Del zulo al trabajo y del trabajo al zulo

España encadena cifras históricas de afiliación a la Seguridad Social, con más de 22 millones de personas ocupadas. Es un dato relevante que habla de dinamismo económico y de un mercado laboral que ha ganado estabilidad. Sin embargo, esta mejora convive con la realidad incómoda de que acceder a una vivienda o sostener el coste de bienes esenciales resulta cada vez más difícil para amplias capas de la población trabajadora.

Esta aparente contradicción no debería llevarnos a negar los avances en el empleo, sino a entender mejor dónde están los problemas y quién tiene la capacidad de intervenir. En el caso del empleo, las políticas económicas del Gobierno central y los cambios normativos laborales han traído estabilidad y han generado unas condiciones propicias para el crecimiento económico lo que se ha traducido en más y mejores trabajos. En cambio, en vivienda, el margen de actuación estatal es más limitado y son las comunidades autónomas y los ayuntamientos quienes concentran las competencias clave en regulación, planificación y ejecución. Identificar correctamente este reparto es imprescindible para exigir responsabilidades con rigor. No es una cuestión menor y desde UGT ya se ha trasladado esta preocupación al Defensor del Pueblo ante la falta de aplicación efectiva de la ley de vivienda en algunos territorios.

Uno de los factores estructurales del problema es el escaso parque público de vivienda, muy por debajo del de otros países europeos. Esta carencia limita la capacidad de ofrecer alternativas asequibles y de influir sobre los precios del mercado. A ello se suma la presión creciente en determinadas zonas, especialmente en grandes ciudades y áreas turísticas, donde el alquiler residencial compite con usos más rentables a corto plazo, como el turístico o el de temporada. Esta situación provoca que muchas personas trabajadoras que realizan trabajos de temporada no puedan acceder a una vivienda e incluso que falte personal para cubrir la oferta de trabajo. Esto afecta también a personal de servicios esenciales –sanidad, educación, etc.– lo que redunda en una peor calidad de vida para todas las personas de esas zonas.  

Debemos presionar a los gobiernos autonómicos para que regulen el mercado

Así, la relación entre salarios y coste de vida cada vez está más descompensada. Aunque las retribuciones han experimentado mejoras sustanciales gracias a la negociación colectiva, el encarecimiento de la vivienda y de otros bienes básicos reduce su capacidad real. Según los últimos datos oficiales, alrededor del 11% de las personas trabajadoras en España está en riesgo de pobreza o exclusión social, pese a estar trabajando, lo cual evidencia que tener empleo no garantiza cubrir necesidades fundamentales si los costes estructurales siguen aumentando a mayor ritmo.

Esto no solo afecta a quienes viven de un salario. Los trabajadores autónomos también sufren las consecuencias de un mercado inmobiliario desregulado. En muchos casos, los precios de los locales comerciales -inflados por grandes tenedores y dinámicas especulativas- obligan a cerrar negocios viables o a trasladar esos costes al consumidor. El resultado es una espiral inflacionaria en bienes y servicios donde una parte creciente del precio responde no al valor del trabajo, sino a parásitos rentistas.

Ante esta situación, 22 millones de cotizantes a la seguridad social más las personas jubiladas y estudiantes, debemos presionar a los gobiernos autonómicos para que regulen el mercado, para que tener trabajo vuelva a ser sinónimo de progreso social y que tener un salario nos permita poder construir un proyecto vital con todos los servicios básicos garantizados. Por eso, este primero de mayo, debemos reivindicar que con nuestro salario podamos vivir en nuestro hogar de una forma digna y sin miedo a que nos echen de nuestras casas.