Los bomberos forestales responden a Ayuso: 450 efectivos trabajan pese a la precariedad

Las brigadas de bomberos forestales que combaten los incendios de la Sierra Oeste han salido al paso de la confusión generada en torno al conflicto laboral del colectivo. Su comité de empresa ha recordado que la huelga iniciada en 2025 quedó suspendida a finales de mayo y que sus aproximadamente 450 profesionales trabajan con normalidad, responsabilidad y profesionalidad, pese a seguir soportando salarios bajos, inestabilidad y unas condiciones que consideran precarias.

El comunicado llega después de que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso anunciara que estudia “todas las vías administrativas y jurídicas” contra un grupo distinto de unos 60 bomberos forestales públicos, a los que acusó de mantener una estrategia de “chantaje” durante la emergencia. La dureza de Puerta del Sol contra parte del operativo contrasta con el esfuerzo desarrollado sobre el terreno por unos profesionales que llevan años reclamando medios, reconocimiento y estabilidad.

Las brigadas gestionadas por la empresa pública Tragsa forman parte del dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales de la Comunidad de Madrid. Aunque prestan un servicio autonómico esencial, la gestión de la plantilla y de sus condiciones laborales corresponde a esta empresa estatal.

El colectivo inició una huelga indefinida en julio de 2025 para denunciar los bajos salarios, la elevada temporalidad y la falta de una carrera profesional estable. El paro quedó paralizado a finales de mayo de 2026 después de que se abriera una negociación con Tragsa y se produjeran avances suficientes para dar una oportunidad al diálogo. Desde entonces, según insiste el comité, la plantilla se ha incorporado plenamente a sus tareas.

Trabajar en primera línea sin haber resuelto la precariedad

Los representantes de los trabajadores subrayan que los aproximadamente 450 integrantes del operativo están “dando todo de sí” frente a los incendios que arrasan la región. Lo hacen, añaden, sin que hayan desaparecido los problemas que desencadenaron las movilizaciones: salarios insuficientes, contratos temporales y falta de estabilidad durante todo el año.

La negociación se encuentra muy avanzada y existe un principio de acuerdo que todavía necesita la autorización del Ministerio de Hacienda para entrar en vigor. El comité reclama que el compromiso demostrado durante la emergencia tenga una respuesta equivalente de las administraciones: empleo estable, retribuciones dignas y unas condiciones acordes con el riesgo y la responsabilidad que asumen.

Los bomberos ya habían advertido meses antes de que la reducción de efectivos y de trabajos preventivos podía debilitar la respuesta ante una campaña especialmente peligrosa. Representantes del sector denunciaron que algunas dotaciones habían pasado de siete a cinco profesionales y que las labores de limpieza forestal se habían reducido respecto al año anterior.

La amenaza de Sol contra otros 60 efectivos

El conflicto que ha provocado la amenaza legal del Ejecutivo madrileño afecta a otro grupo: unos 60 bomberos forestales públicos adscritos al Cuerpo de Bomberos de la Comunidad. Estos profesionales denunciaron que permanecían en la Dirección General de Emergencias de Las Rozas sin vehículos ni herramientas para acudir a los incendios, pese a haber solicitado reiteradamente su activación.

Ante la falta de instrucciones, comunicaron que se desplazarían por sus propios medios a los parques para colaborar en la extinción. Puerta del Sol calificó su comportamiento de “inadmisible” y anunció posibles acciones administrativas y judiciales por considerar que actuaban al margen de la cadena de mando. Los trabajadores rechazaron esa versión y sostuvieron que precisamente reclamaban medios para incorporarse al operativo.