dar explicaciones tanto de manera verbal como por escrito, mediante un informe de 88 folios.
Durante su comparecencia ante la comisión, Ábalos defendió que ha sido víctima de una “operación” para vincularlo al caso de su exasesor Koldo García. Aseguró que la Policía Judicial lo ha investigado de manera irregular, sin contar con la autorización del Congreso para llevar a cabo dicha investigación. El informe de la comisión reflejará esta versión de los hechos y dejará constancia de las irregularidades que Ábalos alega en el proceso.
Una vez celebrada la votación en el Pleno y tras la ratificación del suplicatorio, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, comunicará la decisión a la autoridad judicial correspondiente. El Supremo recibirá el acuerdo y, a partir de ese momento, estará obligado a informar a la Cámara sobre cualquier resolución judicial que afecte al diputado, como autos o sentencias. Con el suplicatorio en manos del Supremo, el juez instructor del ‘caso Koldo’, Leopoldo Puente, podrá iniciar formalmente la investigación sobre Ábalos. El Supremo considera que existen indicios suficientes de la posible comisión de al menos cuatro delitos: integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.
Precedentes
El trámite del suplicatorio no es algo nuevo en el Congreso, ya que se ha producido en varias ocasiones a lo largo de la historia. Desde 1988, no se ha rechazado ningún suplicatorio, aunque en total el Congreso ha aprobado 33 y ha rechazado 14, siendo dos de ellos relacionados con el mismo diputado. La última vez que el Congreso rechazó un suplicatorio fue precisamente en 1988, en un caso que involucraba al exministro socialista José Barrionuevo, en un contencioso relacionado con un derecho al honor que involucraba la inclusión de sus fotografías en carteles de Interior.
El suplicatorio más reciente aprobado por el Congreso data de septiembre de 2022, cuando se autorizó al Supremo a investigar al exdiputado del Partido Popular Alberto Casero por presuntos delitos de prevaricación y malversación relacionados con contratos realizados cuando era alcalde de Trujillo, en Cáceres. Además, durante esa legislatura, también se concedieron suplicatorios a la expresidenta de Junts, Laura Borràs, y al exdiputado de Podemos, Alberto Rodríguez. Ambos casos involucraban acusaciones graves, en el caso de Borràs por fraude en la adjudicación de contratos, y en el de Rodríguez por un incidente con un policía antes de ser diputado.