Las alarmas se encendieron este martes en la Comunidad de Madrid. Apenas 15 días después de que Isabel Díaz Ayuso y sus consejeros tomaran posesión oficial de sus cargos, los ataques mutuos entre los dos socios de Gobierno del Ejecutivo madrileño empiezan a evidenciar una crisis de achaques mutuos que no hace más que cobrar víctimas y hacer saltar por los aires la confianza recíproca que prometieron defender.

Después de que Ciudadanos anunciara que apoyaría la comisión de investigación sobre Avalmadrid, haciendo que la sombra del presunto alzamiento de bienes cometido por Isabel Díaz Ayuso sobrevolara sobre la presidenta popular, llegó el turno de réplica desde Génova. Miguel Ángel Rodríguez, asesor de la dirigente, reprochó a Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad y líder de los naranjas en Madrid, que callara sobre el cobro de 102.000 euros que su padre se llevó “por la cara” de la Asamblea de Madrid en 2011.

En declaraciones a ElPlural.com, fuentes de Ciudadanos alegaron lo siguiente sobre las polémicas declaraciones de Rodríguez: "Las declaraciones de este señor son impresentables y sin ningún tipo de fundamento. No es la primera vez que usa las redes sociales para difamar o realizar ataques machistas como el realizado a Inés Arrimadas hace unos meses. No van a desviarnos de nuestro camino que es evitar que la corrupción vuelva a campar a sus anchas en la Comunidad de Madrid. Caiga quien caiga y le pese a quien le pese".

Sin embargo, lo que los de Albert Rivera no dijeron es que fue Ángel Garrido, actual dirigente de su formación y consejero de Transportes en el gobierno regional, quien destapó años atrás, cuando pertenecía al Partido Popular, el contrato obtenido por el padre de su actual líder. Fue en 2017 cuando Ángel Garrido, siendo consejero de Presidencia, Justicia y portavoz en la Asamblea, cargó contra Aguado por estar “callado” con respecto a la licitación sin publicidad ganada por la empresa Coyser, propiedad de Jesús Cecilio Aguado García.

Fue la forma escogida por Garrido para defenderse de los ataques naranjas en referencia al contrato de la cafetería de la Asamblea otorgado a Arturo Fernández por parte del Ejecutivo de Cristina Cifuentes. Aquel contrato fue investigado por la Justicia, ya que estaba vinculado a la financiación irregular del PP por la que finalmente la otrora presidenta autonómica ha sido imputada.

102.000 euros “por la cara”

Coyser ganó la licitación sin publicidad en el año 2011. El objeto del contrato era la renovación tecnológica de la infraestructura de comunicaciones, y esta empresa consiguió imponerse al gigante Siemens, que obtuvo pésimas calificaciones en varias valoraciones. Situación que Miguel Ángel Rodríguez denuncia en declaraciones exclusivas a ElPlural.com: “¿Cómo es posible que una empresita pequeña le ganase un contrato público a Siemens? A mí me pica la curiosidad”.

Ahora, los populares, como ya hicieran en aquel momento para defender a Cristina Cifuentes de las dudas de corrupción que la perseguían, vuelven a sacar el “contratito” obtenido por el líder regional de sus socios de Gobierno: “No sé si será la campaña electoral o si han recibido una orden de Albert Rivera, pero yo estoy de acuerdo con César Zafra (número dos de Ciudadanos en Madrid): habrá que abrir investigación caiga quien caiga”, sentencia Rodríguez.