La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha asignado destino a Cristina Cifuentes para su reingreso al servicio activo como funcionaria, un puesto base del nivel 24, y subraya que, de existir responsabilidades penales por irregularidades en su máster, "acatará inmediatamente" la decisión judicial. De acuerdo a las tablas salariales de la propia Complutense, Cifuentes empezará cobrando en torno a 50.000 euros anuales.

En un comunicado, la UCM indica que Cifuentes tiene la condición de funcionaria del subgrupo A1 de la UCM, habiéndose encontrado, durante su período como diputada electa de la Asamblea de Madrid, en situación de servicios especiales, según lo previsto en el artículo 87 del Estatuto Básico del Empleado Público y el Cap. III del Real Decreto 365/1995 (Reglamento de situaciones administrativas de los Funcionarios Civiles).

Un funcionario en la Universidad Complutense con nivel 24, del subgrupo A1, cobra 43.412,76 euros. A esa cantidad habría que sumarle los trienios de antigüedad, que Cifuentes también cobraba cuando era presidenta de la Comunidad de Madrid y que rondan los 5.000 euros anuales. En total, y para empezar, Cifuentes rondará los 50.000 euros anuales. Un buen sueldo para un país donde el sueldo medio, según la OCDE, es de 30.538 euros brutos anuales. Pero que en el caso de Cifuentes se aleja de los 107.000 euros que ganaba al año como presidenta de los madrileños.

Una vez concluido su desempeño en la Asamblea de Madrid por renuncia a su acta de diputada, Cifuentes solicitó, el pasado 9 de Mayo, su reingreso al servicio activo en la Universidad, acogiéndose a lo establecido en el art. 9 del mencionado Real Decreto, procediendo la UCM a reconocerle en tal situación según exige dicho artículo, continúa el escrito.

Siguiendo lo reglamentado y el procedimiento habitual en los casos de reingreso de funcionarios en su situación, Cifuentes ha quedado "asignada a la plaza que tenía en reserva, en este caso un puesto base, nivel 24, con las retribuciones que le corresponden según los Presupuestos Generales del Estado (PGE), y en el que desde Gerencia se le asignarán los cometidos oportunos".

La UCM tiene la obligación de "aplicar escrupulosamente la Ley, como lo está haciendo, evitando cualquier trato de favor, pero garantizando, al mismo tiempo, los derechos que, en este momento, como funcionaria le correspondan".

Como es sabido, este rectorado "ha solicitado de forma pública y reiterada, la asunción de responsabilidades políticas a Dña. Cristina Cifuentes como consecuencia de las irregularidades detectadas en el Máster realizado en el Instituto de Derecho Público de la URJC", añade el escrito.

Una vez asumidas éstas, "corresponde a la Justicia decidir si existen responsabilidades penales, así como los términos en que éstas pudieran sustanciarse y que la UCM acatará inmediatamente", afirma el rectorado.

"Mientras tanto es obligación de la Universidad y de este rectorado respetar la ley y los derechos de todos nuestros funcionarios y trabajadores, respeto que pedimos también a todos los miembros de la comunidad universitaria", agrega el escrito colgado en la web de la UCM.

Desde la Complutense "continuaremos trabajando y defendiendo el prestigio de la Universidad Pública frente a las sombras de sospecha que indiscriminadamente se vierten sobre ella y evitar cualquier uso interesado de la misma", concluye.