La inauguración de la temporada de presupuestos para todos llega en un mal momento, cuando todavía sigue en cartelera el programa de celebraciones de la república que no fue y tras la iniciativa más seria materializada hasta ahora de división del independentismo por parte del ex presidente Puigdemont y los suyos. La pérdida de la mayoría parlamentaria probablemente sea de carácter provisional, una acción de márketing para subrayar con mayor énfasis la tendencia pactista de ERC en pleno lanzamiento de su nuevo partido, la Crida Nacional. Sea provisional o definitiva, va a dejar marcas indelebles entre los protagonistas y va a condicionar sus próximos pasos, el más trascendente, el debate presupuestario.

La Crida Nacional celebrará su convención fundacional el próximo 27 de octubre, primer aniversario de un acto político fallido de consecuencias sociales y judiciales extraordinariamente graves. Este partido  nace con la aspiración de ser como el Fossar de les Moreres (donde no se enterraron traidores de la guerra de Sucesión de 1714): en la Crida solo habrá legitimistas republicanos de verdad. El partido de los indomables.

El lanzamiento de la idea consiguió 50.000 adheridos, aunque solamente 5.000 parecen dispuestos a convertirse en militantes. El enfriamiento de los ánimos en el PDeCAT, tras estudiar seriamente la opa de Puigdemont, les ha llevado a mantener la prohibición de la doble militancia de sus afiliados para evitar su desaparición. Esta resistencia obliga a los promotores del nuevo partido a un esfuerzo final de promoción, en términos de radicalidad.

La persistencia en no aceptar la delegación de derechos de sus parlamentarios procesados fue un golpe de efecto muy eficaz del legitimismo para significar la característica fundacional de un partido con un líder indómito, inmune incluso por la más elemental de las prudencias. Los presupuestos del Estado y a continuación los de la Generalitat serán el escenario del nuevo pulso entre ERC, la Crida y el PDeCAT.

Una mala noticia para Sánchez. Formalmente, todos apelaran a “la insostenible anormalidad en la que vive Cataluña con presos políticos y represión” para exigir gestos políticos al presidente del gobierno para aprobarle sus cuentas, a sabiendas de que no se los puede conceder por razones básicas de todo estado de derecho.  

Paralelamente, los contactos discretos de dirigentes de JxCat, ERC y PDeCAT con el gobierno socialista y las reuniones de las comisiones mixtas Estado-Generalitat seguirán su curso hasta donde puedan, calculando los beneficios económicos para Cataluña de las cuentas pactadas entre PSOE y Podemos y garabateando hojas con las ventajas e inconvenientes de aparecer públicamente como socios.

Hay dos presupuestos a aprobar y los protagonistas implicados son los mismos en el Congreso y en el Parlament. Como en todo en la actual política catalana, habrá que esperar, sim embargo, el pronunciamiento desde la cárcel de Oriol Junqueras y el de Puigdemont desde su residencia de Waterloo, probablemente contradictorios. En la memoria de los implicados estará el resultado de la moción de censura y el fracaso de Puigdemont en impedirla; tampoco ayudará la presentación por parte de la Fiscalía de su calificación previa al juicio, de la que nadie espera rebajas significativas para los procesados.

El tercero de los presupuestos,  el del Ayuntamiento de Barcelona, también podría entrar en el paquete negociador, eso es, al menos, lo que pretende Ada Colau, la primera en proponer la consolidación de un bloque de progreso (Comunes-ERC-PSC) para evitar rupturas que pudieran permitir el regreso del PP a la Moncloa y para dejar de lado por unas semanas la gesticulación nacional en Cataluña, una práctica que incomoda sobremanera a los Comunes, muy divididos sobre su acercamiento o alejamiento de las tesis independentistas.

El enemigo número uno de esta formulación clásica presentada por Colau es Puigdemont, porque está en campaña de lanzamiento de un partido que debe ser irreductible al pragmatismo y con el que pretende atemorizar a ERC en su versión pactista; el segundo obstáculo es ella misma, convertida por el PSC en un agravio personal desde que la alcaldesa decidió romper el pacto de gobierno en el Ayuntamiento de Barcelona. Los socialistas catalanes preferirían que el presupuesto de Barcelona saliera adelante con los votos de los independentistas y los Comunes, suficientes para ello.