Las CCAA del PP plantan al Gobierno y mantienen su rebeldía contra el reparto de menores migrantes

Las Comunidades Autónomas (CCAA) gobernadas por el Partido Popular (PP) siguen empeñadas en boicotear el reparto de menores migrantes, pese a la situación de tensionamiento que atraviesan regiones como Canarias. La insolidaridad de los dirigentes conservadores, azuzada por la intención de arañar adeptos a las tesis racistas de Vox, ha llegado hasta la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, a la que se han negado a asistir los consejeros responsables de la materia, dejando plantado al Ministerio de Juventud e Infancia y obligando a la suspensión de la reunión por falta de quorum.

La insurrección de las autonomías ha impedido que se citase la instancia planteada precisamente para sostener los debates en torno a materias como el reparto de menores migrantes. La elusión de responsabilidades ha sido comandada por la Comunidad de Madrid, que ha anunciado en un vídeo su negativa a asistir al foro. La justificación, defendida por la consejera de Asuntos Sociales, Familia y Juventud madrileña, Ana Dávila, es que la convocatoria se ha realizado “de forma ilegal”, aunque el argumentario ha estado plagado de tesis racistas.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso acusa al Ejecutivo nacional de querer “prolongar” el “reparto forzoso de menores extranjeros no acompañados”. “La Comunidad de Madrid no va a participar de la política migratoria temeraria de Pedro Sánchez. Por coherencia y respeto a la legalidad, hoy no asistiré a la conferencia sectorial de infancia y adolescencia convocada de forma ilegal", ha trasladado Dávila. Cabe destacar que, a comienzos de este año, el Tribunal Supremo rechazo la paralización de 12 menores migrantes procedentes de Ceuta y Canarias que había solicitado la autonomía.

Un mes antes, el Alto Tribunal ya había mandatado a la Comunidad hacerse cargo de menores solicitantes de asilo, pero el Ejecutivo autonómico no ceja en su intento de frenar el reparto. Es más, Dávila, que representa la postura contraria a dar acogida a niños, es quien acusa al Gobierno de coalición de tratarlos “como si fueran paquetes” y repartirlos “forzosamente” y “contra su voluntad”. Es “inhumano”, se ha atrevido a aseverar, después de remitirle al Ministerio de Política Territorial y Función Pública una carta en la que garantizaba que no aceptaría a más menores.

Legalidad de la reunión

La otra arista argumental es la supuesta ilegalidad de la reunión. "Es una convocatoria ilegal porque fue rechazada en la comisión sectorial previa por la mayoría de las comunidades autónomas”, ha expuesto, presumiendo de que la mayoría de CCAA del PP usen su peso para boicotear los encuentros. “Además, ya se ha cumplido el año del plazo del decreto para el traslado forzoso de menores recurrido ante la justicia por la Comunidad de Madrid", ha incidido. Ante esta situación, Dávila ha trasladado que "no hay cobertura legal" para continuar con "este atropello a las competencias autonómicas y a la dignidad de las personas".

"La aplicación del Real Decreto y su desarrollo posterior han derivado, en la práctica, en un sistema de traslados que ha ignorado la necesaria coordinación con las entidades públicas de protección, la valoración individualizada de cada menor y, lo que es más preocupante, su propia voluntad y su situación familiar", ha remarcado durante su explicación. "Sánchez y sus ministros quieren continuar siendo el último transportista de las mafias. Madrid no se lo va a permitir", ha zanjado, cargando contra el Gobierno utilizando la vida de menores.