En un momento en el que varias comunidades autónomas asisten a la entrega del Partido Popular (PP) a la extrema derecha en aras de conformar gobiernos de coalición, es ahora la formación de Alberto Núñez Feijóo la que garantiza que no darán "ni un paso atrás", especialmente en derechos LGTBI, si llegan al Gobierno de la mano de Vox. Una paradoja que se agudiza con el reciente ejemplo de la ‘prioridad nacional’, con la que los populares han cedido ante Vox, pero también en múltiples ejemplos que se han dado en el último año y que evidencian cómo el PP sí da pasos atrás si se trata de acercar posturas con la extrema derecha de Santiago Abascal.
Fue este viernes cuando el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, defendía que Feijóo que ya tiene marcadas sus "líneas rojas" y políticas innegociables en caso de que llegara a la Moncloa de la mano de la extrema derecha. "La Constitución, el Estado de las autonomías, la lucha contra la violencia de género y los derechos del colectivo LGTBI", ennumeraba De los Santos. En esta línea, cuestionado por si desde el PP están convencidos de que no se darán retrocesos en igualdad si llegan al Gobierno, el vicesecretario de Educación e Igualdad insistía: "No se va a dar ni un paso atrás". Asimismo, añadia que el PP "no ha dado ni un solo paso atrás en ninguna de las comunidades autónomas en las que se ha gobernado con Vox". "Es más, gracias a Vox, en algunos territorios se consiguió sacar de las instituciones a quienes llevaban como poco desatendiendo a los ciudadanos durante años", poniendo como ejemplo al anterior Gobierno del Botànic en la Comunitat Valenciana.
Sin embargo, este argumentario lanzado por De los Santos choca con la realidad que muchos ciudadanos de este país ya viven. El ejemplo más reciente está en el principio de ‘prioridad nacional’, condición sine qua non de Vox para pactar con el PP en autonomías como Extremadura, Castilla y León, Andalucía, Aragón o la Comunidad Valenciana. Con la premisa de los españoles primero, y relegando a los inmigrantes a un segundo plano, los populares han aceptado esta idea de la extrema derecha en buena parte del país con el objetivo de poder sellar un acuerdo de gobierno.
No obstante, las veces que el PP ha cedido ante la extrema derecha en materia migratoria no se limita a esta prioridad nacional. En marzo de 2025, el Gobierno de la Comunidad Valenciana, entonces dirigido por Carlos Mazón, aceptó la premisa de Vox de retirar subvenciones a la "inmigración ilegal" y con un plan de retorno de inmigrantes con tal de dar luz verde a los presupuestos autonómicos. Además, los populares aceptaban también crear una nueva partida en las cuentas para realizar pruebas fiables de diagnóstico de edad de inmigrantes ilegales.
Algo similar ocurría en las Islas Baleares, con el Ejecutivo de Marga Prohens. En mayo de 2025 los populares cerraban un acuerdo con Vox para sacar adelante los presupuestos, acatando órdenes de la extrema derecha en esta materia, como, por ejemplo, el endurecimiento de la política migratoria, el rechazo a la acogida de menores extranjeros no acompañados y la retirada de financiación para la construcción de centros de acogida.
En otro orden de cosas, en materia de violencia de género, área donde ahora el PP asegura que no retrocederán si llegan al Gobierno y pactan con Vox, cabe recordar que los de Feijóo ya han pasado por el aro de la extrema derecha en varias ocasiones. En 2023, con motivo del pacto de Gobierno en la Comunidad Valenciana, eliminaron el concepto de "violencia machista", para sustituirlo, como solicitaba Vox, por "violencia intrafamiliar". Con menor anterioridad en el tiempo, el Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el PP en coalición con Vox, no emitió ninguna declaración institucional por el 25N ni por el 8M. La extrema derecha bloqueó estos textos y el PP lo aceptó en aras de mantener la continuidad del acuerdo de gobierno.
Por su parte, en materia LGTBI, la Comunidad Valenciana ha sido una de las autonomías donde con mayor evidencia se ha visto reflejada la entrega del PP a Vox, pese a que ahora desde las filas de Génova aseguren que no darán "ni un paso atrás" en esta materia. También en mayo del año pasado, PP y Vox pactaron en Les Corts recortes a la ley trans. Además, en otro punto se establecía que el proyecto educativo de cada colegio "no tendrá que abordar de forma específica la identidad de género, la expresión de género, la diversidad sexual y familiar". Entre otras cosas, suprimían también la existencia de "discriminación por error", que en la ley viene definida como la que "existirá cuando se dé una situación en la que una persona o un grupo de personas son objeto de discriminación por identidad o expresión de género como consecuencia de una apreciación errónea".
Al hilo de todo ello, también ha sido sonado la retirada de las banderas LGTBI de edificos institucionales por parte del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid con motivo de las fiestas del Orgullo. Pese a que el Tribunal Supremo lo autorizó porque "proyecta la igualdad entre las personas", este año los edficios institucionales de Madrid tampoco lucirán esta bandera.
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