La imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la investigación judicial sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra culmina una cadena de acusaciones políticas, querellas ultraderechistas y declaraciones mediáticas que, durante meses, habían situado al exdirigente socialista en el epicentro de una ofensiva judicial y partidista sin pruebas concluyentes conocidas hasta ahora.
El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha decidido citar a declarar a Zapatero como investigado por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental dentro de la causa que analiza si parte de los 53 millones de euros concedidos por el Estado a Plus Ultra durante la pandemia pudieron desviarse hacia actividades ilícitas. La comparecencia ha sido fijada para el próximo 2 de junio.
La decisión judicial llega después de meses de presión política y mediática alentada principalmente por sectores de la derecha y la extrema derecha, que habían convertido el rescate de la aerolínea en uno de los principales frentes contra el entorno del Gobierno de Pedro Sánchez.
El origen inmediato del procedimiento se encuentra en una querella presentada por Manos Limpias el 25 de diciembre de 2025. El colectivo fundamentó gran parte de sus acusaciones en las declaraciones públicas realizadas días antes por el empresario Víctor de Aldama en una entrevista en el programa Horizonte, que recogió El Debate y que negó el exmandatario en la Cámara Alta.
En aquella intervención, Aldama aseguró que el exasesor ministerial Koldo García habría comentado que Zapatero recibió supuestamente diez millones de euros.
La historia relatada por Aldama en el programa de Cuatro fue la siguiente: "José Luis Rodríguez Zapatero llega al ministerio de Transportes para reunirse con José Luis Ábalos. Yo estaba en el despacho de Koldo, al lado, y me dice que 'no le gustaba que Zapatero apareciera por allí a hablar con Ábalos o a imponer. En este caso, a imponer", así lo recogía el citado medio.
"Koldo me dijo: Ya estará contento el imbécil este (Zapatero), va a percibir sus 10 millones de euros en Panamá. Era la comisión por lograr el rescate de Plus Ultra, la compañía aérea, por 53 millones de euros", contó el comisionista en directo. Iker Jiménez le preguntaba entonces si disponía de pruebas sobre las graves acusaciones que vertía una vez más sin documento alguno de por medio, pero, de nuevo, Aldama no aportaba más que palabras: "Yo sé los nombres de las personas y empresas, que utilizaron para que esos 10 millones de euros llegaran a Panamá. Aquí lo dejo. No puedo hablar más, porque espero que me llame la fiscalía o el magistrado para aportarlo todo".
Esta entrevista se producía el 18 de diciembre de 2025. Siete días después, el 25 de diciembre de 2025, Manos Limpias se querellaba contra el expresidente del Gobierno y Plus Ultra.
Aquellas afirmaciones, nunca acompañadas públicamente de documentación probatoria, fueron utilizadas por los querellantes para sostener que la operación de salvamento de la compañía aérea no respondió únicamente a criterios estratégicos o económicos, sino que estuvo condicionada por presuntas influencias políticas ejercidas desde el entorno del expresidente socialista.
La querella sostenía además que la compañía no cumplía los requisitos exigidos para acceder al fondo de rescate gestionado por la SEPI y apuntaba directamente a supuestas gestiones realizadas por Zapatero ante Sánchez y varios ministros del Ejecutivo para desbloquear la ayuda pública.
El juez Calama asumió finalmente la investigación tras la inhibición de un juzgado de Plaza de Castilla y, en paralelo, ordenó actuaciones vinculadas a una presunta trama de blanqueo de capitales relacionada con fondos procedentes de Venezuela. La causa ya había provocado en diciembre varias detenciones, entre ellas la del presidente de la aerolínea y del empresario Julio Martínez.
Sin embargo, "el blanqueo es uno de esos delitos en los que se imputa primero y, cuando las personas demuestran el origen lícito o no hay indicio de que supiera que procede de actividad criminal, se desinfla", ha sostenido la magistrada Victoria Rosell.
Este martes, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registraron varias oficinas y sociedades vinculadas al expresidente socialista, incluido un despacho situado en la calle Ferraz de Madrid, junto a la sede federal del PSOE. Entre las mercantiles inspeccionadas figura también Whathefav, una empresa relacionada con las hijas de Zapatero.
La imputación ha provocado una inmediata tormenta política. Mientras desde el PSOE apelan a la presunción de inocencia y aseguran mantener la “tranquilidad” ante el desarrollo de la causa, el Partido Popular ha elevado el tono y exige explicaciones urgentes al Gobierno.
El secretario general del PP, Miguel Ángel Tellado, calificó la situación de “gravedad extrema” y vinculó directamente a Zapatero con el núcleo político del actual Ejecutivo. En términos similares se pronunció el portavoz popular Borja Sémper, quien habló de una “etapa oscura” marcada por escándalos de corrupción.
Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya había reclamado días atrás explicaciones públicas al expresidente socialista ante lo que definió como “acusaciones gravísimas”.
La imputación de Zapatero abre así un nuevo capítulo judicial y político alrededor del rescate de Plus Ultra, una operación aprobada en plena pandemia y que desde entonces se ha convertido en uno de los símbolos más utilizados por la oposición conservadora para desgastar al Ejecutivo progresista.
“‘El que pueda hacer que haga’ llevado a su máxima expresión (...) El presidente Zapatero tiene todo mi apoyo. Respeto absoluto a la presunción de inocencia y a la Justicia”, reza el mensaje en redes sociales de la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró.
“José Luis Rodríguez Zapatero fue presidente del Gobierno durante dos legislaturas marcadas por un ambicioso programa de ampliación de derechos, igualdad y protección social (...) Muchas de esas medidas fueron pioneras en Europa y hoy forman parte del consenso social de nuestro país”, concluyen fuentes socialistas de alta solvencia.
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