La decisión de la mesa de contratación, adobada de valoraciones técnicas, deja un tufo partidista que ya se produjo en la primera adjudicación. En algunos círculos políticos y empresariales se daba por hecho que la firma valenciana se llevaría de nuevo el gato al agua frente a su rival catalana. Una adjudicación tras la que podría haber intereses ocultos que beneficiarían tanto a la empresa valenciana como a la propia Emshi, en la que el Partido Popular ejerce un fuerte control por su posición mayoritaria.
La propuesta de la mesa de contratación se aprobó con cuatro votos a favor –los dos del PP más los del interventor y el secretario elegidos por la mayoría popular- dos en contra –Compromís y Esquerra Unida- y la abstención del representante del Centro Democrático y Social (CDL), una escisión local del PSPV-PSOE. Casualmente, el único representante socialista no pudo asistir porque a la misma hora tenía una citación judicial y su solicitud de que se aplazara la reunión fue desestimada.
La mesa de contratación dio como bueno el informe técnico que otorgaba 84’00 puntos a Aguas de Valencia frente a los 65’60 de la UTE liderada por Aguas de Barcelona, que por segunda vez pierde el contrato por un montante de 2.500 millones durante un periodo de 50 años.
Dos informes arbitrarios
El pasado junio, el Tribunal Superior de Justicia valenciano anuló la anterior a favor de Aguas de Valencia por incorrecciones en los informes técnicos de valoración de las propuestas de las dos rivales. En concreto, el TSJCV señaló en su fallo que en el acuerdo de adjudicación de la Emshi se produjo una “arbitrariedad” al apoyarse en dos informes técnicos casi idénticos.
La convocatoria de hoy se produce después de que Aguas de Barcelona recurriera el pasado junio la interpretación que hizo la Emshi de la sentencia del alto tribunal valenciano. Agbar pedía que no volviera a adjudicarse el contrato hasta que se pronuncien los tribunales.
Disputas judiciales
La disputa entre los dos grandes operadores del agua en la Comunitat Valenciana –entre las dos controlan el 75% del negocio autonómico- se inició en 2008 tras elegir la asamblea de la Emshi a Aguas de Valencia como socio en la firma que iba a suministrar a la capital y a más de cuatro decenas de municipios de su alrededor.
La firma catalana asegura que perdió el concurso pese a que su oferta superaba en 18 millones los 63 que ofreció su competidora valenciana. Como respuesta, Agbar recurrió e inició un proceso judicial cuyo final podría volver a prolongarse si encuentra otra vez posibles irregularidades en la nueva adjudicación. Agbar tiene dos días de plazo para recurrir y después tanto la junta de gobierno como el pleno deberán reunirse para ratificar la adjudicación.
Un presidente bajo sospecha
Aguas de Valencia está participada en un 60% por la empresa instrumental Agval, una alianza entre el Banco de Valencia y Fomento Urbano de Castelló (Fucsa) que preside Eugenio Calabuig, a su vez presidente de AVSA. Calabuig se encuentra inmerso en un proceso judicial a consecuencia de los negocios que mantenía con dirigentes de Bancaja y su filial Banco de Valencia.
La propuesta de la mesa de contratación se aprobó con cuatro votos a favor –los dos del PP más los del interventor y el secretario elegidos por la mayoría popular- dos en contra –Compromís y Esquerra Unida- y la abstención del representante del Centro Democrático y Social (CDL), una escisión local del PSPV-PSOE. Casualmente, el único representante socialista no pudo asistir porque a la misma hora tenía una citación judicial y su solicitud de que se aplazara la reunión fue desestimada.
La mesa de contratación dio como bueno el informe técnico que otorgaba 84’00 puntos a Aguas de Valencia frente a los 65’60 de la UTE liderada por Aguas de Barcelona, que por segunda vez pierde el contrato por un montante de 2.500 millones durante un periodo de 50 años.
Dos informes arbitrarios
El pasado junio, el Tribunal Superior de Justicia valenciano anuló la anterior a favor de Aguas de Valencia por incorrecciones en los informes técnicos de valoración de las propuestas de las dos rivales. En concreto, el TSJCV señaló en su fallo que en el acuerdo de adjudicación de la Emshi se produjo una “arbitrariedad” al apoyarse en dos informes técnicos casi idénticos.
La convocatoria de hoy se produce después de que Aguas de Barcelona recurriera el pasado junio la interpretación que hizo la Emshi de la sentencia del alto tribunal valenciano. Agbar pedía que no volviera a adjudicarse el contrato hasta que se pronuncien los tribunales.
Disputas judiciales
La disputa entre los dos grandes operadores del agua en la Comunitat Valenciana –entre las dos controlan el 75% del negocio autonómico- se inició en 2008 tras elegir la asamblea de la Emshi a Aguas de Valencia como socio en la firma que iba a suministrar a la capital y a más de cuatro decenas de municipios de su alrededor.
La firma catalana asegura que perdió el concurso pese a que su oferta superaba en 18 millones los 63 que ofreció su competidora valenciana. Como respuesta, Agbar recurrió e inició un proceso judicial cuyo final podría volver a prolongarse si encuentra otra vez posibles irregularidades en la nueva adjudicación. Agbar tiene dos días de plazo para recurrir y después tanto la junta de gobierno como el pleno deberán reunirse para ratificar la adjudicación.
Un presidente bajo sospecha
Aguas de Valencia está participada en un 60% por la empresa instrumental Agval, una alianza entre el Banco de Valencia y Fomento Urbano de Castelló (Fucsa) que preside Eugenio Calabuig, a su vez presidente de AVSA. Calabuig se encuentra inmerso en un proceso judicial a consecuencia de los negocios que mantenía con dirigentes de Bancaja y su filial Banco de Valencia.
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, durante su intervención en un desayuno informativo en Madrid. EFE