Tal y como ha desvelado ElPlural.com, la Justicia investiga en Madrid la adjudicación y construcción de las residencias de ancianos, foco del coronavirus en la región. Todo ello dentro de la trama Púnica, nombre dado al operativo policial efectuado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a instancias de la Audiencia Nacional de España.

Este periódico ha tenido acceso al informe judicial, elaborado por la Unidad de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), de Apoyo a la Fiscalía Especial contra la Corrupción  y la Criminalidad Organizada, en el que se presta especial atención sobre determinados "contratos para la gestión  de centros de atención a personas mayores". 

En dicho informe se reflejan cifras, referidas a ingresos, nada desdeñables: 482.359 euros (2007); 6.569.771 euros (2008); 14.615.774 (2009); 14.305.749 euros (2010); 14.647.701 (2011); 6.250.872 euros (2012).  Es la empresa Atención Social y Estancias Residenciales (Grupo Aser) la firma que facturó estas cantidades.  

 

Más de 56 millones de euros 

 
Atención Social y Estancias Residenciales (Grupo Aser) facturó 482.359 euros en 2007. En los cinco años siguientes, tras asociarse a David Marjaliza y obtener cuatro adjudicaciones del Gobierno de Esperanza Aguirre para gestionar residencias de mayores, su facturación total fue de 56.389.868 euros. Ello supone unos ingresos medios anuales para el periodo 2008- 2012 de 11.277.973 euros. En otras palabras: sus ingresos se multiplicaron por más de 23 tras asociarse con Marjaliza, hombre clave de la trama Púnica junto al ex número dos del PP de Madrid Francisco Granados. 
 
Estos datos constan en el informe de la Agencia Tributaria y han sido también desglosados por el periodista Tono Calleja en InfoLibre. 

Cuatro contratos de la Comunidad El documento de Hacienda aporta los cuatro contratos.

Los agentes de la UCO se remontan al año 2006 para mostrar la vinculación entre Marjaliza y los propietarios de la empresa Atención Social y Estancias Residenciales. En ese año, el Ayuntamiento de Valdemoro, considerado el epicentro de la red corrupta dirigida por Francisco Granados, adjudicó a Obrum Urbanismo y Construcciones, empresa de Marjaliza, la edificación de un centro de mayores. Esta firma ingresó casi 20 millones de euros. La sociedad que gestionó el mencionado centro geriátrico se denomina Atención Social y Residencial Valdemoro. Y en la misma eran socios Marjaliza y Elena Moreno Pascual, del Grupo Aser.

Foco de coronavirus en Madrid 

Cabe recordar que la Fiscalía General del Estado abrió esta semana diligencias de investigación sobre el hallazgo por parte del Ejército de cadáveres en residencias de ancianos, en la que se encontraban otras personas en "situaciones extremas y malas condiciones de salubridad" para determinar la gravedad de los hechos y su posible relevancia penal.

En Madrid, las Fuerzas Armadas se han visto obligadas a actuar en las residencias. Un hecho que fue duramente criticado por Pablo Casado, que pidió “lealtad” al Gobierno. De hecho, el líder del Partido Popular presentó lo sucedido como un escándalo. Horas después, las Fuerzas Armadas se encontraban con “ancianos y mayores absolutamente abandonados cuando no muertos en sus camas”, según certificó el Ministerio Público.

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Este mismo miércoles, se ha conocido la muerte de otros 25 ancianos en una residencia de la Comunidad de Madrid (Santísima Virgen y San Celedonio, del distrito de Chamartín). Suma y sigue en una trágica lista que desgradiadamente parece no haber llegado a su fín.