En Fuengirola, el Partido Popular ha decidido que la mejor manera de gestionar a sus empleados públicos es desconfiar de ellos. La alcaldesa, Ana Mula, ha aprobado gastar dinero público para contratar detectives privados que vigilen a trabajadores municipales que estén de baja médica. Les seguirán a sus casas, a los lugares que frecuenten, a sus redes sociales… y hasta anotarán si conducen un coche, mueven un brazo o cargan un peso.
La medida ha sido duramente criticada por la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Carmen Segura, que la ha calificado como un ataque frontal a la confianza y la dignidad de la plantilla municipal. Y razón no le falta: una baja médica la determina un médico, no un detective. Además, ya existen protocolos y organismos públicos —Seguridad Social, mutuas y servicios de prevención— para verificar estas situaciones sin necesidad de criminalizar a nadie.
La decisión de la alcaldesa del PP no es cuidar el dinero público, es sembrar la sospecha sobre todos los empleados municipales. El contrato aprobado tiene un coste de 18.148 euros para un año de seguimiento, y establece que un mínimo de diez funcionarios serán vigilados durante al menos tres días. En vez de invertir en mejorar las condiciones de trabajo, reforzar las plantillas o modernizar los servicios, el PP en Fuengirola destina dinero a perseguir a quienes ya están enfermos.
El sindicato CSIF ha calificado la medida de “excesiva y desproporcionada”. Y es que, lejos de resolver el problema del absentismo, medidas así solo generan miedo y un clima enrarecido. Si un trabajador siente que su baja médica lo convierte automáticamente en sospechoso, se erosiona la confianza, se deteriora la relación laboral y se pone en riesgo incluso la salud, porque habrá quien evite ir al médico para no ser vigilado.
No es un hecho aislado. El PP lleva años tomando decisiones que golpean directamente a los trabajadores. ¿No nos acordamos de la reforma laboral de Rajoy que abarató el despido y generalizó la temporalidad? ¿No nos acordamos de que Feijóo siempre ha votado en contra de la subida del Salario Mínimo? ¿No nos acordamos del bloqueo del PP a la reducción de la jornada laboral y a la ampliación de permisos de conciliación?
El patrón de la derecha siempre es el mismo: recortar derechos, debilitar a los empleados y tratarlos como si fueran culpables por defecto. Lo de Fuengirola encaja perfectamente en esa lógica: gastar en vigilancia en lugar de invertir en prevención y bienestar laboral.
Y si la justificación es “proteger el uso del dinero público”, que empiecen por su propia casa. ¿Por qué no comienzan investigando que hacía Mazón en El Ventorro mientras miles de valencianos tenía el agua al cuello durante la DANA? ¿Por qué no investigan quién es “M. Rajoy” en los papeles de la Gürtel? ¿Por no aclaran qué hizo Montoro con las polémicas amnistías fiscales y favores tributarios a grandes empresas? ¿Por qué no buscan dónde está Moreno Bonilla, porque nadie lo encuentra mientras los incendios se multiplican por Andalucía?
Si de verdad se trata de fiscalizar, ahí están los casos Gürtel, Púnica, Bárcenas, Lezo o las sombras sobre Montoro para justificar un ejército de detectives. Pero claro, es más fácil vigilar al trabajador de baja que a un dirigente político de tu propio partido.
¿Por qué el PP no contrata también detectives para vigilar la contabilidad municipal en los ayuntamientos gobernados por la derecha, comprobar adjudicaciones irregulares o investigar si todos los concejales cumplen con sus obligaciones? Aunque de paso lo podrían hacer en todas las administraciones donde gobiernan.
Pero sí gastan 18.000 euros en anotar si un operario de limpieza conduce su coche, camina unos metros de más o va a comprar pan durante una baja. Es la doble vara de medir de siempre: mano de hierro con los de abajo, tolerancia infinita con los de arriba.
Los sindicatos lo han dicho alto y claro: si hay un índice elevado de bajas, la obligación de la administración es investigar las causas reales. Puede tratarse de sobrecarga de trabajo, deficiencias en la organización, riesgos ergonómicos o problemas psicosociales.
Un detective privado no cura una lesión de espalda provocada por la falta de medios. No reduce la ansiedad derivada de la presión constante. No mejora la salud. Lo único que hace es desplazar la responsabilidad hacia la plantilla, culpabilizarla y sembrar desconfianza.
El contrato de 18.148 euros equivale prácticamente al salario anual de un trabajador municipal. Ese dinero podría emplearse en reforzar equipos, modernizar procesos o mejorar la salud laboral. Pero en la agenda política del PP, es más rentable —al menos en términos ideológicos— señalar al trabajador que mejorar sus condiciones. Este tipo de políticas no son neutrales. Envían un mensaje claro: el Ayuntamiento está para vigilarte, no para cuidarte. Y eso es muy peligroso.
Normalizar que las administraciones contraten detectives para vigilar a trabajadores enfermos abre una puerta que costará cerrar. Hoy es Fuengirola, mañana puede ser cualquier otro ayuntamiento o la propia Junta de Andalucía.
Y lo peor es que también es una herramienta de presión: saber que pueden seguirte, fotografiarte o investigarte en cualquier momento disuade a muchos de solicitar una baja aunque la necesiten. Es un riesgo para la salud pública y un retroceso en derechos laborales.
El PSOE de Fuengirola, con Carmen Segura a la cabeza, ya ha anunciado que llevará este asunto al pleno municipal para exigir su revocación. El debate no es solo legal, sino ético: ¿queremos ayuntamientos que traten a sus empleados como delincuentes en potencia?
Si hablamos de “uso eficiente del dinero público”, el verdadero despilfarro no está en las bajas médicas, sino en la corrupción y el mal gobierno. Y ahí el PP tiene un historial difícil de igualar. No faltan motivos para vigilar, pero no precisamente en las oficinas de un trabajador enfermo.
Lo de Fuengirola es mucho más que una decisión polémica: es un ejemplo perfecto de la forma de gobernar del Partido Popular. Desconfianza hacia los trabajadores, tolerancia hacia los poderosos. Detectives para seguir a un empleado que está de baja, pero ni un minuto para investigar dónde están o qué hacen sus dirigentes cuando más se les necesita.