Nadie debería dudar que los actuales pensionistas recibirán la tradicional paga extra calculada según la evolución de los precios registrada hasta el mes de noviembre
No deberían plantearse dudas porque así lo exige la ley y es de suponer que el Gobierno debe atenerse al cumplimiento de la norma. Hasta ahí podíamos llegar.
Sin embargo podemos llegar hasta ahí y mucho más lejos. Las dudas persisten y el Gobierno no solo no las despeja sino que, por el contrario, da a entender con sus manifestaciones, eufemismos y silencios que cavila para sortear la legislación vigente.
Hay numerosos indicios de que el Gobierno está dedicado a buscar intensamente soluciones imaginativas inspirándose en la técnica del trilero.
Esta ha sido la expresión utilizada ayer por Joan Coscubiela, diputado de Izquierda Plural y representante de esta coalición en el Pacto de Toledo en unas jornadas sobre el sistema de pensiones, organizadas por el semanario El Nuevo Lunes y la compañía de seguros Axa.
Se refería el diputado a la ocurrencia, probablemente filtrada como globo sonda, de que la obligada adaptación de pensiones al coste de la vida se calcularía sobre un IPC de nueva concepción que descontara los impuestos.
Uno comprende la angustia del Gobierno ante una desviación que le obligaría a desembolsar cerca de 5.000 millones de euros.
Sobre todo cuando ayer mismo Eurostat, la oficina estadística de la Comisión Europea revelaba que el déficit publico se elevó al finalizar el pasado año hasta el 9,4 por ciento del PIB en lugar del 8.5 previamente estimado debido básicamente al dinero dedicado a la salvación de la banca.
Uno también comprende que es necesario salvar a la banca pero, la verdad, resulta un poco fuerte, que tengan que pagar su mala gestión los pensionistas.
También habló en las aludidas jornadas Pilar González de Frutos, presidenta de la patronal del seguro Unespa.
González de Frutos que anteriormente había desempeñado el cargo de directora general de Seguros, puso el énfasis en la necesidad de que los afiliados a la Seguridad Social pudieran prever con cierta aproximación cual será la pensión que recibirán al jubilarse, de acuerdo con un cálculo creíble.
Recomendaba la creación de un “índice de sostenibilidad”, un procedimiento de reequilibrio automático para el mantenimiento del sistema de pensiones, un sistema que funciona muy bien en España por lo que es preciso garantizarlo en el futuro.
Sería una especie de estabilizador automático acogido en una ley que impidiera la utilización política de las pensiones de acuerdo con los principios que inspiraron el Pacto de Toledo.
Es una buena idea que podría evitar en el futuro arbitrismos gubernamentales y la aplicación de técnicas de trilero en un asunto vital para todos: para los pensionistas de hoy y para los de mañana. O sea para todos los españoles.
Pero ¿como se van a prever las pensiones que uno recibirá en el futuro cuando ni siquiera sabemos lo que los pensionistas actuales van a cobrar el próximo mes de diciembre?
José García Abad es periodista y analista político
No deberían plantearse dudas porque así lo exige la ley y es de suponer que el Gobierno debe atenerse al cumplimiento de la norma. Hasta ahí podíamos llegar.
Sin embargo podemos llegar hasta ahí y mucho más lejos. Las dudas persisten y el Gobierno no solo no las despeja sino que, por el contrario, da a entender con sus manifestaciones, eufemismos y silencios que cavila para sortear la legislación vigente.
Hay numerosos indicios de que el Gobierno está dedicado a buscar intensamente soluciones imaginativas inspirándose en la técnica del trilero.
Esta ha sido la expresión utilizada ayer por Joan Coscubiela, diputado de Izquierda Plural y representante de esta coalición en el Pacto de Toledo en unas jornadas sobre el sistema de pensiones, organizadas por el semanario El Nuevo Lunes y la compañía de seguros Axa.
Se refería el diputado a la ocurrencia, probablemente filtrada como globo sonda, de que la obligada adaptación de pensiones al coste de la vida se calcularía sobre un IPC de nueva concepción que descontara los impuestos.
Uno comprende la angustia del Gobierno ante una desviación que le obligaría a desembolsar cerca de 5.000 millones de euros.
Sobre todo cuando ayer mismo Eurostat, la oficina estadística de la Comisión Europea revelaba que el déficit publico se elevó al finalizar el pasado año hasta el 9,4 por ciento del PIB en lugar del 8.5 previamente estimado debido básicamente al dinero dedicado a la salvación de la banca.
Uno también comprende que es necesario salvar a la banca pero, la verdad, resulta un poco fuerte, que tengan que pagar su mala gestión los pensionistas.
También habló en las aludidas jornadas Pilar González de Frutos, presidenta de la patronal del seguro Unespa.
González de Frutos que anteriormente había desempeñado el cargo de directora general de Seguros, puso el énfasis en la necesidad de que los afiliados a la Seguridad Social pudieran prever con cierta aproximación cual será la pensión que recibirán al jubilarse, de acuerdo con un cálculo creíble.
Recomendaba la creación de un “índice de sostenibilidad”, un procedimiento de reequilibrio automático para el mantenimiento del sistema de pensiones, un sistema que funciona muy bien en España por lo que es preciso garantizarlo en el futuro.
Sería una especie de estabilizador automático acogido en una ley que impidiera la utilización política de las pensiones de acuerdo con los principios que inspiraron el Pacto de Toledo.
Es una buena idea que podría evitar en el futuro arbitrismos gubernamentales y la aplicación de técnicas de trilero en un asunto vital para todos: para los pensionistas de hoy y para los de mañana. O sea para todos los españoles.
Pero ¿como se van a prever las pensiones que uno recibirá en el futuro cuando ni siquiera sabemos lo que los pensionistas actuales van a cobrar el próximo mes de diciembre?
José García Abad es periodista y analista político