Ceuta atrapa a Feijóo entre la ofensiva de Vox y una Ayuso que trata de escapar del escándalo del ático

La crisis de Ceuta no es solo un problema de fronteras o un choque diplomático con Italia. El episodio arroja diferentes fotografías y una de ellas enfoca las cañerías de la derecha española. En concreto, del Partido Popular. La escalada de tensión entre Madrid y Roma deja a Alberto Núñez Feijóo en una situación incómoda. El líder de los conservadores se encuentra atrapado entre la ofensiva de Vox, decidido a elevar al máximo la presión contra Pedro Sánchez y a marcar el paso a Génova, y una Isabel Díaz Ayuso que se ha aferrado a los controles de pasajeros transalpinos como a un clavo ardiendo en su momento de mayor fragilidad política, con el escándalo del ático de Chamberí arrinconando tanto a su Gobierno como a ella misma.

Génova alzó la voz de aquella manera contra el Ejecutivo en las primeras horas de la crisis. Con suma delicadeza para no incomodar a Marruecos, Feijóo guionizó la respuesta conservadora para convertirla en una nueva trinchera contra el Gobierno de Pedro Sánchez, acusándole de ofrecer una respuesta “tardía” e “insuficiente”. Reclamó a Moncloa que declarase la situación de interés para la Seguridad Nacional y ordenó a los cuadros de su partido que elevaran la presión para reformar la Ley de Extranjería y, de esta manera, extender los rechazos fronterizos a entradas por vía marítima. Ofensiva a la que sumaron una solicitud para la comparecencia urgente del propio Sánchez en el Congreso.

Una semana después de la crisis, la tensión atenaza ahora al Partido Popular. Máxime después del choque diplomático entre España y la Italia de Giorgia Meloni, que se intensificó esta semana con la reanudación de los controles a viajeros procedentes de territorio español. Roma arguyó riesgos migratorios y de seguridad. Moncloa, por su parte, respondió con el restablecimiento de controles sobre conexiones procedentes de Italia, vigentes inicialmente hasta el 7 de septiembre. Los italianos, en cambio, caducan este 15 de agosto.

Ahí se empezó a estrechar el margen para un Feijóo que permanece en silencio. Génova tiene ante sí varias salidas y ninguna exenta de riesgo. Endurecer aún más su posición contra Sánchez le permite competir con Vox en uno de los temas troncales de Santiago Abascal. Al mismo tiempo, sin embargo, le pone ante la tesitura de cuestionar una decisión italiana construida sobre un diagnóstico igualmente severo de la crisis española. Tampoco conviene abrir fuego contra Meloni, dado que le obligaría a marcar distancias con un Gobierno conservador que ha hecho de la política migratoria una de sus señas de identidad. Mención aparte a la segunda derivada que se presenta: defender tácitamente al Ejecutivo de Sánchez.

Vox obliga al PP a retratarse

De este modo, la tensión entre los gobiernos español e italiano ha dificultado la oposición interna. Sobre todo cuando este mismo fin de semana, Abascal, aprovechando el silencio popular, abrió una ventana de oportunidad con la activación del artículo 102 de la Constitución para exigir responsabilidades penales al presidente del Gobierno por una - argumenta - supuesta “traición” en la crisis ceutí. Alega el dirigente ultraderechista que Moncloa conocía de antemano la llegada masiva, a pesar de que en la coalición han rechazado esta versión por activa y por pasiva.

Abascal sabe que su iniciativa tiene poco recorrido parlamentario, pero sí podría conllevar cierto premio político. Para activar el mecanismo sería necesaria la firma de al menos una cuarta parte del Congreso de los Diputados. O lo que es lo mismo: 88 parlamentarios. Después, necesitaría el respaldo de la mayoría absoluta de la Cámara (176 escaños). Los ultras disponen de un grupo de 32, por lo que necesitarían inevitablemente el apoyo del Partido Popular incluso para poner en marcha el procedimiento.

Abascal sitúa así a Feijóo en un callejón prácticamente sin salida. Si los conservadores acompañan la iniciativa, asumirían un coste narrativo mucho mayor que la mera crítica a la agenda migratoria de Moncloa. En cambio, de rechazarla, Vox gana la batalla ante el electorado conservador como la única formación dispuesta a llegar a las cotas a las que el PP no se atreve. La presión llega, además, en un momento en el que Feijóo ya ha asumido públicamente que necesitaría a la extrema derecha para llegar al Gobierno. Lo cual añade una bifurcación en la encrucijada con el papel de Vox en los gobiernos de coalición autonómicos, donde ya han anunciado que plantarán al Gobierno en la sectorial convocada por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, para abordar la crisis.

Cortina de humo desde Sol

Pero el problema no es solo externo. Ayuso vuelve a apretar desde dentro. La presidenta de la Comunidad de Madrid, asfixiada por la acumulación de escándalos inmobiliarios y de gestión de los incendios en la Sierra Oeste, se aferra al clavo ardiendo de la crisis diplomática con Italia para escapar. Lo hizo ya desde el primer momento de la emergencia migratoria, desbordando el tono de la dirección nacional del PP: “Sánchez permite la invasión de España por Ceuta para intentar ocultar todos sus juicios. Hasta ahí llega”. Mensaje que coincidía en el tiempo con el anuncio de venta del ático de Chamberí.

Eso en el apartado de la emergencia, pues este pasado sábado volvía a la carga después de que el Gobierno confirmara el restablecimiento de los controles a pasajeros provenientes de territorio italiano. “El enfrentamiento con Italia es muy inteligente. Dejamos entrar a más de 70.000 personas ilegalmente solo por Ceuta y prohibimos la entrada a los italianos, país hermano que invierte y aporta a España. Espectacular esto de dar la espalda a Occidente”, escribió en otro post que se encuadró en el día después de que el Gobierno regional no solo pusiera en venta el ático de la discordia, sino que también adjudicara la reforma al estudio de la prima de la influencer María Pombo (Pombo Estudio S.L.) sin publicidad.

Coincidencia o no, la lectura política que se extrae es que el terreno migratorio, el choque frontal con Sánchez y las cuestiones de seguridad nacional le son más favorables a su estrategia habitual que la concatenación de escándalos inmobiliarios propios y de su entorno. De hecho, el escenario se calienta en clave popular, pues no son pocas las voces que - según adelantó El Constitucional - cuestionan la figura de la presidenta e incluso algunos la dan por amortizada.

La brecha es clara cuando desde la dirección nacional no se ha ordenado a sus cuadros el habitual cordón defensivo en torno a la lideresa. Este pasado domingo, El País apuntaba que solo un puñado de altos cargos del PP de Madrid han dado la cara para justificar a su presidenta. El contraste ha resultado suficientemente evidente como para que desde la propia formación madrileña se pidiese a sus diputados que amplificaran sus mensajes de apoyo.