La nueva tasa de recogida de basura y gestión de residuos ha abierto una batalla de reproches entre ayuntamientos y el Gobierno de España en materia de competencias, mientras que los vecinos, especialmente de algunas ciudades, muestran su descontento por los desorbitados precios que tienen que pagar por este servicio.
Las cifras que muestran el Observatorio de la fiscalidad de los residuos de la Fundación ENT y que recoge el diario El País muestran una clara disparidad entre territorios en un ranking que lidera Valencia, donde la cuota para un hogar tipo se sitúa cerca de los 300 euros (287,5) al año, y cierra Toledo. En la capital castellanomanchega el mismo servicio cuesta 56,9 euros.
Los inspectores conciben el escenario poco menos que como un caos, fruto de la poca regulación, las prisas y una técnica deficiente que han cumplimentado en última instancia los ayuntamientos. El Gobierno de España publicó en 2022 una orden en el Boletín Oficial del Estado (BOE) sin demasiado detalle y como uno de los únicos protocolos que el gravamen no fuera deficitario, esto es, que sufragara el 100% del coste del servicio. ´
Desglose por barrios
A partir de ahí, algunos ayuntamientos han cumplido con la idea del Ejecutivo central, que pasaba por seguir el principio de pago por generación, en consonancia a lo que marca la directiva europea; y otros no tanto. Un ejemplo de estos segundos es el de Madrid, y es que el consistorio de José Luis Martínez-Almeida, cuyo cálculo ha despertado recelo.
Sea como fuere, el precio (en euros) que deberán abonar las capitales de provincia en sentido descendente en 2025 queda de la siguiente manera, según los cálculos del Observatorio de la fiscalidad de los residuos de la Fundación ENT.
- Valencia: 287,56
- Girona: 238,00
- Tarragona: 236,29
- Palma de Mallorca: 209,72
- San Sebastián: 206,90
- Córdoba: 197,95
- Bilbao: 194,60
- Castellón de la Plana: 193,62.
- Murcia: 170,10
- Jaén: 163,51
- Logroño: 153,44
- Iruña-Pamplona: 150,62
- Barcelona: 144,40
- Huelva: 142,71
- Alicante: 142,23
El caso de Madrid
Lo que hace la administración de Cibeles es que en lugar de asociar la tarifa básica directamente al coste efectivo del servicio de residuos o de la cantidad de residuos que genera cada hogar, lo relaciona con el valor catastral de la vivienda.
De esta manera, a la tarifa básica también se le añade una parte variable que depende de la generación de residuos y de la calidad de separación en cada bario o distrito y no por vivienda habitual, por lo que las zonas que registran mayores niveles de reciclaje como pueda ser Moratalaz pagan menos que Sol o Chamberí, entre otros, por lo contrario. En definitiva, que el enfado de la ciudadanía no viene dado tanto por los madrileños, sino depende del lugar en el que éstos residan.
El PP, que en este caso es quien gobierna en la capital, echaba la culpa tanto desde la ciudad como desde la Comunidad a Moncloa y su ley, mientras que el Ejecutivo central devuelve que la fórmula matemática de los ‘populares’ no está siendo la correcta.
Más Madrid puso en marcha una campaña informativa para animar al vecindario a recurrir el pago de la nueva tasa implantada por el edil primero. La formación defendió haberse opuesto a la medida cuando ésta se debatió en el Pleno del Ayuntamiento hace un año y que recurrió a los tribunales por no ajustarse a la normativa.
El grupo municipal no dudó en calificar de “chapuza” la tasa del regidor, tanto en términos jurídicos como en la práctica. Respecto de lo primero, Más Madrid sostiene que el Consistorio ha empleado de forma indebida la figura de la tasa, que se encuentra regulada por ordenanza fiscal, cuando el servicio de recogida no se presta de forma directa, sino a través de compañías privadas. Además, contempla el partido de Rita Maestre, que la medida carece de criterio alguno tanto social como de sostenibilidad.
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