El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio el pistoletazo de salida a la carrera electoral y los distintos partidos se pusieron el mono de trabajo para fijar sus estrategias, articular sus discursos y elegir a sus candidatos. Con la aparición de nuevos partidos, la figura del tránsfuga suele ser bastante habitual, sobre todo, en la derecha del tablero político. El último fichaje en este sentido ha sido el de Ciudadanos, que se ha hecho con los servicios de Silvia Clemente, expresidenta de las Cortes de Castilla y León y del Partido Popular. Clemente concurrirá a las primarias naranjas para ser candidata a la presidencia de la Junta, pero no lo hará exenta de polémica. Y es que, los de Albert Rivera se han visto obligados a recurrir a una excepción para que pueda participar en el proceso interno, y lo han hecho para fichar a una persona que ha sido señalada en Gürtel.

El revuelo del cambio de chaqueta de Clemente comenzó cuando eldiario.es publicó una fotografía en la que se la veía en un bar de Valladolid junto al secretario de Comunicación de Ciudadanos, Pablo Yáñez. Esta instantánea fue la que precipitó su dimisión de todos los cargos públicos y su baja del Partido Popular.

Según los estatutos de Ciudadanos, concretamente el artículo 41.4, para concurrir a un proceso de elecciones primarias es condición sine qua non tener una antigüedad en el partido de al menos nueve meses. Obviamente, Silvia Clemente no cumple este requisito, sin embargo, hay salvedades: “El Consejo General podrá exceptuar este requisito de forma motivada por mayoría absoluta de sus miembros”.

Este domingo se reunió la Ejecutiva Permanente de Ciudadanos, que ha aprobado la terna de independientes en distintas comunidades. En esta lista se incluye a Clemente y, ahora, solo queda el visto bueno del Consejo General.

Ciudadanos ha recurrido a un proceso excepcional para integrar a Clemente que, no obstante, tiene que pasar por primarias. La expresidenta de la Cortes de Castilla y León llevaba en el PP más de 20 años, ocupando diferentes cargos públicos, entre los que destacan consejera de Medio Ambiente de la Junta (2001-2003), consejera de Cultura y Turismo (2003-2007) y consejera de Agricultura y ganadería (2007-2015).

Se trata de una figura arraigada al PP regional, a pesar de lo cual, el partido que se presenta como regenerador la ha fichado. Durante una entrevista en la Cadena SER, Pepa Bueno ha preguntado a Inés Arrimadas si una persona que lleva más de dos décadas en las filas populares y con cargos públicos puede regenerar, ante lo que la dirigente naranja no ha encontrado respuesta precisa y se ha limitado a decir que son “los afiliados los que deciden”.

Pero más que el tiempo que lleva en política, resulta llamativo que Ciudadanos recurra a una señalada en Gürtel. Y es que, en un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Guardia Civil al que ha tenido acceso ElPlural.com, se implica a Silvia Clemente con el cobro de una mordida de 600.000 euros para Francisco Correa.

La Brigada de Blanqueo de Blanqueo de Capitales investigaba un documento de Francisco Correa con fecha de mayo de 2003 en el que se especificaba el cobro de una comisión de un total de 600.000 euros, de los cuales se habrían apercibido ya 384.700 euros y restarían 216.300.

La UDEF ya había puesto de manifiesto el modus operandi de la red Correa: recibía una cantidad de dinero en concepto de comisión por su intermediación en determinados concursos públicos entre el organismo público licitante y la empresa adjudicataria del servicio.

Así, la Guardia Civil establece vínculos por “proximidad temporal” entre el cobro de la comisión de 600.000 por parte del Grupo Correa y la adjudicación a UTE SUFI-TECONSA por parte de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León del Proyecto global de construcción del Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos, Depósito de Rechazos y Accesos para la Gestión de los Residuos Urbanos de los municipios de la provincia de Salamanca.

Este contrato se adjudicó el 11 de abril de 2003 por un importe de 22.571.240,37 euros y fue firmado por la entonces consejera de Medio Ambiente, Silvia Clemente.

La UDEF destaca que los 600.000 euros cuadran con el 3%, que es el porcentaje habitual que se quedaba Correa, de la cuantía de esta adjudicación.

Asimismo, “se hace constar que la fecha de la adjudicación (11-04-2003)” es “inmediatamente anterior a la fecha del cobro de las comisiones indicadas (15-05-2003)”. La diferencia es de apenas un mes.

Además, la UDEF destaca que “diverso medios de comunicación vinculan al exmarido” de Clemente, Juan Carlos Martín Fernández, con el Ayuntamiento de Boadilla, una de las cunas de la Gürtel y que, de hecho, se juzgada en la segunda etapa. “Tratándose dicha persona [Martín Fernández] del actual concejal de Deportes y Medio Ambiente de dicho municipio, al que habría llegar de la mano del que fuera teniente Alcalde de dicho municipio, Miguel Ignacio González Sánchez Zorita, actual director General de Deportes de la Junta de Castilla y León”.

El informe no profundizó más y, finalmente, la cosa no fue a mayores.

La empresa de su marido

El actual marido de Clemente, Javier Meléndez, empresario patatero, se encuentra en una disputa judicial con la consejería de Agricultura de la Junta, departamento que otrora comandó su pareja.

En diciembre de 2009, el Gobierno de Juan Vicente Herrera, con Silvia Clemente como consejera de Agricultura, probó una línea de ayudas para proyectos de I+D Agrarios o Alimenticios.

La subvención fue concedida a Patatas Meléndez SL, la empresa de Javier Meléndez, esposo de Clemente. No obstante, cuando Clemente dejó la consejería y le sucedió Milagros Marcos, las ayudas fueron paralizadas.

Meléndez agotó la vía administrativa sin éxito y, en consecuencia, emprendió camino hacia los tribunales. El caso se encuentran en la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Tirón de orejas del Constitucional

A estas dos polémicas habría que sumarle una tercera y no menor. Silvia Clemente tuvo que reactivar la comisión de investigación sobre la tramitación de instalaciones eólicas, la llamada Trama Eólica, así como sobre compra del edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda conocido como 'La perla negra' y los terrenos de Portillo (Valladolid), tras recibir un tirón de orejas del Tribunal Constitucional.

El Alto Tribunal emitió una sentencia en la cual anulaba el veto del PP a esta comisión que investigaba los citados hechos que, casualmente, salpicaban de lleno a diferentes estructuras del PP en la Junta.