Este fin de semana hemos podido ver cómo Pablo Casado hacía, en un mitin de campaña, un uso lamentable de las víctimas del terrorismo de ETA. Concretamente, Casado se encontraba en Nemenzo, en Santiago de Compostela (Galicia), y allí, donde habría unas mil personas congregadas -según él- se animó a decirles "aquí hay más de 1.000 personas. Pues la banda terrorista ha matado a 800. ¿Os imagináis ver estas dos carpas... os imagináis que prácticamente todos los que estáis aquí sentados sois tantas personas como las víctimas de los criminales de ETA? Esos etarras, esos herederos de Batasuna, son los que ahora dicen que ha merecido la pena; que nunca habían mandado tanto en España, que Sánchez tiene que llamarles por teléfono para rogarles que aprueben sus reales decretos".
Estas frases son de tal bajeza ética, moral, política y cívica que deben ser condenadas. No se puede consentir que nadie trate de hacer campaña a costa de los muertos. De ninguno. Y desde luego, parece que el candidato a la presidencia de España por parte del Partido Popular tiene que agarrarse a este tipo de mensajes para sacar votos, cosa que debería hacernos pensar mucho. Sobre todo porque alguno llegaría rápidamente a una conclusión: el PP ha utilizado a las víctimas de ETA durante todos estos años, incluso ahora que ETA ya no mata y que ETA ya no existe. Y es momento de decir basta, de pararle los pies a quienes han utilizado y pretenden seguir haciéndolo, el dolor de la gente.
Hoy he participado en un programa de televisión, Todo es Mentira (Cuatro), presentado por Risto Mejide, donde hemos hablado precisamente de esta cuestión. Mi interlocutor principal, Jaime González, ha dicho muy acertadamente que las víctimas de ETA no se pueden utilizar. No se deben utilizar en campaña electoral. Y yo estoy totalmente de acuerdo con él. Sin embargo, he querido matizar que las víctimas han de ser intocables, pero que quería dejar claro que cuando yo hablo de víctimas me refiero a TODAS las víctimas. Y esto ha cabreado mucho a mi colega.
Como quiera que hoy no me han acompañado las condiciones técnicas, porque el sonido iba y venía, porque no tenía posibilidad de debatir mirando directamente a mi compañero, y el tiempo tan limitado en televisión tampoco permite que una se explique como me habría gustado, he decidido escribir estas líneas para explicar (o intentarlo) lo que yo quería decir.
No me gusta que se hable de víctimas cuando el tema no viene a cuento. Un mitin del Partido Popular no es un lugar donde hablar de víctimas y mucho menos de esta manera. No lo es porque estamos en campaña electoral y porque lo que en un mitin se tiene el interés y el objetivo de buscar votos y dar titulares. Y sinceramente considero que el dolor es tan profundo, que los muertos no se han de tocar para este tipo de cuestiones. A no ser que uno quiera hacerlo de manera honesta y poner sobre la mesa las cuestiones que, desde la política, deberían mejorarse, solucionarse y abordarse. Como por ejemplo la situación de las víctimas, las ayudas que han recibido o que no reciben, el reconocimiento de unas víctimas y el no reconocimiento de otras. Este tema es importante y por ello yo quisiera abordarlo, sabiendo que Pablo Casado no estaba teniendo esta aproximación sobre la materia. Él únicamente quería usar este símil para tratar de seguir utilizando un tema en su beneficio. Y sin ambages, lo que ha hecho Casado es indecente.
Sin embargo, es importante cuando hablamos de víctimas dejar claro que hay muchas víctimas, de muchas realidades y contextos diferentes. Y hoy, precisamente, me parecía importante decir en televisión que existen también otras víctimas de las que nunca se habla, de las que nunca se escribe y de las que nunca se ha preocupado la gran parte de la política ni de los medios españoles. Son las víctimas que ha ocasionado el Estado de España. Porque las ha habido y porque precisamente a principios del mes de abril se aprobó una ley en el Parlamento Vasco para poner fin a esta injusta situación.
Precisamente el pasado 4 de abril, el pleno del Parlamento Vasco aprobó la ley de abusos policiales, a través de la cual, las personas que habían sufrido estas aberraciones entre los años 1978 y 1999 pasan a ser reconocidas como víctimas. Y es una noticia muy importante de la que solamente se ha hablado para criticarla.
En el año 2016 ya se aprobó una ley en este sentido, fue la Ley de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de la violencia política en la Comunidad Autónoma Vasca entre 1978 y 1999, ya conocida entonces como "Ley de Abusos Policiales". El Gobierno de Mariano Rajoy la recurrió ante el Tribunal Constitucional, y éste, recién modificada su Ley Orgánica, hizo que no pudiera desarrollarse su cumplimiento.
Una vez llegado Sánchez al frente del Gobierno, desde la Moncloa se acordó con el Gobierno Vasco la retirada del recurso de inconstitucionalidad a cambio de que el texto legal fuera enmendado. Fundamentalmente se modificó la ley en el sentido de que esta nueva norma no buscaría responsabilidades por los abusos, sino tratar de reparar a las víctimas. Concretamente, los cambios afectaban a seis artículos y a una disposición adicional.
En mi opinión, esta modificación es muy reveladora, porque un Estado Democrático y de Derecho debería preocuparse no solo por reparar a las víctimas en la medida de lo posible, sino por depurar las responsabilidades de quienes hayan comido semejantes aberraciones. Y volvemos a encontrarnos con una forma de actuar que deja impunes este tipo de actuaciones por parte de quienes han estado trabajando en nombre del Estado -que se supone nos representa a todos-. Otra manera de amnistiar las torturas y barbaridades cometidas.
Después de aprobarse la ley el pasado 4 de abril, el Partido Popular ha anunciado que la recurrirá. Como viene siendo habitual.
Sin embargo el compromiso del Gobierno Vasco no es de ahora, sino que viene del 2012: a través de un decreto aprobado entonces las víctimas fueron reconocidas como tales. Ya en aquel texto quedaban excluidos los terroristas. Lo digo para evitar que nadie venga a comentar lo que algunos dicen siempre: que estas leyes se hacen para los etarras y que todos somos unos "proetarras" y barbaridades por el estilo. No, este decreto se aprobó para las víctimas de abusos policiales que no tuvieran pertenencia con la banda armada. Se buscaba a través de este documento la declaración de la condición de víctima y la reparación como tal de quienes padecieron sufrimientos injustos como consecuencia de la vulneración de sus derechos producida en el País Vasco entre 1968 y 1978 "en el contexto de la violencia de motivación política vivida durante ese periodo".
En este momento ya lo dejaba claro el gobierno Vasco y hoy lo tengo que dejar claro yo también, puesto que alguno ha querido interpretar que yo estaba tratando de poner al mismo nivel a terroristas que a sus víctimas. Y no, no lo puedo consentir. Ya entonces se dejó claro que el Gobierno vasco no tenía ninguna intención ni de "equiparar" víctimas ni de buscar "equidistancias" entre distintas violencias. Y hoy me veo en la obligación de decir exactamente lo mismo.
Aquel decreto hubo de ser modificado en el año 2013, puesto que la aplicación de la literalidad de algunos preceptos dificultaba una restitución efectiva del derecho de las víctimas. Por eso, el gobierno del PNV introdujo después una serie de cambios en el texto legal con el fin de poner en manos de la Comisión de Valoración instrumentos jurídicos para aplicar el decreto de una forma "más acorde" con la doctrina y jurisprudencia de la corte Internacional de los Derechos Humanos y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Sin ánimo de aburrir al lector con datos, con cronología, cabe señalar que el Partido Popular se ha opuesto por sistema a que las víctimas de los abusos policiales sean reconocidas. Y esto no es justo. En un Estado de Derecho hay que denunciar cualquier tipo de abuso, toda violencia y desde luego estar junto a las víctimas. Sean del tipo que sean. Porque son víctimas y así han de ser reconocidas. Nada justifica saltarse los Derechos Humanos. Y desde luego, en base a las leyes aprobadas, todo queda lo suficientemente claro como para que nadie pueda acusarnos de tratar de blanquear ningún tipo de violencia, ningún tipo de verdugo, a ningún tipo de agresor.
Dicho esto, ya va siendo hora de que en este país se vaya hasta el final depurando las responsabilidades de quien sea menester. También de los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que se hayan podido sobrepasar en sus funciones, que hayan podido actuar de manera absolutamente desproporcionada y que después han quedado impunes. No podemos tolerar que esto suceda, ni que se mire hacia otro lado. Y mucho menos que algunos partidos políticos precisamente hagan campañas en contra de la reparación de las vícimas, en contra de la verdad y en contra de la justicia.
Lejos estamos de poder hablar de un Estado de Derecho si no somos capaces de reconocerlo todo. Absolutamente todo. Y sobre todo, cuando alguno que pretende gobernar este país no es capaz de hacerlo con el ánimo de gobernar para todos. No solamente para unos. Hay víctimas, y hay muchas. No solamente hay una historia que contar y quizás llevamos ya demasiadas décadas aguantando que se silencie sistemáticamente todo lo que se ha cometido de manera atroz desde uno de los lados. Es hora de romper el silencio, de buscar responsables y de hacer cumplir la ley a todos por igual