La concejala del Grupo Municipal Socialista Elisa Valía ha alertado hoy de la situación “crítica” que atraviesa el acceso a la vivienda en la ciudad de València y ha denunciado que la lista de “demandantes de vivienda del Ayuntamiento y de AUMSA se ha multiplicado desde la llegada de María José Catalá a la alcaldía”, pero que los más vulnerables, los que necesitan esas viviendas, no pueden acceder a ellas porque el consistorio dirigido por la popular con el apoyo de la extrema derecha ha cerrado el registro de demandantes.

Valía ha señalado que, ante este contexto, “lo esperable sería que la alcaldesa hiciese todo lo que está en su mano, que es mucho, para facilitar el acceso a una vivienda de las familias con más dificultades”. En este sentido, ha enumerado medidas que, a su juicio, el gobierno municipal “debería estar impulsando, como la construcción de vivienda pública, la compra de viviendas mediante el derecho de tanteo y retracto o el aumento del presupuesto para ayudas al alquiler, recordando que el 70% de las personas solicitantes de ayudas al alquiler se han quedado fuera”.

Cerrojazo en el registro de demandantes

“Sin embargo, nada de eso se ha hecho”, ha lamentado. “Lo que ha hecho la alcaldesa es cerrar el registro de demandantes, es decir, ya no es posible apuntarse”, ha indicado y ha precisado que la lista “no aumentará porque ya no es posible apuntarse”. “Esta es la manera que ha considerado la alcaldesa que es estar a la altura del problema”, ha criticado.

Para la concejala socialista, esta decisión refleja “un abandono sin límites de las obligaciones de María José Catalá como alcaldesa”. “No tiene interés ni voluntad de proponer soluciones a los problemas de la gente, ni siquiera en algo tan vital como es la vivienda”, ha indicado. Los socialistas exigen al gobierno local que “rectifique de inmediato, reabra el registro de demandantes y ponga en marcha una política de vivienda activa y ambiciosa que dé respuesta a la emergencia habitacional que vive la ciudad”.

Esta denuncia de los sociaistas se produce tan solo un día después de hacerse púbico que, el consejo de AUMSA ha pagado de 255.000 euros a una empresa vinculada al empresario Jaime Febrer, promotor principal de la trama de corrupción del caso Azud, “para que devuelva unas parcelas municipales que en su día fueron cedidas de manera directa durante el mandato de Rita Barberá”.