Hay frases que retratan un proyecto político mucho mejor que cien programas electorales. Alberto Núñez Feijóo lo ha vuelto a demostrar al calificar la incapacidad temporal como “un cáncer que no podemos pagar”, poniendo el foco en los casi 1,2 millones de personas de baja laboral y en el coste aproximado de 30.000 millones de euros al año. No habló de trabajadores enfermos, de personas que han sufrido un accidente o de quienes atraviesan un tratamiento oncológico. Habló de cifras y de costes. Y fue más allá al plantear que es necesario endurecer el sistema de prestaciones. La respuesta de Pedro Sánchez fue inmediata: recordó que quienes están de baja no son un problema económico, sino trabajadores con derechos, y defendió que un Estado social no puede convertir la enfermedad en motivo de sospecha.

La diferencia entre ambos discursos va mucho más allá de una simple polémica. Resume dos formas completamente distintas de entender el mundo del trabajo. Mientras Pedro Sánchez sostiene que el empleo debe ser cada vez más digno, con mejores salarios, más estabilidad y mayor protección social, Feijóo vuelve a situar el debate en el terreno de los recortes. Y esa posición no constituye ninguna sorpresa. Basta con repasar las votaciones del Partido Popular durante los últimos años para comprobar que, prácticamente cada vez que se ha presentado una medida destinada a mejorar las condiciones laborales, el PP ha votado en contra o la ha combatido públicamente. Por eso, el apoyo electoral a estas siglas se convierte, a menudo, en un incomprensible ejercicio de autosabotaje.

El ministro Óscar Puente ha retratado la doble vara de medir de Feijóo al recordarle, con ironía, que se ha ausentado en casi el 60 % de las votaciones del Congreso. Esta réplica evidencia la hipocresía del líder del PP, quien pretende perseguir el absentismo de los trabajadores mientras él mismo falta sistemáticamente a sus obligaciones parlamentarias.

A fin de cuentas, cualquiera puede verse obligado a solicitar una baja médica. Un cáncer, un infarto, una depresión, una operación quirúrgica o un accidente laboral pueden apartar temporalmente a cualquier persona de su puesto de trabajo. Precisamente para eso existe la protección social: para evitar que una enfermedad suponga también la ruina económica de quien la padece. Castigarse a uno mismo votando a quien pretende desmantelar esta red de seguridad es un riesgo que ningún asalariado debería asumir.

Pedro Sánchez respondió recordando una evidencia que conviene no olvidar: los derechos laborales no son privilegios. Son conquistas sociales que costaron décadas de esfuerzo y garantizan que nadie tenga que elegir entre cuidar su salud o conservar un salario. Pero la realidad es que el Partido Popular lleva años situándose enfrente de casi todas las mejoras laborales impulsadas por el actual Gobierno.

Uno de los ejemplos más recientes fue la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales sin reducción salarial. Una medida destinada a mejorar la conciliación, aumentar la productividad y adaptar España a las nuevas realidades laborales. El PP volvió a rechazarla, alineándose con los argumentos de una parte de la patronal que anunciaba, una vez más, el desastre económico.

La historia demuestra que esos augurios rara vez se cumplen. Ya ocurrió con las vacaciones pagadas, la jornada de ocho horas, los permisos de maternidad y paternidad o la subida del salario mínimo. Siempre hubo quienes aseguraban que ampliar derechos destruiría empleo. Y siempre terminaron equivocándose.

Algo parecido sucedió con la reforma laboral impulsada por el Gobierno progresista. El Partido Popular la criticó desde el primer momento y llegó a pronosticar una catástrofe para el mercado laboral. Hoy sucede exactamente lo contrario.

España con Pedro Sánchez registra cifras históricas de empleo. El paro se encuentra en niveles que no se veían desde hace muchos años. La contratación indefinida ha dejado de ser una excepción para convertirse en la norma y la temporalidad se ha reducido de manera muy significativa, especialmente entre mujeres y jóvenes.

Los datos desmontan por sí solos el discurso del PP. Nunca ha habido tantos trabajadores afiliados a la Seguridad Social, tantas mujeres ocupadas ni tantos jóvenes con contratos estables. Por eso sorprende que quienes más se benefician de esta estabilidad decidan confiar en quienes pretendían perpetuar la precariedad de la era Rajoy.

La oposición del PP tampoco es nueva cuando se habla del Salario Mínimo Interprofesional. Desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el salario mínimo ha experimentado uno de los mayores incrementos de la historia democrática. Miles de trabajadores con rentas más bajas han visto mejorar su poder adquisitivo.

Cada aumento vino acompañado del mismo discurso por parte de la derecha: cierre de empresas, destrucción de empleo y hundimiento económico. Nada de eso ocurrió. España siguió creando empleo mientras mejoraban los salarios más bajos. Aun así, el Partido Popular mantuvo su rechazo a estas medidas.

Resulta difícil encontrar una gran medida laboral impulsada durante esta legislatura que haya contado con el apoyo del PP. Se opusieron a la reforma laboral, a la reducción de jornada, criticaron las subidas del salario mínimo y ahora cuestionan la protección de quienes necesitan una baja médica.

Por supuesto, cualquier sistema público debe vigilar el fraude. Nadie discute que quien abuse del sistema debe responder por ello. Pero una cosa es perseguir el fraude y otra muy distinta señalar de forma generalizada a casi 1,2 millones de personas con una baja médica reconocida por profesionales sanitarios. Detrás de esas cifras hay trabajadores con cáncer, personas que se recuperan de un accidente, mujeres con embarazos de riesgo o pacientes pendientes de una intervención quirúrgica.

La pregunta que deberían hacerse muchos trabajadores ante la urna es muy sencilla. Si un partido ha votado sistemáticamente contra las medidas que mejoran tus condiciones laborales; si rechaza reducir tu jornada sin bajar tu salario; si criticó la reforma que permitió crear millones de empleos estables; si se opone reiteradamente a subir el salario mínimo; y ahora cuestiona las prestaciones durante una baja médica, ¿qué cabe esperar si algún día vuelve a gobernar? ¿Qué lógica tiene premiar con tu voto a quien te quiere desproteger?

Las declaraciones de Feijóo sobre las bajas laborales no son un simple desliz. Son la expresión de una forma de entender las relaciones laborales que el Partido Popular ha defendido durante años y, mucho me temo, solo la punta del iceberg de lo que pretende aplicar si gobierna.

Por eso, más allá de los eslóganes de campaña, conviene observar los hechos, las votaciones y las decisiones adoptadas cuando ha llegado el momento de elegir. Porque los derechos laborales nunca desaparecen de golpe. Empiezan cuestionándose. Después se presentan como insostenibles. Y finalmente llegan los recortes.

Cada trabajador debería preguntarse qué modelo defiende mejor sus intereses antes de introducir una papeleta en la urna. Porque, cuando se repasa la trayectoria reciente del PP en materia laboral, la conclusión es evidente: si quien aspira a gobernarte ha combatido una y otra vez las medidas que mejoran tu empleo, tu salario y tu protección cuando enfermas, el peligro de castigarte a ti mismo apoyándole es una realidad matemática. Si Feijóo se opone a tus derechos, votar por él no es una opción; es un acto de rendición frente a tu propio bienestar.

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