El juez del caso Púnica, Eloy Velasco, ha comunicado en un auto al que ha tenido acceso ELPLURAL la desestimación de la solicitud de libertad provisional presentada por el abogado de Francisco Granados, el cabecilla político de la trama. La denegación va mucho más allá. Al argumentar la necesidad de cárcel por el riesgo de que Granados obstruya o altere pruebas, el juez expone brevemente la naturaleza de los delitos que se atribuyen al exsecretario general del PP de Madrid y que fuera mano derecha de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid.
Abuso de su cargo público para amaños
En el escrito, Velasco explica que la investigación está demostrando que Granados "ha abusado del desempeño de sus sucesivos cargos públicos para conseguir la adjudicación de un sustancial número de contratos públicos de obras, servicios, etc. a favor de empresarios que le abonaban importantes comisiones por la consecución de las amañadas adjudicaciones, permitiéndole además la posición de dominio en los cargos detentados una importante desviación de fondos públicos".
La explotación de Arpegio...
Asimismo se advierte de que la investigación apunta a un "uso indiscriminado" de la empresa pública de la Comunidad de Madrid Arpegio y de la Fundación Arpegio dependiente de la misma que permitió al investigado "controlar la venta de suelo público" y firmas de convenios para controlar la adjudicación de contratos y consorcios urbanísticos con los que obtener ganancias ilícitas.
... e indicios de que recaudaba para el PP
El magistrado apunta también directamente al PP: "Está analizándose en este momento una ingente cantidad de documentación tanto en soporte físico como digital, intervenida en los últimos registros realizados, documentación que está proyectando potentes indicios y datos objetivos de la recepción de dinero por este investigado para posible financiación del Partido Popular".