Ya es oficial. La Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados ha fijado la fecha para la próxima semana. El día 30 de mayo se celebrará el último debate sobre la proposición de Ley de Amnistía, tras recibir el veto del Senado la semana pasada y ser devuelta a la Carrera de San Jerónimo. Para superarlo y mandar la ley al Boletín Oficial del Estado (BOE), el bloque de la investidura deberá repetir el voto del pasado 18 de marzo. 

La normativa amnistiará a los implicados en el proceso independentista catalán y fue fruto de los pactos que el Partido Socialista selló con Esquerra Republicana de Catalunya y Junts como contraprestación a la investidura de Pedro Sánchez. En cualquier caso, la proposición de Ley de Amnistía quedará en manos de los tribunales, aunque vea la luz la próxima semana. El texto fue registrado el pasado 13 de noviembre por el Grupo Socialista en solitario para ser tramitado por la vía de urgencia. Sin embargo, y a pesar de todo, sufrió diversas modificaciones a lo largo del proceso de negociación con las fuerzas independentistas.

En su primera fase de debate en el seno de la Comisión de Justicia, el texto se elevó al Pleno el 30 de enero. Sin embargo, el veto de Junts impidió que siguiera los planes previstos y se enviara al Senado para enfrentarse al torpedeo del Partido Popular en la Cámara Alta, donde goza de mayoría absoluta. Los neoconvergentes forzaron el regreso del articulado a la comisión, ante el portazo de los socialistas a aceptar sus enmiendas sobre los delitos de terrorismo y traición. Por lo tanto, las partes se emplazaron a un nuevo acuerdo.

Guerra institucional

Finalmente, Junts, Esquerra y PSOE rubricaron un nuevo acuerdo y el Congreso envió el texto de la amnistía el Senado el 14 de marzo. Por su parte, el Partido Popular hizo uso de su mayoría absoluta en la Cámara de representación territorial para impulsar una modificación parlamentaria que le permitiera retener en la institución la norma durante dos meses, el plazo máximo fijado por la Constitución, y a pesar de tramitarse por la vía de urgencia.

Los conservadores iniciaron los trámites en el Senado para plantear un inédito conflicto de atribuciones contra el Congreso, poniendo la primera piedra a una cruzada institucional insólita en la democracia española. La Cámara Alta entendía que la ley suponía una reforma constitucional encubierta, a pesar de que los conservadores rechazaran llevarla al Tribunal Constitucional. Así, llegó el veto del Senado la pasada semana.

En el Pleno del 14 de mayo, devolvió la ley a la Carrera de San Jerónimo sin incluir modificaciones, por lo que la Mesa del Congreso debía fijar la fecha del Pleno para su aprobación definitiva antes de finales de mes, estableciendo el debate para el próximo 30 de mayo. Ahora, el bloque de la investidura deberá superar la mayoría absoluta para levantar el veto del Senado.

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