El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy, ha cesado este jueves a la Directora Ejecutiva de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), Isabel Peña-Rey Lorenzo.
Según han confirmado fuentes ministeriales, el motivo de esta decisión se debe a que las condiciones que motivaron su nombramiento "han cambiado" y la AESAN va ha comenzar una nueva etapa que "requiere de una dirección ejecutiva de este organismo autónomo con características diferentes".
Desde el Ministerio han recalcado que Isabel Peña-Rey, que es doctora especializada en Medicina de Familia y Comunitaria, es una profesional con "un gran conocimiento sanitario y en todas las áreas relativas a la promoción de hábitos de alimentación saludables y sostenibles". En el mismo sentido, han reivindicado el legado de Peña-Rey, cuya dirección ha permitido "impulsar iniciativas tan importantes como la regulación de los comedores escolares y la publicidad de alimentos insaludables, así como hacer posible Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil".
El puesto de Directora Ejecutiva era de libre designación pero en mayo se aprobó una nueva norma por la que es necesario cubrirlo después de un concurso público para funcionarios de carrera.
Consumo, centrado en el aceite de oliva
En otro orden de cosas que afectan a la misma cartera ministerial, la Dirección General de Consumo reclamó este mes de agosto más información a las principales cadenas de supermercados e hipermercados en España para comprobar que trasladan a los consumidores finales la reducción del IVA al 0%, tal y como decretó el Consejo de Ministros el pasado 25 de junio y ratificó el Congreso posteriormente con su apoyo al decreto anticrisis, donde se encuadraba esta medida. La iniciativa es de obligado cumplimiento desde el pasado 1 de julio, por lo que Pablo Bustinduy expresó públicamente su preocupación a este respecto.
Consumo se ha puesto serio con el aceite de oliva ante una colección de denuncias, canalizadas a través de la plataforma Facua, que llevan meses advirtiendo de posibles subidas en los márgenes de beneficios de los supermercados en la venta del aceite de oliva, así como distorsiones en los precios. En este sentido, la obligación de la Dirección General de Consumo, integrada en la estructura de la cartera que Bustinduy, pasa por comprobar que la reducción del IVA al 0% se aplica de manera íntegra y alejada de subterfugios por parte de los supermercados.
Cabe señalar que Consumo tiene competencias de actuación sobre estas superficies. De hecho, es el único eslabón de la cadena productiva donde el ministerio puede ejercer cierto control. El Departamento que lidera Pablo Bustinduy ha redundado en que estas competencias tienen una naturaleza temporal, dado que se desprenden del escudo social que aprobó el Ejecutivo para contener el alza de los precios derivada de la invasión rusa de Ucrania. En este sentido, en virtud de la denuncia recibida por la Dirección General de Consumo, se puso sobre aviso a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que pueda contribuir a esclarecer posibles distorsiones en el mercado del aceite de oliva.