La Fiscalía Anticorrupción solicitó una fianza de 1 millón de euros para Alfonso Grau y el juzgado de Instrucción número 18 de Valencia así lo ha decretado. Acusado de cohecho, malversación y delito electoral, el exvicealcalde de Valencia debería abonar esa cuantía para asegurar su responsabilidad civil en caso de ser condenado por presunta financiación irregular del PP de Valencia.
El magistrado que investiga el caso Imelsa y su derivado, el caso Taula, citó el pasado septiembre a Grau, quien acudió al emplazamiento el pasado 6 de octubre, a pesar de que se acogió a su derecho de no declarar. En concreto, fue citado como investigado para estudiar su relación con la financiación de las campañas del PP en 2007 y 2011 a través de la empresa Laterne Product Council (LPC).
Según publica Europa Press, en el auto fechado a 20 de septiembre figura que Grau y el ya fallecido administrado de LPC, Vicente Sáez, acordaron utilizar el entramado empresarial del primero para financiar irregularmente las campañas electorales, tal y como revela el informe de la Unidad Central Operativa (UCO). Según el auto, operaban “velando el origen de los fondos y simulando la imputación de gasto, sin reflejo en la contabilidad electoral”.
El magistrado incide en que en las cuentas del PP de Valencia figura que gastaron en los comicios de 2007 133.762 euros, sin embargo, en el apartado Coste total de campaña del informe de la UCO aparecen gastos de más de 2.538.731, a los que habría que sumar las Aportaciones, que ascienden a 2.683.750 euros.