La fiesta para Alvise Pérez podría acabar más temprano de lo que él hubiese deseado. La investigación por presunta financiación ilegal contra el ultraderechista y líder de SALF está bordeando las competencias del Tribunal Supremo. El magistrado que instruye la causa por estafa al empresario de criptomonedas que denunció la entrega de 100.000 euros en efectivo al eurodiputado está preparado para solicitar la apertura de causa contra él. Este martes, el juez José Luis Calama reclamó a la Eurocámara que acredite que es miembro de dicho parlamento de Pérez, según publica eldiario.es. Por su condición de aforado, el dirigente y agitador de la extrema derecha sólo podría ser investigado por el Alto Tribunal.

Se estrecha el cerco sobre el ex asesor de Toni Cano y hoy eurodiputado de Se Acabó La Fiesta (SALF). Un informe elaborado por la Fiscalía Anticorrupción ha provocado que el juez que instruye la causa contra Alvise Pérez pise el acelerón y se ponga en contacto con el Parlamento Europeo para reafirmar su condición de eurodiputado para, así, dejar el caso en manos del Tribunal Supremo, que es quien tiene la potestad de juzgar al agitador de extrema derecha al estar aforado. El escrito del Ministerio Público es claro y constata que “existen indicios provisionales, pero suficientes” para investigar a Pérez.

Anticorrupción ve responsabilidad en “la posible comisión del delito de financiación ilegal”, por lo que instan al juez Calama a elevar el caso al Supremo. La Fiscalía, según el citado medio, centra el tiro en la cantidad que le pagó el empresario de criptomonedas, sin perder el foco de las “sucesivas donaciones anónimas” recibidas por el eurodiputado canalizados desde diversas carteras de criptomonedas creadas en colaboración con Romillo. En el escrito, Fiscalía concede credibilidad al relato del propio empresario, que el pasado mes de septiembre remitió un escrito a la Fiscalía General del Estado donde admitía que entregó el dinero al líder de SALF antes de los comicios europeos. Junto a él, adjuntó diversas conversaciones con el eurodiputado y un informe pericial para acreditar su narrativa.

La testifical de Romillo

La Fiscalía cimenta parte de su informe en la declaración del empresario del pasado 20 de noviembre ante la Audiencia Nacional. Profundizan en que durante el interrogatorio, Romillo mantuvo “en esencia” el relato de su denuncia, aportando cuestiones más concretas como las “cantidades entregadas” y las “operaciones financieras” que abordó con el líder de Se Acabó La Fiesta. De hecho, ante el juez sostuvo que Pérez le “hizo saber” que el dinero que pagó era para “financiar la campaña electoral” de la plataforma del agitador ultra. “Lo que ambos buscaban era realizar las operaciones en metálico o en cripto moneda para evitar que se conociera el origen del dinero, la identidad de los donantes, el control del Tribunal de Cuentas y los límites impuestos por la Ley de Financiación de Partidos Políticos”, reza el informe del Ministerio Público.

La testifical del empresario es una enmienda a la totalidad a la verbalizada por su socio. Incluso llegó a deslizar que tras estallar el escándalo, admitió que había cobrado ese dinero. Sin embargo, justificó tal pago como un trabajo que desempeñó por cuenta propia y “sin factura”. “Acepté, y es verdad, cobrar esos honorarios privados sin factura para poder tener más ahorros con la finalidad de no enriquecerme con mi actividad política”, expuso el eurodiputado, quien, a juzgar por las palabras de Romillo, “no firmó ningún acuerdo de colaboración” y, por tanto, no quedó reflejada la transacción en “ningún contrato”. Tampoco, continuó entonces Romillo, recibió alguna otra prestación de servicio.

Alude, entonces, al evento que organizó su club financiero en el Hipódromo de la Zarzuela en la primavera de este año, donde también participó Alvise Pérez. De este modo, sostuvo que la intervención del ahora eurodiputado “no estaba sometida a ninguna retribución”, por lo que se trataba de una “mera colaboración”. Por ello, Romillo reconoció el pago de 100.000 euros “por la clase de personaje que es, su capacidad de influencia y la posibilidad de recibir algún beneficio con estas colaboraciones.

En ese momento, admitió que llegaron a abordar la posibilidad de que Alvise diera publicidad entre su comunidad virtual de los servicios de Sentinel, una plataforma financiera fuera del sistema de banca convencional y que es propiedad del propio Romillo. De tal forma, tanto él como el resto de inversores podrían obtener algún tipo de rentabilidad a través de comisiones derivadas. “No se concretó nada y no tenía nada que retribuir a Alvise con los 100.000 que aportaron para cubrir los gastos de campaña de SALF”, esgrimió entonces.

Los mensajes entre ambas partes arrinconan aún más a un Alvise Pérez al que le queda poco margen de maniobra. En ellos se desprenden las necesidades del agitador ultra. Incluso el exasesor de Toni Cantó llega a prometer al empresario el impulso de leyes a su favor en el Parlamento Europeo o que, por ejemplo, pondría a su disposición fondos europeos para el desarrollo de charlas en Bruselas y, así, construir un “lobby masivo” que defienda su negocio. Por ello, Anticorrupción entiende que la “versión de los hechos” de Romillo “se compadece" con el resto de los mensajes a los que tuvieron acceso.

No obstante, Anticorrupción no sólo tiene ojos para la donación de 100.000 euros, sino que también reclamó la “colaboración” de Romillo para crear una cartera donde recibir “donaciones anónimas, encriptadas e irrastreables”, de las que “no tuviera que responder ante el Tribunal de Cuentas” y que ello le permitiera contar con dinero en efectivo para mantener los gastos de la campaña a las europeas. Incluso sospechan que podría haber delito de financiación ilegal no sólo a través de la entrega de 100.000 euros en efectivo, sino a través de la “recepción de sucesivas donaciones anónimas.