Según publica hoy El Mundo, las familias del PP valenciano están presionando al Consell para salvar a los suyos del ERE, que afectará a 5.000 empleados públicos, un 40 o 50% de la plantilla. En los últimos diez años ese partido engrosó la Administración autonómica con afiliados que correspondían a esa seguridad laboral que se le brindaba con una fidelidad absoluta al partido. La norma en la Generaliltat valenciana ha sido contratar no teniendo en cuenta la validez o competencia profesional del candidato sino su vínculo con el partido o con los cargos populares.

Llamadas telefónicas
La proximidad del ERE dada la ruinosa situación de las arcas valencianas ha incrementado en los últimos meses las presiones de dirigentes de las principales familias del PP regional para impedir que sus allegados estén en la larga lista que tendrá que salir de la Administración. Fuentes populares confirmaron al citado diario la existencia de llamadas telefónicas con ese fin.