La investigación abierta contra Begoña Gómez entra en una nueva fase judicial. Los recursos pendientes presentados por la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez; y el empresario Juan Carlos Barrabés dejarán de ser resueltos únicamente por el tribunal habitual que ha supervisado la instrucción del juez Juan Carlos Peinado. La decisión corresponderá ahora al pleno de la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid, integrada por cinco magistrados.
Hasta la fecha, las resoluciones sobre la causa habían recaído en un tribunal formado por la presidenta de la Sección, Rosario Esteban Meilán, junto a los magistrados Jesús Gómez-Angulo y Enrique Jesús Bergés de Ramón. A ellos se sumarán ahora Carlos Prat Westerlindh y José Sierra Fernández, ampliando el órgano encargado de revisar el futuro de una investigación que acumula ya más de un año de recorrido judicial y una intensa controversia jurídica y política.
La ampliación del tribunal supone que la última palabra sobre algunos de los recursos más relevantes ya no dependerá únicamente del criterio del trío de magistrados que ha acompañado prácticamente toda la instrucción, sino del conjunto de la Sección 23.
Un tribunal que avaló la continuidad de la investigación
Durante estos meses, la Sección 23 ha mantenido una posición de respaldo general a la investigación dirigida por Peinado, rechazando que la causa constituyera una investigación prospectiva y permitiendo que continuara avanzando. Al mismo tiempo, la Audiencia fue delimitando el objeto del procedimiento y corrigiendo varias decisiones del instructor.
Entre las resoluciones más significativas figura la exclusión del rescate de Air Europa del objeto de la investigación, acotando la causa a las adjudicaciones públicas obtenidas por el empresario Juan Carlos Barrabés, colaborador de Gómez en el Máster de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense.
Sin embargo, ese respaldo nunca fue absoluto. A lo largo de la instrucción, la Audiencia corrigió en numerosas ocasiones al juez instructor y revocó varias de sus decisiones procesales.
Las últimas resoluciones reflejan esa doble dinámica. La Audiencia ordenó recientemente a Peinado practicar tres declaraciones testificales solicitadas por la defensa de Begoña Gómez que el instructor había dejado sin resolver, al considerar que eran diligencias relevantes para garantizar su derecho de defensa. También anuló la decisión de transformar el procedimiento ordinario en un procedimiento para ser enjuiciado por un tribunal del jurado, obligando al juez a mantener la tramitación inicial.
Rosario Esteban, la presidenta de la Sección
La magistrada Rosario Esteban Meilán preside la Sección 23 desde la que se ha supervisado la causa. Su trayectoria ha estado ligada a la Audiencia Provincial de Madrid, aunque también ha aspirado a responsabilidades superiores dentro de la carrera judicial.
Entre otros procesos de promoción, presentó su candidatura tanto para integrar la Sala Segunda del Tribunal Supremo como para presidir la propia Audiencia Provincial de Madrid.
Jesús Gómez-Angulo y sus vínculos familiares con el PP
Otro de los magistrados que ha intervenido desde el inicio es Jesús Gómez-Angulo.
Su nombre ha aparecido en ocasiones por la trayectoria política de parte de su familia. Su hermano, Juan Antonio Gómez-Angulo, fue diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, teniente de alcalde del Ayuntamiento de la capital y secretario de Estado para el Deporte durante el Gobierno de José María Aznar. Asimismo, una sobrina del magistrado, Paula Gómez-Angulo, ocupa actualmente responsabilidades institucionales como concejala del PP en el Ayuntamiento de Madrid.
Enrique Bergés y resoluciones de fuerte repercusión pública
Completa el tribunal inicial Enrique Jesús Bergés de Ramón, quien anteriormente desarrolló funciones como titular del Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid.
Entre sus resoluciones más conocidas figura la imposición en 2010 de una fianza superior al millón de euros a dos periodistas de la revista Época procesados por un supuesto delito de injurias contra Jaime de Marichalar por una información relacionada con su divorcio de la infanta Elena. Aquella causa concluyó posteriormente con la absolución de ambos periodistas.
También estimó un recurso presentado por el exvicepresidente económico Rodrigo Rato para impedir que se investigaran los fondos de su hija dentro de una pieza separada vinculada a su patrimonio.
Los dos nuevos integrantes
La principal novedad reside en la incorporación de dos magistrados que no habían participado hasta ahora en las deliberaciones sobre la causa.
Carlos Prat Westerlindh regresó recientemente a la Sección 23 tras desempeñar responsabilidades en el Tribunal Supremo y en el Consejo General del Poder Judicial, donde ejerció funciones como inspector delegado en materia penal y sustituyó temporalmente al Promotor de la Acción Disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces.
Su reincorporación a la Audiencia provocó la salida de su sustituta, la exministra de Justicia Pilar Llop, quien ya se había apartado previamente de cualquier decisión relacionada con esta investigación por haber formado parte del Gobierno de Pedro Sánchez.
El quinto integrante será José Sierra Fernández, también con experiencia en el CGPJ, donde ejerció como letrado jefe de la Unidad de Actuaciones Previas en apoyo al Promotor de la Acción Disciplinaria. Esa circunstancia resulta especialmente relevante porque el actual Promotor, Ricardo Conde, ha propuesto archivar todas las quejas disciplinarias presentadas hasta ahora contra el juez Juan Carlos Peinado.
Una decisión clave para el futuro de la causa
El pleno de la Sección 23 deberá pronunciarse ahora sobre recursos que afectan al desarrollo mismo de la investigación y que pueden marcar su recorrido en los próximos meses.
La resolución llegará después de una instrucción especialmente controvertida, abierta a raíz de una denuncia presentada por Manos Limpias y caracterizada por sucesivas ampliaciones del objeto de investigación, varias correcciones de la Audiencia Provincial y un intenso debate jurídico sobre los límites de las diligencias practicadas por el juez instructor.
Con la incorporación de los dos nuevos magistrados, el tribunal encargado de revisar la causa gana un mayor peso colegiado. Sus futuras decisiones serán determinantes para definir el alcance definitivo de una investigación que se ha convertido en uno de los procedimientos judiciales de mayor impacto político de la legislatura.
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