En 2012, con el Gobierno de Mariano Rajoy y con Ana Mato como ministra de Sanidad, llegaban los recortes. Uno de ellos, supuso la retirada del derecho a la asistencia sanitaria a diferentes colectivos, en total 870.000 personas. Entre ellos, los inmigrantes sin papeles. Dicho de otro modo, este grupo de ciudadanos se quedaron sin tarjeta sanitaria.

La polémica fue mayúscula, la oposición protestó y algunas comunidades se revelaron. Así, cuando Ximo Puig llegó a la Generalitat Valenciana, en 2015, una de sus primeras medidas fue revocar en Valencia la decisión del PP. Ahora, dos años después, el Tribunal Constitucional ha considerado que la decisión de Puig es inconstitucional y debe ser evocada. La Justicia del Constitucional da la razón al Gobierno de Rajoy y considera que los inmigrantes que no tengan papeles, no pueden tener derecho a la sanidad pública.

Fue el propio PP el que presentó recurso sobre el decretoley del presidente valenciano y líder del PSPV-PSOE, una medida que tomó cuando el cargo llevaba en sus manos sólo unos días. Ahora, el alto tribunal asegura que la norma invade las competencias que son del Gobierno central. Para el tribunal, que la asistencia sanitaria se preste exclusivamente en la Comunidad Valenciana, sin derecho a la cobertura con cargo a la Generalitat fuera de la misma, es inconstitucional.

La Generalitat invade las competencias centrales

"Vulnera la competencia estatal para establecer el ámbito objetivo y subjetivo de la materia sanidad y Seguridad Social", explica el Constitucional para demostrar que la Generalitat está extralimitándose en sus funciones. "Es una ampliación de la cobertura sanitaria en el ámbito subjetivo de las prestaciones no contemplado por la normativa estatal, que como hemos señalado, incluye entre los sujetos que tienen la condición de asegurados a los extranjeros titulares de una autorización para residir en territorio español, pero no a los que no están registrados ni autorizados como residentes en España", agrega.

Puig advierte: la Sanidad es un derecho universal

“Cualquier persona que entre en un centro de salud o en un hospital valenciano será atendida y en ningún caso se le pasará una factura sanitaria”, ha adelantado Puig dejando claro que la Sanidad es un derecho que estará siempre garantizado y, para ello, usarán los “los mecanismos que sean necesarios”.

Con esta idea en la cabeza, ha sido aún más claro: “Todos y todas tienen derecho a la sanidad, ahora y en el futuro”.

Por ello, el Gobierno de la Generalitat valenciana ya está pensando en iniciar acciones legales, buscarán “el instrumento jurídico más oportuno para reforzar el derecho a la sanidad universal, en los márgenes que nos deja la ley. Si tiene que ser por la vía de la subvención personalizada, lo será”.

“El Gobierno de España está usando la vía judicial para justificar comportamientos injustificables”, ha dicho atacando a Rajoy para hacerle un ruego. "Le pido al presidente Rajoy que ahora por Navidad, cuando se promueven los mejores deseos, acabe con el decreto de los recortes que ha enaltecido la inhumanidad”.

Valencia no fue la única comunidad que modificó sus leyes para seguir permitiendo la atención sanitaria universal y pública a los inmigrantes irregulares. También lo hicieron Baleares, Aragón y Cantabria.

En la sentencia se han emitido varios votos particulares contrario al fallo de los magistrados Fernando Valdés Dal-Ré, Juan Antonio Xiol Ríos, Cándido Conde-Pumpido Tourón, María Luisa Balaguer Callejón y Antonio Narváez Rodríguez. Argumentan que el decreto se dispuso "en el marco de las competencias del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma".