Centenares de investigadores denuncian que Marlaska está vetando el acceso a archivos del franquismo

El choque entre investigadores y el Ministerio del Interior, a cuenta del acceso a archivos del Franquismo custodiados por el Departamento de Fernando Grande-Marlaska, sigue creciendo. 500 académicos, dedicados a la docencia e investigación de historia contemporánea, ciencia política y otras disciplinas relacionadas, denuncian que se está boicoteando desde Interior el acceso a la documentación del antiguo Ministerio de Gobernación, principal herramienta de represión de la dictadura franquista que asoló España durante más de 35 años.

La ley establece que Interior no puede tener en su poder documentos de más de 30 años de antigüedad, salvo excepciones; tiempo tras el cual deben pasar a un archivo especializado. Sin embargo, Interior cuenta con material que data hasta del siglo XIX y las transferencias al Archivo General de la Administración (AGA), obligadas por la norma, no llegan tan siquiera al 10% del volumen total.

Marlaska asegura que de aquí a dos años se digitalizarán un millón de documentos penitenciarios y policiales, pero los investigadores consideran que esta demora no tiene ninguna justificación. Por todo, le han escrito una carta abierta al ministro del Interior para manifestar su “preocupación por las dificultades persistentes de acceso a la documentación”. “Esta situación frena el avance del conocimiento histórico y afecta al derecho de la ciudadanía a acceder a archivos públicos conforme a los estándares internacionales”, exponen en su misiva,

“Como bien sabe”, se dirigen a Marlaska, “el Archivo General del Ministerio del Interior (AGMI), como cualquier archivo ministerial, no debería custodiar documentación histórica. Además, le afean que incumpla su propia normativa de no retener archivos con una antigüedad mayor a 30 años. “Sin embargo, en la práctica comprobamos que el AGMI atesora decenas de miles de cajas, con millones de documentos del siglo XIX, de época de la Segunda República o del franquismo”, lamentan.

Esto, aseguran, “implica que numerosas investigaciones de carácter histórico deban pasar necesariamente por el AGMI” y, en la práctica, “se observan dificultades de acceso que no suelen presentarse en otros archivos públicos”. “Las solicitudes se atienden con grandes retrasos, no se facilitan los instrumentos de consulta y, en ocasiones, se entrega documentación que no se encuentra sometida a restricciones de acceso, con marcas actuales de censuras”, exponen directamente las prácticas de Interior.

Demandas al Ministerio del Interior

Los investigadores exponen que se está produciendo “la aplicación restrictiva de una regulación interna desfasada, que debe renovarse acorde a la actual normativa de transparencia y los estándares de apertura que rigen en la archivística nacional e internacional”. Por todo ello, solicitan que, bajo la aplicación estricta de la normativa, “se ordene la transferencia de la documentación histórica custodiada en el sistema de archivos del Ministerio del Interior”.

Para ello, instan a ejecutar de manera inmediata la transferencia al Archivo General de la Administración que lleva autorizada desde diciembre de 2024 (6.111 cajas de entre 1829-1994); identificar la documentación histórica que permanecerá tras esta transferencia y programar su traslado escalonado; y, mientras se materializan estas transferencias, garantizar el acceso a este patrimonio documental con condiciones equiparables a las del resto de la red de archivos estatales. Para este abordaje presentan una serie de pasos que consideran indispensables:

• Hacer públicos y accesibles los instrumentos de consulta del archivo.
• Simplificar el procedimiento de solicitud de documentación.
• Velar por que las solicitudes se resuelvan dentro del plazo obligatorio de un mes, reforzando, en su caso, el personal y los recursos del archivo para garantizarlo.
• Garantizar el acceso íntegro a la documentación que no tenga restricciones de acceso.
• Normalizar la consulta presencial en el archivo. En caso necesario, habilitar o adecuar espacios de consulta en el AGMI para blindar este derecho.
• Revisar y sustituir la Instrucción que regula el acceso a la documentación, de 2006, por un reglamento actualizado.
• Garantizar la no retroactividad de la ley franquista de secretos oficiales de 1968.