Pedro Sánchez firma otra subida del SMI: ya son 6.700 euros más al año que con el PP

Este lunes se firma un nuevo acuerdo que vuelve a marcar una diferencia clara en la política española. El Gobierno de Pedro Sánchez rubricará junto a los sindicatos la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2026 hasta los 1.221 euros mensuales en 14 pagas. Son 37 euros más al mes, 518 euros más al año. Pero, sobre todo, es la confirmación de un cambio profundo: el salario mínimo será ya 6.700 euros superior al que existía cuando gobernaba el Partido Popular.

No es una cifra fría. Es la factura de la luz, el alquiler que no espera, el autobús para ir a trabajar, la compra de la semana. Es una tranquilidad para 2,5 millones de personas que dependen directamente del SMI. Desde 2018, el salario mínimo ha pasado de 735,90 euros mensuales a 1.221. En términos anuales, de 10.302 euros a 17.094 euros brutos. Un incremento acumulado cercano al 66%. La mayor subida del salario mínimo en la historia de nuestro país.

Conviene recordar el punto de partida. Cuando Sánchez llegó a La Moncloa en 2018, el salario mínimo estaba en niveles hoy difíciles de justificar. Durante los años de gobierno de Mariano Rajoy, el SMI se congeló en 2012 y después apenas avanzó. Subidas de tres o cuatro euros se presentaban como grandes gestos de responsabilidad. La receta era la contención salarial. La distancia entre 735 euros y 1.221 no es técnica: es la distancia entre dos modelos de país.

El acuerdo que se firma mañana nace del diálogo social. El Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, ha pactado la subida con Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT). La patronal, una vez más, se ha quedado fuera del acuerdo.

El pacto incluye además un compromiso relevante: reformar las reglas para impedir que los complementos salariales absorban la subida. La intención es clara: que el aumento se note de verdad en la nómina y no quede diluido en artificios contables.

Durante estos siete años, cada aumento del SMI ha ido acompañado del mismo augurio por parte del Partido Popular y de Vox: destrucción de empleo, cierre de empresas, desastre económico. Siempre el mismo anuncio del apocalipsis. Sin embargo, los datos han ido por otro camino.

El cierre de 2025 sitúa el paro en el 9,93%, la tasa más baja desde 2008. España alcanza un récord histórico de 22.463.300 personas ocupadas. En el último año se han creado más de 600.000 empleos. Y todo ello mientras el salario mínimo subía de forma sostenida. Subir el SMI no ha hundido la economía. Ha reducido la desigualdad, ha sostenido el consumo y ha fortalecido la cohesión social.

Hay un dato que resume bien el impacto social de esta medida: el 66% de quienes cobran el salario mínimo son mujeres y el 27% son jóvenes. Cada subida es también un paso contra la brecha salarial y contra la precariedad juvenil. No es solo economía. Es igualdad real.

Frente a este modelo, la posición del PP ha sido constante. Alberto Núñez Feijóo llegó a calificar estas subidas como “incrementos indiscriminados”. Año tras año se repite el mismo argumento, aunque la realidad lo contradiga.

La contradicción se vuelve más evidente cuando se observan algunos hechos. Mientras el PP se opone a mejorar el salario de quienes menos cobran, dirigentes como Juan Manuel Moreno Bonilla han incrementado su sueldo hasta tres veces durante la legislatura. Isabel Díaz Ayuso percibe un salario superior al del presidente del Gobierno. Y el propio Feijóo ha llegado a compatibilizar hasta tres sueldos al mismo tiempo.

El contraste en el planteamiento del PP es difícil de obviar: prudencia salarial para la mayoría, flexibilidad cuando se trata de la cúspide institucional. Advertencias severas cuando se habla de trabajadores con ingresos bajos; silencio cuando las mejoras afectan a la esfera política.

También en Europa, PP y Vox han votado en contra de avances hacia salarios mínimos más dignos. No es un gesto aislado. Responde a una idea coherente: limitar la intervención pública en la mejora de los sueldos.

Mientras tanto, el Gobierno no solo ha elevado el salario mínimo. Ha acompañado la medida con ajustes fiscales para evitar que quienes cobran el SMI pierdan poder adquisitivo por efecto del IRPF. La lógica es integral: subir salarios y protegerlos.

La comparación es clara. Un presidente socialista ha incrementado el salario mínimo casi un 66% en siete años. Ha pasado de 10.302 a 17.094 euros anuales. Ha beneficiado directamente a 2,5 millones de personas. Ha reforzado el diálogo social como herramienta política. Y lo ha hecho frente a pronósticos de colapso que no se cumplieron.

España ha demostrado que se puede crecer y repartir mejor. Que crear empleo no está reñido con mejorar salarios. Que la competitividad no depende de pagar menos, sino de producir mejor y distribuir con más justicia. La política económica no es neutra: refleja prioridades.

Subir el salario mínimo es una decisión presupuestaria, sí. Pero también es una decisión ética. Significa afirmar que quien trabaja a jornada completa no debe ser pobre. Que el empleo tiene que garantizar una vida digna.

La firma de mañana no es un trámite más. Es la confirmación de un rumbo. Un modelo que entiende el salario mínimo como herramienta de justicia social y motor de cohesión. La pregunta que muchos trabajadores deben hacerse es sencilla: ¿volver a los 735 euros mensuales y a las subidas simbólicas? ¿O seguir avanzando hacia salarios más dignos y más europeos?

En política económica, las cifras importan. Y aquí la cifra es rotunda: 6.700 euros más al año que en 2018. Es dinero real en el bolsillo de la gente trabajadora. Esa es la diferencia entre gobernar para la mayoría o asumir que nada puede cambiar. Y, al final, esa decisión siempre está en manos de la ciudadanía.