Los rectores de las universidades públicas andaluzas han dicho basta. La financiación universitaria ha vuelto a enfrentar a los campus públicos con el Gobierno de Moreno Bonilla. La mayoría de los rectores rechaza el segundo reparto del presupuesto universitario de 2025, cifrado en 1.775 millones de euros, por una razón tan simple como demoledora: es insuficiente hasta el punto de que “no da ni para pagar las nóminas”.
No se trata de una protesta coyuntural ni de un pulso corporativo. Es una advertencia seria, colectiva y fundamentada frente a una política de asfixia económica que amenaza el corazón del sistema universitario público andaluz. El rechazo mayoritario al reparto presupuestario marca un punto de inflexión: la paciencia se ha agotado. Y el incumplimiento reiterado de compromisos por parte de Moreno Bonilla ya no puede maquillarse con palabras grandilocuentes ni anuncios huecos.
Lo ocurrido en el Consejo Andaluz de Universidades estos días no es un simple desacuerdo técnico. Es la constatación de que la Junta vuelve a incumplir, por segundo año consecutivo, su propio modelo de financiación aprobado en 2023. Un modelo que debía aportar estabilidad y certidumbre al sistema y que hoy es papel mojado. Los rectores alertan de algo tan básico como devastador: cuando una universidad no puede garantizar salarios, todo lo demás —docencia, investigación, innovación— se tambalea.
El reparto propuesto no incluye, entre otros aspectos clave, la partida adicional de 16 millones de euros comprometida públicamente por el presidente andaluz durante la apertura del curso universitario. Así lo han denunciado las propias instituciones en un comunicado conjunto. No se trata de un error administrativo ni de un retraso puntual. Es un incumplimiento explícito que vulnera las bases del modelo financiero acordado y aprobado por la propia Junta.
Las universidades recuerdan, además, la obligación legal del Gobierno andaluz de respetar lo aprobado por su propio Consejo de Gobierno. En este contexto, han denunciado el abono de 37 millones de euros bajo el concepto de “proyectos estratégicos no consolidables” cuando, en realidad, corresponden a conceptos retributivos. Una maniobra que, según los rectores, “no se sostiene jurídicamente”.
El portavoz de las universidades públicas andaluzas y rector de la Universidad Pablo de Olavide, Paco Oliva, ha sido claro. Presentar gasto estructural como si fuera coyuntural es una forma de disfrazar la realidad para cuadrar números sin asumir responsabilidades políticas. Oliva ha expresado su decepción con el Gobierno andaluz y ha denunciado que la financiación destinada a la educación superior pública sigue reduciéndose, hasta el punto de que en muchos centros ya no alcanza para pagar las nóminas.
Nada de esto es nuevo. Es un capítulo más de una estrategia sostenida de ahogo financiero a la universidad pública para favorecer el negocio privado. Desde 2019, las universidades públicas andaluzas arrastran una pérdida acumulada de financiación básica cercana a los 200 millones de euros. Un agujero que muchas han tenido que cubrir con sus propios remanentes, comprometiendo su viabilidad futura. A ello se suma el fiasco del plan de infraestructuras universitarias: de los 165 millones previstos entre 2020 y 2023 se ha pasado a apenas 80 millones para el periodo actual. Menos de la mitad. Mucha propaganda, poca inversión real.
Las consecuencias son claras y medibles. Menos recursos implican menos contratación, más precariedad laboral, retrasos en proyectos de investigación y dificultades para mantener titulaciones estratégicas. Esta es la gestión real de Moreno Bonilla en las universidades públicas, muy alejada del relato oficial de buena administración.
El trasfondo ideológico resulta cada vez más evidente. Moreno Bonilla parece decidido a copiar el modelo de Ayuso en Madrid: debilitar lo público para favorecer lo privado. Allí, tras quince años de gobiernos del PP, la inversión universitaria apenas ha crecido un 5%, mientras la inflación se ha disparado un 35%. El resultado es un sistema público asfixiado y un negocio educativo privado en plena expansión.
En Andalucía, el camino empieza a parecerse demasiado. Ya se han impulsado cinco universidades privadas, más de la mitad en Málaga, con una oferta centrada en grados “rentables”: titulaciones sanitarias y carreras muy demandadas, aunque saturadas. No se apuesta por perfiles tecnológicos estratégicos ni por investigación de vanguardia, sino por un modelo de negocio basado en matrículas elevadas y másteres lucrativos. Una carrera privada puede costar entre 10.000 y 25.000 euros por curso. ¿Cuántas familias andaluzas pueden permitírselo?
Aquí emerge el verdadero riesgo político y social: convertir la educación superior en un privilegio de renta. Debilitar la universidad pública no es una decisión neutra. Supone romper el ascensor social, reducir la igualdad de oportunidades y condenar a miles de jóvenes a elegir entre endeudarse de por vida o renunciar a su vocación. Andalucía no puede permitirse ese modelo elitista.
Los datos académicos ya reflejan el impacto de esta política. Según la Estadística de Tesis Doctorales del Ministerio, Andalucía se sitúa entre las últimas comunidades en tesis defendidas en áreas STEM, por detrás de territorios mucho más pequeños. Una señal alarmante para una región que necesita innovación y conocimiento para transformar su economía. Y todo ello pese a que varias universidades públicas andaluzas figuran entre las mejores del mundo en decenas de especialidades según el Ranking de Shanghái. Ese liderazgo está en riesgo cuando se limita sistemáticamente la inversión.
Mientras tanto, la Junta niega grados estratégicos a la universidad pública y abre la puerta a que las privadas los implanten sin trayectoria ni músculo investigador. No es competencia leal: es un desequilibrio inducido desde el poder político. La universidad pública no solo forma profesionales; investiga, innova, crea cultura, fija población al territorio y genera desarrollo económico.
Por eso el plantón de los rectores es tan relevante. No defienden privilegios corporativos. Defienden un modelo de sociedad. Reclaman que se cumpla la ley, que se respeten los acuerdos firmados y que se garantice una financiación estable y suficiente. Reclaman que no se juegue con el futuro de Andalucía.
Moreno Bonilla se niega a asumir que debilitar las universidades públicas empobrece educativa, científica, cultural y económicamente a la comunidad. Por cada euro invertido en universidad pública se generan entre cinco y siete euros de retorno social. Convertir la educación superior en un negocio reservado para quien puede pagarla no es modernizar Andalucía: es condenarla.
La universidad pública es mucho más que un espacio de formación. Es investigación, innovación, movilidad social y cohesión territorial. Es la herramienta más potente que tiene Andalucía para construir un futuro más justo. Desfinanciarla no es un ajuste contable: es una decisión política que hipoteca a toda una generación. Y frente a eso, los rectores han decidido no callar. Han hecho lo que la sociedad andaluza espera de ellos: plantarse.