Ha pasado ya más de un mes desde que se celebraron las elecciones andaluzas y Juanma Moreno Bonilla sigue completamente desaparecido de los problemas reales de nuestra tierra. Mientras el presidente en funciones se encuentra atrincherado, preocupado única y exclusivamente por mantener su sillón, repartirse cuotas de poder y negociar pactos con Vox, hay un problema que no aparecerá en ninguna de sus fotos ni en sus discursos de investidura: la sanidad infantil se está desmoronando a marchas forzadas en Andalucía. No hablarán de ello en las mesas de negociación porque admitirlo supondría romper el relato de una Andalucía idílica que solo existe en su propaganda.
Seamos claros. Ni a Moreno Bonilla ni a sus socios de la extrema derecha les importa nuestra sanidad ni le importan nuestros hijos. Su hoja de ruta parece clara: el que quiera un pediatra para su hijo, que se lo pague de su bolsillo. Quien disponga de recursos económicos podrá garantizar la atención especializada de sus pequeños recurriendo a clínicas privadas; quien no, tendrá que conformarse con listas de espera interminables, centralitas telefónicas saturadas o salas de urgencias masificadas. Mientras tanto, la realidad veraniega arranca con una cifra devastadora: casi medio millón de niños andaluces no tiene un pediatra asignado en su centro de salud. Una desprotección masiva que atenta directamente contra la equidad y el derecho a la salud de la infancia.
La crisis de la pediatría andaluza ya no puede maquillarse con propaganda institucional ni discursos triunfalistas. La radiografía que arrojan los datos de las distintas provincias delata un abandono absoluto y una falta de planificación alarmante. Según los registros obtenidos de la propia administración y de los colectivos médicos, la desigualdad territorial es sangrienta y condena a miles de familias según el lugar en el que residan. Huelva encabeza el desastre con un dato estremecedor: el 88% de los menores carece de pediatra de referencia; prácticamente nueve de cada diez niños están en un limbo asistencial.
Le sigue Almería con un 67% de desamparo y Cádiz con un 59%, cifras que evidencian que el litoral andaluz se enfrenta a un verano crítico. En Jaén, más de la mitad de la población infantil está en la misma situación, obligando a los padres a realizar auténticos calvarios para que sus hijos sean revisados.
El problema avanza sin freno por el resto de la comunidad autónoma: en Córdoba afecta ya al 41% de los menores, provocando el hartazgo de unas plataformas ciudadanas que llevan meses alertando de la situación. Por su parte, en Sevilla la escala del problema es mayúscula, contabilizándose más de 75.000 niños desamparados sin especialista asignado en sus tarjetas sanitarias.
En Granada y Málaga, cerca de un de tercio de la población infantil (un 27% y un 30% respectivamente) acude a sus centros de salud de referencia y se encuentra con la misma e indignante respuesta: no hay nadie de la especialidad para atenderlos. Esta situación se vuelve dramática y sufre un ensañamiento particular en los municipios del interior y las zonas rurales, donde la pérdida de profesionales está desmantelando los servicios públicos más esenciales y obligando a las familias a desplazarse decenas de kilómetros para recibir atención básica.
Lo peor es que esto ya no es un problema puntual, transitorio o achacable a una campaña estacional. Es una demolición estructural motivada por el maltrato laboral y sistemático al que la Junta somete a los profesionales de la salud.
Los pediatras no quieren trabajar en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) bajo las condiciones actuales porque la precariedad se ha convertido en la norma. El último y más sonado varapalo a la gestión de la Junta ha ocurrido hace apenas unos días en las ofertas de empleo de larga duración destinadas a captar a los nuevos residentes que acaban de terminar su formación formativa en nuestros hospitales.
En provincias clave como Málaga, el SAS ofreció contratos teóricamente estables, pero sufrió un rechazo histórico que evidencia la falta de competitividad de la marca Andalucía: de las 23 plazas vacantes ofertadas para Pediatría de Atención Primaria, solo se aceptaron dos. Más del 90% de los puestos quedaron desiertos ante la incredulidad de los usuarios y la pasividad de los gestores. En zonas de alta presión asistencial y masificación estival como Marbella, o en los Dispositivos de Apoyo, la aceptación de los profesionales fue un rotundo y doloroso cero. Los nuevos médicos prefieren emigrar a otras comunidades autónomas o saltar a la privada antes que aceptar las condiciones de la administración andaluza.
¿Por qué ocurre esto? Porque Andalucía se ha convertido, bajo el mandato de Moreno Bonilla, en una comunidad hostil para ejercer la medicina. Agendas masificadas con más de cuarenta pacientes por turno, falta crónica de sustituciones que obliga a doblar turnos, sobrecarga física e intelectual insufrible y una nula conciliación familiar hacen que los nuevos especialistas huyan del sistema público. Es un círculo vicioso: a menor número de profesionales, mayor es la explotación de los que se quedan, acelerando el colapso del sistema.
Y ahora que llega el verano, el problema explota definitivamente ante la pasividad de la Junta. Las vacaciones multiplican las vacantes y la Consejería de Salud vuelve a demostrar su alarmante incapacidad y desidia, fiándolo todo a parches de última hora que no solucionan nada. El año pasado las plazas se quedaron vacías y este año el panorama es aún más negro tras el fracaso de las últimas convocatorias de junio.
Quienes terminan soportando esta insostenible carga son los médicos de familia, profesionales ya de por sí saturados y al límite de sus fuerzas, lo que provoca consultas masificadas, retrasos diagnósticos en patologías infantiles y un aumento insoportable del colapso en las urgencias hospitalarias.
Mientras tanto, Moreno Bonilla y Vox dedican las horas y los días a discutir sobre el reparto de consejerías, el intercambio de sillones, las cuotas de poder y las guerras culturales de turno. No les interesa en absoluto hablar de la salud de nuestros niños porque poner este debate sobre la mesa les obligaría a reconocer el fracaso de su gestión y que el verdadero modelo del Partido Popular consiste en deteriorar lo público para engordar los beneficios de las aseguradoras privadas.
Su estrategia es el desgaste: si el servicio público funciona mal, la ciudadanía busca una alternativa privada, consumándose así el desmantelamiento silencioso de la joya de la corona de nuestra autonomía. Quien no pueda pagarse una consulta privada, que espere semanas para que atiendan a su hijo.
La salud infantil no puede depender del código postal en el que se viva, del nivel de renta ni de los ingresos de una familia. Depende, única y exclusivamente, de decisiones políticas ideadas para proteger a la mayoría social. Y hoy Andalucía tiene un gobierno ausente, incapaz de garantizar algo tan básico como un médico para la infancia; un Ejecutivo más preocupado por blindar su poder en los despachos de San Telmo que por proteger la salud de los andaluces más vulnerables.
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