En la vida, como dirían en Amanece que no es poco, hay cosas que son contingentes y otras que son necesarias. En este caso no hablamos de alcaldes, ni siquiera de gobiernos. Porque nuestros partidos políticos saben establecer prioridades y quizás no consigan ponerse de acuerdo para señalar a alguien digno de ser presidente de la Nación, pero sí que han conseguido llegar a un consenso para regalarse unas vacaciones de tres semanas.

El nombre en sí de la festividad no deja lugar a dudas: se llama Semana Santa, a secas, en singular. Hay múltiples variaciones. En algunas zonas los días festivos son el Jueves Santo y el Viernes Santo. En algunos lugares disfrutan del lunes posterior, al que llaman Lunes de Pascua. Y en Alcorcón se enlaza con el patrón local, San Dominguín, que, irónicamente, se celebra el lunes después del Domingo de Ramos.

Los españoles de a pie, como mucho, pueden aspirar a gastar algún día de vacaciones ganado a pulso y, el resto, recordar con melancolía aquellos tiempos estudiantiles, cuando disfrutábamos de una semana completa que olía a torrijas y a incienso. Para todo lo demás, hay que hacerse diputado.

El procedimiento ha sido muy sutil, eso sí. El presidente del Congreso, Patxi López, pidió el voto afirmativo de todos los grupos para retrasar la celebración del pleno del 29 de marzo y, por ende, la Junta de Portavoces que tendría que haberse celebrado este martes. Y, para sorpresa de Patxi, todos los partidos votaron a favor y el calendario de sesiones se modificó con una velocidad que no se veía desde que PP y PSOE se pusieron de acuerdo para modificar la Constitución al dictado de la Troika.

Teniendo en cuenta que el último pleno fue el 15 de marzo y que el aplazado se celebrará el 5 de abril, el resultado son tres semanas de vacaciones cuando las cámaras llevan abiertas apenas dos meses. Por lo visto, estos dos meses han debido de ser agotadores para sus señorías, especialmente para los miembros de la nueva política, a los que la actividad frenética de la cámara ha debido extasiarles. Y tanto Podemos como Ciudadanos votaron a favor de las vacaciones tropicales, sin que se sepa que protestaran u ofreciesen donar sus días de asueto a alguna organización dedicada a la salvación del mejillón mediterráneo.

Y hablamos de vacaciones pagadas, por supuesto. Porque ningún diputado ha rechazado la parte proporcional de los 2.813 euros mensuales de sueldo, o el plus de 1.823 euros por ser de fuera de Madrid -o 870 euros si son de la capital- o los complementos que van de los 600 a los 3.000 euros en función de cargos adicionales en comisiones que no se van a celebrar.

En cierto modo, la medida es lógica. La primavera ya está aquí, los pajarillos cantan, las nubes se levantan y los pobres ya no se mueren de frío, así que no hay emergencia social contra la que luchar. Y, desde que el Gobierno se ha declarado en rebeldía y se niega a acudir al Congreso, ¿qué falta hace que los diputados estén en su escaño?

Mejor comiendo paella en la playa, tirando del turismo y levantando el país.